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OTOÑO CATALÁN

20S: cuando el Procés empezó a temer el “desbordamiento”

Los Jordis llamando a la calma como metáfora del otoño catalán: movilización social vs normalización y confianza en el Govern ¿Qué responsabilidad tuvo la izquierda independentista y el neorreformismo en todo esto?

Santiago Lupe

@SantiagoLupeBCN

Miércoles 19 de septiembre de 2018 | 17:25

Este jueves se cumple un año del inicio del breve “otoño catalán”. Después de cinco años en que las aspiraciones democráticas catalanas se venían conteniendo y canalizando por el Govern y sus organizaciones satélite -ANC y Omnium- en forma de manifestaciones anuales con hora de inicio y vuelta a casa, las calles parecían empezar a tomar una dinámica propia ¿Se llegaría a un desbordamiento? ¿Hasta dónde? Por primera vez desde 2012 esta posibilidad aparecía en un horizonte no exento de nubarrones.

Tras la convocatoria oficial del referéndum, la iniciativa represiva del Gobierno y la inacción del Govern auguraba un nuevo acto procesista. El 1-O se dirigía a ser un 9N bis pero más siniestro, ya que el Estado estaba dando claras muestras de que esta vez no lo permitiría pacíficamente. Más de 6.000 policías nacionales y guardias civiles ya estaban iniciando el viaje del ’a por ellos’; llegarían a ser más del doble.

En esas llegamos a la mañana del 20S, la particular mañana de los transistores para muchas y muchos catalanes. La Guardia Civil había entrado en la Conselleria de Economía y otros edificios de la Generalitat, habían detenido a 14 altos cargos del Govern, entre ellos el número dos de Junqueras. Poco después la Policía Nacional cercaba la sede de la CUP e intentaba realizar un registro para el que no disponían de orden judicial.

Miles de personas se dirigieron a Economía y a la sede de la CUP. Los estudiantes de la UB cortaron la Diagonal y muchas facultades pararon espontáneamente. Por la tarde se reproducían concentraciones en diversos puntos de la ciudad. La concentración en Economía fue la más grande superando las 50.000 personas.

Según el Gobierno, la Fiscalía y la Audiencia Nacional, ese día una protesta tumultuaria trató de impedir la labor de la comitiva judicial, manteniendo a los agentes de la Guardia Civil encerrados durante horas. A la cabeza de dicho tumulto estaban los presidentes de la ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, en prisión preventiva por estos hechos desde el pasado 16 de octubre.

Pero lo ocurrido realmente dista bastante del relato inflamado de la jueza Lamela y los agentes de la Benemerita. En todo momento los Mossos d’Esquadra facilitaron la labor de la comitiva. Esta disponía de una salida segura por una puerta lateral. Ante la negativa a usarla, la BRIMO no dudó en repartir estopa como bien sabe para abrirles paso entre los manifestantes.

Lo más relevante fue la actitud, y política, de los líderes de ANC y Omnium. Ambos se esforzaron en repetidos llamamientos a la calma y a disolver la concentración. Las imágenes de Cuixart como parte del cordón junto a los Mossos para abrir pasillo a la Guardia Civil lo decían todo.

Esta estampa de la noche del 20S se convirtió en la metáfora de lo que pasaría después. El ascenso de movilización de los días siguientes, en especial en las universidades, los elementos de autoorganización que se dieron en barrios, pueblos y escuelas, la gran movilización que garantizó el referéndum y, sobre todo, la entrada en escena, aunque fuera por un día, de sectores de la clase trabajadora y la juventud en la jornada de huelga del 3-O, iba a encontrar en los partidos del bloque soberanista, incluida la CUP, y las entidades soberanistas, un gran "Jordis” alentando la contención, la vuelta a casa y la confianza ciega en el “plan maestro” del Govern Puigdemont.

Todo esto estaba, cuanto menos, fuera del plan del Govern, la ANC y Omnium. No quiero decir que no tuvieran plan. De hecho la red de urnas y papeletas fue puesta en marcha con el apoyo sobre todo del aparato de ERC. El censo fue obra del mismo Govern así como la línea dada a los Mossos para que la foto de la represión recayera en las fuerzas enviadas desde el Ministerio del Interior. Pero a lo más que aspiraban era a una imagen de movilizaciones con colegios cerrados, colas o como el mismo Jordi Sánchez planteó un día antes del 1-O, a que un millón de participantes sería un éxito.

Para ellos era la enésima “pantalla” de un Procés que se tendría que seguir prorrogando hasta que en Moncloa hubiera un inquilino dispuesto a abrir alguna negociación -para unos, los Santi Vila por ejemplo- o hasta que la UE se apiadara de los catalanes, como no lo ha hecho de los griegos o de los decenas de miles de ahogados en el Mediterráneo, y mediara.

Querer transformar la huelga general del 3-O en su contrario, un paro patronal, fue el primer intento serio de echar el freno de mano. Esto debilitó que en muchos centros de trabajo se desarrollaran asambleas o procesos de autoorganización. El mismo día 3 fue una guerra de baja intensidad para devolver todo a la normalidad.

Como ejemplo paradigmático están sendos mensajes de wathsap/telegram emitidos por las entidades soberanistas en esa jornada. En el primero, por la mañana, tildaba de convocada por infiltrados de la Guardia Civil la concentración que se estaba realizando frente a la Jefatura Superior de la Policia Nacional de la Vía Laietana. Con el recuerdo del 1-O a solo 48 horas corría riesgo de radicalizarse. El segundo, por la tarde, decretaba una especie de toque de queda: a las 21 horas todo el mundo tenía que estar en casa. A esa hora Felipe VI lanzó su discurso del ’a por ellos’ , y era mejor que la indignación que generó se expresara en ruidosas caceroladas desde los balcones que con las calles llenas de impredecibles manifestantes.

El fantasma de un “desborde” había asomado la patita. Un escenario que temían en Zarzuela, Moncloa y Ferraz, sin duda. Pero también en el Palau y Pedralbes. No por razones humanistas como han querido justificar su raje post 27-O -evitar la sangrienta represión del Estado contra el pueblo. Sino porque un pueblo que se empieza a plantear que conquistar una república solo es posible desde la movilización social, la autorganización y la huelga general, es muy posible que quiera decidir también el contenido de dicha república.

Finalmente el peligro fue conjurado. Tras el 3-O el Govern se empleó a fondo en enfriar las cosas. Retrasó la proclamación de la república hasta el día 10, para suspenderla en 8 segundos. Infundió desmoralización a granel y dejó vía libre al Estado para iniciar su guerra económica, mediática y judicial. Así hasta la DUI del 27-O, que como se ha conocido después, se aprobó con una aclaración explícita de que no tenía ninguna validez jurídica. El Consell de Govern de ese mismo día se negó a aprobar ningún decreto republicano, los consellers se abrazaron, se despidieron y marchó cada cual a su casa.

Aún así, esta claudicación sin parangón no fue suficiente para el Estado español. La maquinaria de derrotar por K.O. ya estaba en marcha. El Rey, la Judicatura y el bloque monárquico siguieron como una apisonadora hasta el 155 y más allá. Aprovechar la derrota catalana para reconfigurar el Régimen del 78 en clave centralizadora y represiva era la consigna.

Lo que cabe preguntarse es si el “desbordamiento” podía haber pasado de “enseñar la patita” a abrirle una crisis real a la dirección procesista y por tanto la posibilidad de que el movimiento democrático catalán se convirtiera realmente en la punta de lanza contra el Régimen del 78. Mi hipótesis es que “sí, pero no”. Era posible, pero no con la política sostenida tanto por la izquierda independentista -CUP- como la del neorreformismo catalán e ibérico -Comuns y Podemos-.

La principal debilidad subjetiva del movimiento democrático seguía siendo, a pesar del proceso de movilizaciones en curso, su total confianza en las entidades soberanistas y el plan del Govern. No era algo que caía del cielo, se venía cocinando a fuego lento desde el 2012. La conformación del bloque soberanista que iba desde la derecha neoliberal de CDC hasta la izquierda anticapitalista de la CUP fue el humus imprescindible para ello.

La política de “mano extendida” de la CUP fue, y sigue siendo a pesar de su distanciamiento más verbal que factual, un bloqueo para que existiera un ala que alertara de las trampas y el callejón sin salida del Govern, que en ningún caso iban a estar dispuestos a que se abriera un proceso de lucha de clases a la altura de los objetivos -nada menos que romper el régimen heredero de Franco-. Y que, por tanto, era necesario prepararlo de forma independiente, pelear por una dirección diferente, anclada en la clase trabajadora y los sectores populares, que tomara sus métodos de lucha y un programa capaz de sumar a las y los trabajadores catalanes. Es decir, que adelantara el contenido de la república, si era de la clase trabajadora o seguía siendo de los herederos del pujolismo, y tender lazos con los del resto del Estado para una lucha común contra la Monarquía y el Régimen del 78.

Ni siquiera en estos días la CUP y sus diputados sacaron los pies del plato. Se mantuvieron en posiciones de presión crítica sobre el Govern y pataleta mediática cuando las claudicaciones se fueron haciendo más evidentes -el 1-O o el raje post 27-O-. Y esto no fue un problema solo de discurso, su política sobre la realidad fue, lamentablemente, coherente con la consigna procesista de “todos detrás del Govern”.

En el movimiento estudiantil la plataforma “Universitats per la República” -conformada por las juventudes del PDeCAT, ERC y la también de la izquierda independentista, el SEPC- se esforzó en evitar que las huelgas y manifestaciones previas al 1-O generaran asambleas o coordinadoras. Las convocatorias y desconvocatorias venían de arriba. El método “grupo de Telegram” se convirtió en dogma. Así, tras el 3-O, y siguiendo el plan de normalización del Govern, el movimiento estudiantil fue llamado, por mensajería instantánea, a la vuelta a las clases.

Respecto al mismo 3-O, la huelga no fue tomada como punto de partida sino de llegada. La izquierda independentista no planteó en ningún momento darle una continuidad, ni con otra convocatoria, ni proponiendo asambleas, ocupaciones o huelgas sectoriales. Tampoco la izquierda sindical, que renunció a toda iniciativa a pesar de que la suya había sido fundamental para que el 3-O se instalara como jornada de lucha.

No se volvería a plantear esta medida hasta el 8-N, una gran jornada de movilización y cortes de carretera, a cargo de los CDR. Pero que llegó calculadamente tarde, cuando ya el riesgo de “desbordamiento” había quedado atrás: con la claudicación del Govern, el 155 y las elecciones del 21-D totalmente instaladas.

Por otro lado, la política del neorreformismo catalán e ibérico fue funcional, desde el otro extremo, a evitar el “desbordamiento”. Entre el 20-S y el 3-O, por primera vez desde 2012, se sumaron al movimiento democrático catalán amplios sectores de la clase trabajadora y los sectores populares. Se evidenció en las ocupaciones de colegios y su defensa el 1-O en zonas como Nou Barris o el Carmel, pero sobre todo el 3-O con una huelga que además del sector público afectó sensiblemente a comercios, transporte y servicios.

Esto forzó a que Comuns y Podem tuvieran que reubicarse y pasar a una defensa más abierta del referéndum, aún sin reconocerlo, además de denunciar la represión. Sin embargo, tan pronto como empezó a bajar la marea, regresaron a su posición de constitucionalismo de izquierda: denunciar los porrazos del 1-O al mismo tiempo que se negaban a aceptar que había una mayoría social, y una oportunidad, para imprimirle una derrota por medio de la movilización social -y no de la ley a la ley- al Régimen del 78. Esta era su posición de ni DUI ni 155.

Consecuentemente lo único que podía hacerse era “volver a la normalidad”, al diálogo entre Gobierno y Govern y rechazar todo unilateralismo, lo que en el Estado español quiere decir “nada sin la venia de Su Majestad”. En el resto del Estado Podemos optó por una política aún peor, mirar y comentar desde la barrera. Se negó a mover un dedo, a convocar ni siquiera una manifestación, en solidaridad con el pueblo catalán. Dejó vía libre a la gran oleada españolista de balcones rojigualdas y ’a por ellos’, que sembró el odio nacional entre amplios sectores obreros y populares.

Si la política de la CUP bloqueaba que sectores de la clase trabajadora se sumaran a un movimiento percibido como de los convergentes, la del neorreformismo hacía proselitismo del respeto a una Constitución putrefacta y sus mecanismos de imposible reforma. El campo quedaba libre tanto para el golpe institucional del 155, como para la claudicación vergonzante del Govern.

El nuevo otoño que comienza, lamentablemente, apunta a ser más de conmemoraciones que de reactivación o “caliente”. A eso se juega el Govern, ANC y Omnium, que han llenado el calendario de movilizaciones simbólicas. No podemos descartar giros de la situación, el 20-S mismo lo dejó claro.

Lo más grave es que desde la izquierda, siguiendo la estela del año pasado, no hay ninguna contraprogramación. De Comuns y Podemos no era muy esperable, su integración en el régimen es un hecho que ni ellos mismos niegan. La CUP se mantiene "a la espera" de lo que haga o no el Govern, y se ha negado a abrir por el momento un proceso de profunda reflexión, junto a los miles de activistas que fueron parte del movimiento y que han quedado completamente decepcionados con el Govern, sobre a dónde han llevado 6 años de “mano extendida” y unidad nacional. La izquierda sindical no sabe/no contesta.

Tan solo el grupo desde el que impulsamos Izquierda Diario, la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras, estamos planteando una campaña para exigir que el 1-O no sea una conmemoración y se convierta en una gran jornada de lucha, con una nueva huelga general por la libertad de los presos, el fín de la represión y retomar el mandato del referéndum, imponer un proceso constituyente para poder decidirlo todo.

Puede que tenga que venir otro otoño, o alguna primavera más, para que la brecha catalana vuelva a abrirse como lo hizo en 2017. Para que esta no vuelva a ser cerrada en falso será necesario que la izquierda catalana se deshaga definitivamente tanto de la de toda confianza en hojas de ruta dictadas desde los partidos históricos de la burguesía catalana como de la subordinación al marco constitucional del 78. Y que opte por una hoja de ruta propia, con independencia política y que sitúe en el centro el desarrollo de la movilización social y la autorganización obrera y popular capaz de derrotar a un Estado heredero de la Dictadura en una lucha codo a codo con el resto de los sectores populares del Estado. 






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