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Acuerdo BNG-PSOE: beneficios a la empresa gallega y renuncia a demandas históricas para la clase trabajadora

La investidura de Pedro Sánchez ha salido adelante con 167 votos a favor y 165 votos en contra. El diputado del BNG en el congreso, Néstor Rego, ha votado afirmativamente “frente a una derecha cada vez más ultra” y gracias a un “gran acuerdo sobre la agenda gallega” con el PSOE.

Sábado 11 de enero | 11:55

Adriana Lastra y Ana Pontón durante la firma del acuerdo entre PSOE y BNG. Chema Moya / EFE

En galego

Desde antes de los resultados de las elecciones el BNG dijo en repetidas ocasiones que la representación en el congreso estaría “al servicio de la clase trabajadora y el pueblo gallego” y que no estaba claro si darían apoyo a un ejecutivo encabezado por Sánchez. En todo caso, el apoyo pasaría por un acuerdo favorable a los intereses de Galicia. Ya durante los primeros días de enero se encauzaron más las negociaciones y el BNG manifestó públicamente que no votaría “no” en la investidura para facilitar la formación de un gobierno progresista.

En la segunda votación para la investidura de Pedro Sánchez el 7 de enero, Néstor Rego realizó una intervención justificando el voto favorable de su partido. Comenzó citando a Castelao en el 70 aniversario de su muerte en el exilio para después afirmar que “en este momento y en este contexto defender Galiza y la democracia nos lleva a votar “Sí” en la investidura”. Sus motivos, el “gran acuerdo” alcanzado entre el PSOE y el BNG que “permitirá avanzar y mejorar la calidad de vida de gallegas y gallegos”, y porque ante la “derecha cada vez más ultra… no caben vacilaciones”.

Un acuerdo pobre, otro voto de confianza en el PSOE del Régimen

Del acuerdo entre el PSOE y el BNG, que puede leerse completo aquí una de las primeras cosas que llama la atención es su ambigüedad. Son comunes fórmulas ambiguas como “el gobierno se manifiesta a favor”, “analizar las fórmulas para”, “estudiar posibles compensaciones”, etc. Una forma de redactar claramente medida por el PSOE, cuyos compromisos en su mayor parte se postergan a varios años o a toda la legislatura, y que en todo caso se ligan a mesas de negociaciones complejas con empresas y distintas administraciones públicas. Así, hay algunos puntos que nos gustaría destacar.

Con respecto al traspaso de competencias, el primer punto del acuerdo se compromete a “programar, durante la primera legislatura, la activación de la transferencia de la totalidad de las competencias pendientes recogidas en el Estatuto de Autonomía de Galicia, así como competencias que han sido objeto de consenso en el Parlamento Gallego”. Ana Pontón, en una entrevista a La Voz de Galicia el mismo día de la firma del acuerdo, hacía hincapié en la necesidad de desarrollar una Policía Autonómica análoga a la de Euskadi y Catalunya, para mejorar el “servicio de tráfico y la seguridad”.

Parece que para el BNG una Policía “galega” en manos del PP actualmente gobernando, o de un futuro gobierno del PSOE, daría menos palos a los manifestantes. No tenemos más que ver cuál fue la actuación de los Mossos d’Esquadra dirigidos por Torra frente a las enormes manifestaciones en repudia de la sentencia del procès hace tan solo unos meses en Catalunya, para quitarnos de la cabeza esta idea reaccionaria de que más policía puede solucionar nuestros problemas.

Por otra parte, Ana Pontón también se centró en la necesidad de abaratar peajes y transferir las competencias de la autopista del atlántico AP-9 a la Xunta de Galicia, decisión que se tomó en el Parlamento de Galicia con los votos favorables del PPdG, lo cual aparece en el punto 4 del Acuerdo. Pero tal y como se dice en ese punto “coste de esta bonificación corre a cargo de los Presupuestos del Estado y se aplicaría a partir de la aprobación de los PGE de 2020”. Es decir, que como exponíamos en un artículo publicado en Izquierda Diario, el beneficio de la rebaja del coste de los peajes se haría a cargo de dinero público, y no de las empresas concesionarias que han recibido miles de millones de beneficios en las últimas décadas con concesiones millonarias.

En cuanto a la fábrica ENCE, de la cual el gobierno de Rajoy prolongó su concesión por 60 años más, el acuerdo solo expresa lo siguiente: “El Gobierno se manifiesta a favor del traslado de la planta de ENCE a otro enclave más adecuado medioambientalmente en Galicia, a través de una fórmula que permita mantener el empleo”. Es decir, tal y como ya manifestó la plataforma ecologista APDR (Asociación pola Defensa da Ría), se trata solamente de una declaración formal de intenciones que no obliga al gobierno a realizar ningún compromiso concreto. Así, el BNG renuncia a una de sus principales demandas que aparecía en su programa electoral, así como del conjunto del movimiento social y ecologista en Galicia que lleva décadas manifestándose contra la forma de producción de esta fábrica contaminante y de la situación de los montes gallegos repletos de una especie invasora como es el eucalipto, principal materia prima de ENCE.

En el punto 6 se trata una de las propuestas más polémicas del BNG, el “Estatuto de Industria Electrointensiva”. En él, se nombran una serie de medidas que se pueden resumir básicamente en subvenciones estatales para que estas empresas no paguen el precio total de la electricidad, sin perjuicio para las eléctricas, así como compensaciones por las emisiones de dióxido de carbono “para competir con industrias similares instaladas en otros lugares del mundo donde no se limitan las emisiones de dióxido de carbono”. Para el BNG y el PSOE, realizar una transición “ecológica justa” significa subsidiar con dinero público la contaminación. Y como contrapartida el Estado “exigiría” a las empresas “un esfuerzo en inversiones y mejoras en los procesos productivos que reduzca el impacto ambiental y garantice mantener y ampliar el empleo directo”. Un alarde total de “capitalismo verde” que quiere esconder el aparente anhelo del BNG en favorecer e impulsar una burguesía gallega. Además, en el punto 7 incluso se habla de reforzar “la agenda industrial gallega”, con distintos planes industriales, otra vez subvenciones por las emisiones de CO2 y se “prestará especial atención” a la industria naval.

Más adelante, el documento dice que el gobierno “estudiará posibles compensaciones tarifarias a las comunidades productoras excedentarios de energía eléctricas, para abaratar la factura de la luz, actuando sobre el coste de transporte, de forma que se compensen los costes sociales y ambientales producidos”. Se trata de la “tarifa eléctrica gallega”, medida estrella de la campaña electoral del BNG consistente en abaratar los costes eléctricos para empresas y usuarios, pero que cae en saco roto ya que el PSOE no se compromete a nada, simplemente a “estudiarlo”.

A continuación, y para finalizar se habla de “derogar la reforma laboral, de la negociación colectiva”, derogar la reforma de las pensiones, derogar la LOMCE y el artículo 315.3 del Código Penal y la Ley “Mordaza”.

Este, que pareciera ser el punto más progresivo del acuerdo, es en realidad una hipócrita declaración de intenciones, porque el acuerdo PSOE – Unidas Podemos ya ha dejado clarísimo que no se derogarán las contrarreformas laborales del PP y el PSOE. Tan sólo se modificarán algunos de sus artículos, permaneciendo intactos sus elementos fundamentales. Al mismo tiempo, el acuerdo no dice una palabra sobre la “Ley mordaza digital” aprobada por el anterior gobierno en funciones, que permite cerrar páginas web sin orden judicial previa, entre otras prácticas antidemocráticas.

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En definitiva, este es un acuerdo plagado de declaraciones de intenciones, que además no van a la raíz de los problemas de la clase trabajadora y las mayorías populares en Galicia. El BNG ha dado un salto en su integración al Régimen del 78 apoyando el gobierno socio-liberal en el Estado español, renunciando a la movilización social para erigirse en defensor de la “industria gallega”, defendiendo bajadas de impuestos y subvenciones para grandes empresas que han demostrado tener pocos escrúpulos a la hora de despedir trabajadores o rebajar sus condiciones laborales.

Necesitamos construir una izquierda revolucionaria independiente y combativa en Galiza

Nuestra concepción de la política es opuesta a la del BNG. No se trata de negociar con el Estado central migajas para empresas gallegas, que den a su vez migajas a la clase trabajadora. Se trata de impulsar la lucha y la movilización social para que la crisis social y ambiental la paguen los grandes grupos capitalistas. Luchamos por la nacionalización bajo gestión de los trabajadores y usuarios de sectores estratégicos como la banca, el transporte o la energía, para mejorar el servicio, abaratar el coste y obtener mejores condiciones laborales. Además, una medida así permitiría realizar de forma eficaz una transición ecológica justa reduciendo las emisiones contaminantes y los residuos generados en la producción.

Al mismo tiempo luchamos por el derecho de autodeterminación de los pueblos, y contra la represión en Catalunya, tanto por parte de los gobiernos del PP como del PSOE. En este terreno, el BNG ha renunciado a una demanda histórica de la izquierda nacionalista para “impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura de Estado al reconocimiento de los sentimientos nacionales de pertenencia”.

En Galiza falta una izquierda independiente y combativa que cuestione el Régimen del 78 en su conjunto. La CUP en Catalunya, a pesar de nuestras diferencias estratégicas, mantuvo una posición correcta votando “No” a la investidura de Sánchez. Lo opuesto a la posición que ha mantenido el BNG.

Es necesario un debate profundo dentro de la izquierda gallega sobre qué tipo de proyecto político necesitamos para impulsar la organización obrera y social que es precisa para vencer. Para derrotar todas las contrarreformas reaccionarias de los anteriores gobiernos del PP y del PSOE, y para enfrentar a este nuevo gobierno, que fuera de falsas promesas y buenos gestos, se prepara para realizar un ajuste en el futuro, en cuanto la situación económica lo requiera. No estamos ante un gobierno progresista, estamos ante un gobierno de contención de la lucha de clases que pretende apuntalar un régimen que está en crisis. No nos resignamos a darle un voto da confianza al PSOE capitalista durante otra legislatura. Pensamos que los derechos sólo los podremos conquistar en las calles mediante la movilización social.

Quienes militamos en la CRT luchamos por una izquierda en Galiza y en el resto del Estado español que sea capaz de construir un nuevo Régimen, una verdadera democracia de la clase trabajadora y los sectores populares, contra esta democracia para ricos que nos sigue condenando a la miseria del capitalismo.

No podemos dejar que los árboles no nos dejen ver el bosque. En un escenario internacional donde hay un resurgimiento de la lucha de clases, con una huelga general en Francia en los transportes que va camino de los 40 días, 80 días de rebelión popular en Chile y fenómenos similares en Ecuador, Líbano o el otoño catalán de hace unos meses, está claro que está habiendo un cambio de tendencia. Aunque en el Estado español haya una relativa estabilidad económica y una calma en la lucha social, esto puede cambiar más temprano que tarde. Prepararnos para esos escenarios, construyendo una fuerte izquierda revolucionaria, obrera y anticapitalista capaz llevar al triunfo al pueblo trabajador en lucha, es la principal tarea estratégica del momento. Ese es nuestro desafío.






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