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RENFE-ADIF #21D

"Por un ferrocarril público": jornada de huelgas convocadas por CGT

El pasado 21 de diciembre el sindicato CGT ha convocado paros en todo el Estado para denunciar la firma del segundo Convenio Renfe. ¿Cuál es el objetivo del Gobierno a largo plazo? La necesidad de pasar a la ofensiva con un programa de lucha por la reestatización del servicio de ferrocarriles.

Aníbal Maza

Zaragoza

Lunes 24 de diciembre de 2018 | 07:02

Al grito de “por un ferrocarril público y social”, la Confederación General del Trabajo ha convocado en diciembre una serie de movilizaciones y paros a nivel estatal para demandar el fin de las políticas de privatización de la antigua Renfe y de la precarización de sus trabajadores.

CGT denuncia que otros sindicatos como CCOO, UGT y SEMAF cancelaron las huelgas convocadas para diciembre y enero tras firmar un nuevo convenio. Según CGT este convenio fue firmado con “nocturnidad y alevosía” por parte de CCOO, UGT y SEMAF, a espaldas de sus representados. Las posibilidades de imponer condiciones a la empresa con las huelgas conjuntas eran bastante notables, puesto que se preveía la cancelación de unos 1000 trenes.

Desde CGT exigen explicaciones al colectivo ferroviario sobre por qué en la firma de este convenio no se ha recogido ni una sola de las reivindicaciones que motivaron la huelga del 14 de diciembre convocada por la propia CCOO. También se plantea que los problemas diarios siguen sin corregir (equipajes, caídas de sistema, trenes sin personal, agresiones, entre otros).

Además de la concentración convocada en la Estación del Norte en Valencia y en otras ciudades, la organización sindical protestaba el pasado 21-D a las puertas de la Estación Delicias de Zaragoza a partir de las 12 horas.

Según declaraba en la movilización Miguel Martínez Laguna (Coordinador Sector Ferroviario, Sección sindical de CGT ADIF-RENFE), el convenio vulnera principios básicos como que para “un mismo trabajo el trabajador tiene que percibir el mismo salario”.

Desde CGT afirman que no se han cumplido los acuerdos que suscribieron UGT y CCOO para poner coto a la precariedad de los trabajadores de nuevo ingreso en la empresa. De facto, con este nuevo convenio los trabajadores de nuevo ingreso cobrarán casi un 30% menos de salario durante los dos primeros años. También se ponen trabas a la realización de contratos relevo que permiten que nuevos trabajadores se vayan incorporando a medida que los veteranos se van jubilando manteniendo los mismos puestos de trabajo y condiciones laborales.

Según CGT la empresa está llevando a cabo un incumplimiento de las jornadas estipuladas en el convenio con la consiguiente obligación de denunciar a la empresa para que compense los días que la empresa debe a los trabajadores desde julio de 2018.

Otro punto pernicioso del convenio firmado es que en él se vinculan parte de las subidas salariales al PIB (Producto Interior Bruto) en lugar de al IPC (Índice de Precios al Consumo) una demanda de las patronales. Con estas medidas pretenden que las subidas de los sueldos se vinculen a las ganancias que declaran las patronales, haciendo que los trabajadores paguen por la mala gestión de directivos, empresarios y demás “curanderos de empresa” neoliberales.

Las políticas del Ministerio de Fomento para torpedear la huelga

En el caso de que no se hubiese producido la retirada de última hora de algunos sindicatos, el Ministerio de Fomento ya se preparaba para torpedear la huelga estableciendo unos servicios mínimos del 65% para recorridos de media distancia y 78% de alta velocidad para las huelgas convocadas para el día 21 de diciembre y 7 de enero. Estos servicios mínimos abusivos son una práctica habitual con las que se busca reducir el impacto de las huelgas mediante la amenaza de represión por parte del Estado si son incumplidos.

Es habitual que las autoridades de turno traten de justificarlos por medio del supuesto “interés de los usuarios”, una justificación bastante hipócrita puesto que los usuarios son los primeros perjudicados de las políticas de privatización de la Red Nacional de Ferrocarriles, con las importantes subidas de los billetes de los últimos años, el desmantelamiento de las redes de cercanías y regionales que eran los transportes más usados por los trabajadores y las enormes cantidades de sobrecostes, deudas y comederos de ejecutivos que deja en el erario público la agenda privatizadora de Renfe.

El fin último de torpedear las huelgas y movilizaciones de los trabajadores de Renfe es proteger el beneficio de la gran patronal que busca vivir a cuenta del Estado, con nichos de negocio seguros como los servicios públicos, como es el caso de Florentino Fernández que a través de grupos de empresas como ACS o VÍAS obtiene pingues beneficios con el mantenimiento y limpieza de vías, construcciones etc. Que nosotros pagamos en cada billete de tren que compramos.

¿Cuál es el objetivo del Gobierno a largo plazo?

La agenda de los diferentes Gobiernos de PP y PSOE en las últimas décadas ha sido despiezar la Renfe y privatizarla parte a parte de forma gradual, imitando el proceso de privatización de los ferrocarriles ingleses que comenzó Margaret Thatcher en 1979, que continuó hasta 1996 con la privatización de la compañía pública British Rail.

El caos, los accidentes y mal mantenimiento de las vías forzaron al Gobierno a atender las quejas de los usuarios en 1998 por los retrasos y accidentes mortales y la empresa se vio obligada a invertir dinero en la red ferroviaria.

En 2001, la empresa pretendía que el Gobierno financiase sus pérdidas y el gobierno se negó. Tras inspecciones gubernamentales las autoridades públicas se vieron obligadas a tomar el control de la empresa por las graves irregularidades en la gestión para sanearla. Lamentablemente tras 8 meses de “depuración” la empresa volvió al mercado privado.

Las consecuencias a día de hoy son decenas de muertos y cientos de heridos por el deficiente mantenimiento y organización del ferrocarril inglés. Retrasos crónicos y que los británicos se dejen casi un 13% de su sueldo en transporte público frente a un 5% de los españoles.

Por dar un ejemplo, en 2018 un abono anual ha pasado a costar4.000 libras (4.500 euros) para cubrir la distancia de apenas 60 kilómetros entre Linfield y Londres. De ahí que parte de las clases populares británicas siguen luchando por la reestatización del servicio a día de hoy.

En vista de la tormenta que está al caer se hace necesario plantear un programa de lucha contra la agenda privatizadora de los gobiernos. No obstante, la clase trabajadora no puede quedarse en meras posiciones defensivas encastillándose en los restos del Estado de Bienestar que no haya saqueado la patronal. Para parar los pies a la patronal y sus gobiernos es necesario pasar a la ofensiva con un programa claro de renacionalización bajo gestión directa de los trabajadores y con la participación de los usuarios de estas empresas que brindan servicios públicos esenciales.






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