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1.000 infectados por covid-19 en Litera Meat de Huesca

El entramado italiano dirigido por Piero Pini, que ya fue investigado en Hungría y Polonia por sus actividades delictivas, ocultó a la Guardia Civil que arriesgaba la vida de la plantilla, y por consecuencia la de muchísima gente, obligando a trabajar a los enfermos, según revela el sindicato CNT.

Joe Molina

Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57

Miércoles 6 de mayo de 2020 | 17:38

El macromatadero de Binéfar (Huesca) fue puesto a andar el verano pasado por un conglomerado familiar de carniceros del Piamonte (Italia). Aunque los planes de instalación de la factoría se remontan a agosto de 2017, momento en que Javier Lambán, presidente aragonés, declaraba su satisfacción por el impulso económico que generaría en la zona, poniendo a su disposición todas las ayudas necesarias en el sector agroalimentario en nombre del progreso y el empleo en una zona castigada demográficamente.

Los árboles no dejaban ver el bosque

Los mil seiscientos empleos que prometía crear el italiano en el macromatadero más grande de Europa eran un caramelo de difícil renuncia, por lo que fue alentado inmediatamente por la totalidad del gobierno aragonés, e incluso los socios de gobierno locales en Binéfar, de los que forman parte ediles de Podemos e Izquierda Unida.

Pero la realidad es muy distinta. El trato vejatorio hacia los trabajadores, ya denunciado de forma reiterada en Hungría y Polonia -lugar de procedencia de la factoría-, incluía brutalidad, violencia física, contratación y explotación de trabajadores inmigrantes sin papeles y estafas al fisco entre otros delitos. Algo que han seguido realizando en la planta aragonesa.

Ahora las alarmas se disparan: imágenes de trabajadores de Litera Meat haciendo cola para realizar test masivos, donde no se guarda ninguna medida de seguridad y la mayoría de ellos sin mascarillas y mucho menos Epis.

Algunos trabajadores aseguran que ya el 20 de marzo se confirmaron los tres primeros afectados por la enfermedad y desde la empresa recibieron instrucciones para que no se hiciera público, así como la colocación de carteles donde se aseguraba que la planta estaba libre de Covid-19. Además de la amenaza de despidos a quien cogiera la baja laboral, algo que era habitual desde el inicio de la actividad, creando un nido de explotación de trabajadores. La mafia, explotación laboral, agresiones a trabajadores son sólo algunas de las claves de esta historia.

Según Fernando Martínez, de CNT Aragón, el número de contagiados por la cadena de infección de el Covid19 generada por los Pini, no es inferior en ningún caso a mil personas. Además de la expansión por las poblaciones limítrofes a Binéfar, donde vive la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras compartiendo pisos entre familiares y otros trabajadores del sector agrario.

Hace apenas unos días el concejal de Podemos Carlos Arroyos declaraba el desconocimiento de las informaciones de las prácticas delictivas de este entramado mafioso y confesaba que de haber conocido su historial "muy probablemente, se hubiera pronunciado de otro modo”. Nacho Escartín, secretario general de Podemos Aragón aseguraba en Twitter hace dos semanas: "Que vengan delincuentes con trabajos de mierda, no deberíamos permitirlo".

Se hace difícil entender cómo se puede legalizar la implantación de empresas como esta que ya vienen rebotadas de otros países de donde han tenido que salir huyendo por sus salvajes prácticas. Se les ceden terrenos, reciben tratos fiscales preferentes y se otorgan subvenciones a unos desalmados que tienen como objetivo la explotación laboral mas brutal además de comportamientos criminales,como ocurre con el tratamiento de la pandemia. Fernando Martínez, declaraba que “a nadie le ha importado lo que sucedía ahí dentro hasta que la enfermedad ha creado un problema de salud pública”.

Cómo es posible que desde los gobiernos autonómicos o desde el gobierno central no se investigue mínimamente la procedencia de organizaciones empresariales con este tipo de historial antes de abrirle las puertas y otorgarle todo tipo de ayudas, como no se lleva un control a posteriori para confirmar que cumplen los requisitos que prometían y tiene que ser la denuncia de un sindicato lo que haga saltar la liebre.

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Uno se pregunta cómo no se han podido denunciar estas prácticas antes. Aparte de la dejadez de las instituciones está la procedencia de estos trabajadores inmigrantes en su mayoría, recién llegados, sin documentación, dificultad con el idioma y con sus derechos como persona anulados. Carne fácil para tiranos explotadores y, por supuesto, la inacción de sindicatos (CCOO, UGT), los más representativos de la empresa que permiten que el primer delegado sindical de la empresa sea un hombre de confianza de Roberto Pini, gerente de la empresa.

Esclavismo en el sector cárnico

El sector de la industria cárnica es por desgracia terreno abonado para estas prácticas. En marzo de 2016 los trabajadores y trabajadoras de la empresa Esfosa dedicada a la matanza de animales para el consumo humano y participada por Casa Tarradellas, iniciaron jornadas de paro, exigiendo condiciones laborales dignas.

Josep Ramisa, miembro del consejo de administración de Esfosa lanzó amenazas a los huelguistas del tipo “os voy a pegar cuatro tiros”, o dirigiéndose a un trabajador subsahariano “ya tengo preparados los papeles para que te vuelvas a África a morirte de hambre”, amenazas que según el propio abogado de la COS, sindicato denunciante, repitió ante la presencia de las fuerzas de seguridad que acudieron.

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Basta de permitir la superexplotación laboral y los abusos patronales. Legalización inmediata de todos los inmigrantes sin papeles de forma permanente, no solo cuando son necesitados urgentemente como es el caso ahora con el Covid-19, y su inserción en el régimen general de la Seguridad Social como ciudadanos de pleno derecho. Ningún ser humano es ilegal.






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