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PANDEMIA

Alemania crea un Estado policial para contener el coronavirus

La canciller Angela Merkel anunció el miércoles por la noche que están frente al "mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial”, y anunció “restricciones como nunca antes se han visto en la república federal”. Un anticipo de esta situación ya se está viviendo con el estado de catástrofe y la militarización de la región de Baviera.

Jueves 19 de marzo | 13:18

Los confinamientos y las cuarentenas se están multiplicando en todo el mundo. En Alemania, Baviera declaró el "estado de catástrofe". Todo un síntoma tratándose del estado federado más grande y poblado de Alemania. Tras esa medida el Gobierno amenazó con el despliegue de las Fuerzas Armadas.

El discurso de la canciller Angela Merkel el miércoles por la noche pidiendo colaboración ciudadana ante “el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial”, y anunciando “restricciones como nunca antes se han visto en la república federal”, son un anticipo de lo que puede venir y de la militarización que ya tiene su prueba piloto en la región de Baviera.

En los últimos días, Europa se ha convertido en el centro de la pandemia mundial del Coronavirus. Este martes, el Instituto Robert Koch (la institución federal de control y prevención de enfermedades), estimó que el riesgo en Alemania es alto. Los gobiernos europeos están reaccionando a esto con medidas de gran alcance que interfieren profundamente en las libertades de movimiento de las personas. Después de Italia, el Estado Español y partes de Austria, Francia también está sujeta a un toque de queda de dos semanas desde el martes. En Baviera, el desastre está en vigor desde el lunes. El medio estatal Tagesschau acertadamente tituló: "Controlar, sellar, cerrar".

Esta centralización se denomina "cooperación cívico-militar", y representa un paso más hacia la militarización interna al legalizar el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y para el control de la población

El ministro federal de Sanidad Jens Spahn, la canciller Angela Merkel y el primer ministro de Baviera Markus Söder se presentan como los gestores de la crisis. Este último es elogiado por el diario Süddeutsche Zeitung por conducir a Baviera a través de la crisis "sin alarmismo, pero con énfasis".

Y de hecho, con la proclamación del estado de catástrofe, Baviera ha asumido un papel pionero. Por primera vez en la historia del Land (región), el estado de catástrofe no fue decretado sólo regionalmente, sino que se aplica a todo el territorio bávaro. Aunque afirmen que esto es "principalmente un asunto organizativo" y por lo tanto "menos espectacular de lo que el nombre sugiere", abre la puerta a más medidas autoritarias.

En esencia, la gestión de desastres significa que todas las organizaciones y autoridades responsables de la protección civil estén bajo un mando unificado. Esto incluye no sólo a las organizaciones civiles de ayuda voluntaria como el cuerpo de bomberos o la Agencia Federal Alemana de Ayuda Técnica, sino también a las Fuerzas Armadas Federales. En el lenguaje de las autoridades, esta centralización se denomina "cooperación cívico-militar". En realidad representa un paso más hacia la militarización interna al legalizar el despliegue del Bundeswehr (Fuerzas Armadas) en las calles y para el control de la población.

Por supuesto, la capacidad médica de la Bundeswehr debe estar disponible para el cuidado de los afectados. Pero esto debería ocurrir bajo el control de trabajadores y especialistas y no bajo el control de los militares o el Ministerio de Defensa.

La ley bávara de control de desastres permite a la autoridad pública "exigir a cualquier persona la prestación de servicios, material y trabajo". Básicamente, esto significa poder obligar a la población a trabajar y llevar a cabo confiscaciones. Además, el artículo 19 de la Ley de Protección de Catástrofes, establece que los derechos básicos elementales pueden ser suspendidos: "El derecho a la integridad física, la libertad de la persona, la libertad de reunión, la libertad de circulación y la inviolabilidad del domicilio pueden ser restringidos sobre la base de esta ley".

Aún no está claro hasta qué punto el gobierno bávaro hará uso de estas posibilidades en las próximas semanas. En la ciudad de Mitterteich, en el Alto Palatinado, el primer toque de queda ya está en vigor desde el día miércoles, y es probable que se declare en otros departamentos. El medio público Bayrischer Rundfunk explica: "El toque de queda será vigilado por la policía. Multas y hasta dos años de prisión amenazan en caso de incumplimiento, declararon en la conferencia de prensa.” E incluso más allá de eso, un derecho democrático fundamental ya ha sido suspendido: todos los eventos y asambleas están prohibidos en toda Baviera, y existen regulaciones similares en otros estados federales.

En Hamburgo, el virus está siendo usado como una excusa para detener la protesta: la carpa de protesta de un grupo de refugiados fue evacuada por la policía el día lunes. Así, el Senado de Hamburgo está llevando a los refugiados a una situación de calle con este pretexto. Este aislamiento no los protegerá de la infección, sino aumenta el peligro para un grupo marginado y con acceso limitado a la salud pública

No hay duda de que las reuniones con muchas personas pueden facilitar la propagación del virus. Desde el punto de vista epidemiológico, por supuesto, la restricción de los contactos interpersonales es sin duda urgente. Es precisamente por esta razón que tiene sentido evitar las grandes reuniones de personas.

Pero si se quiere aprovechar la crisis actual para impedir las protestas o para imponer medidas no deseadas de manera autoritaria y sin resistencia, hace falta movilizarse. Si nos vemos obligados a salir a la calle para defendernos a nosotros mismos y a nuestras condiciones de vida, la decisión de si debemos ser responsables de nuestra vida social, democrática, etc. no deben ser tomadas por el Estado y sus órganos represivos. Por eso, aunque haya una interferencia con la libertad de movimiento, las asambleas de las organizaciones sociales, sindicales, etc. deben poder actuar, si estas organizaciones, asesoradas por especialistas de la salud, lo consideran necesario.

Es por esto que rechazamos cualquier acción represiva contra las masas y sus movilizaciones (organizadas o espontáneas) disfrazadas de política sanitaria. No es el Gobierno el que debe decidir si tiene lugar una manifestación, sino las organizaciones en lucha, con el asesoramiento de expertos y científicos.

Por supuesto, es necesario tomar medidas drásticas para contener la crisis. Sin embargo, sería un gran error confiar en las fuerzas represivas del Estado y en los empresarios. La forma de salir de la crisis depende en gran medida de quién toma las decisiones, quién las hace cumplir y quién las revisa en última instancia. Estamos a favor de confiscaciones y expropiaciones que se lleven a cabo para gestionar la crisis.

Esto requiere una centralización de todo el sistema de salud bajo un plan general centralizado - controlado democráticamente por los trabajadores - que incluya laboratorios, clínicas privadas de los productores de ayudas médicas, guantes, desinfectantes, etc., en la perspectiva de su expropiación completa sin indemnización bajo gestión de sus trabajadores y especialistas y con el control de parte de la población. Esto incluye también el suministro masivo de equipos para realizar test y equipos respiratorios a fin de proporcionar una atención integral a toda la población, así como la organización inmediata de todo el personal médico y de enfermería necesario (incluida la formación de estudiantes de medicina y enfermería).

Todo el sistema de salud debe ser controlado por comités de higiene compuestos por trabajadores y usuarios. En las empresas que deben seguir produciendo para gestionar la crisis sanitaria y proporcionar bienes y servicios vitales -como el transporte, la energía, los supermercados u otros servicios- deben ser establecidos comités de higiene y seguridad que puedan controlar los turnos, las medidas de seguridad y las nuevas contrataciones. Se deben garantizar los derechos laborales y sindicales plenos.

Los trabajadores en Italia y en el Estado Español, que han parado su trabajo para luchar contra la respuesta inadecuada de sus jefes a la crisis, están mostrando un camino a seguir que puede ser una alternativa real. Es necesario seguir su ejemplo y también resistir la amenaza de la militarización y cualquier solución autoritaria a la crisis.

Es que, ¿quién estaría mejor preparado para saber cómo no poner en peligro la salud de los trabajadores que ellos mismos, que están potencialmente expuestos a la infección todos los días en las fábricas? ¿Quién sabe que la salud de los pacientes y como no ponerlos en riesgo – si no aquellos que tienen que cuidarlos todos los días?

Por lo tanto, para superar eficazmente la crisis, será necesario poner bajo el control de sus trabajadores las ramas de la economía que sean necesarias para gestionar la crisis sanitaria y garantizar la infraestructura y servicios vitales. De este modo se podría garantizar la reducción de las horas de trabajo con una compensación salarial completa y condiciones sanas y seguras, así como los servicios y suministros necesarios para la población.






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