Internacional

CATALUÑA, ESTADO ESPAÑOL

Amenazan usar el artículo 155 para impedir el referéndum catalán, ¿cómo enfrentarlo?

El “procesisme” no tiene plan para enfrentar la ofensiva del gobierno central. La urgencia de levantar un gran movimiento en Catalunya y el Estado. La pelota en el tejado de la CUP, Podemos, IU y los “comunes”.

Santiago Lupe

@SantiagoLupeBCN

Jueves 2 de febrero de 2017 | 23:58

El ministro de Justicia Rafael Catalá junto al presidente Mariano Rajoy.

“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Así reza el artículo 155 de la Constitución del 78, el mismo que este jueves el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que el gobierno estaría dispuesto a usar en caso de que la Generalitat decidiese llevar adelante el referéndum sobre la independencia anunciado para antes de que termine septiembre. Un día antes llegaron desde Moncloa otras amenazas más concretas en la misma dirección. Recuperar para el Estado central el control de Interior y Enseñanza para disponer de los Mossos y poder clausurar los centros escolares donde previsiblemente podría tener lugar la votación.

El gobierno del PP engrasa la maquinaria para tratar de evitar o abortar por todos los medios que el Govern Puigdemont cumpla su principal promesa de la legislatura. Lo hace además en respuesta al manifiesto aprobado el mismo miércoles por el Pacte Nacional pel Referendum, en el que centenares de entidades catalanas se pronunciaron por la celebración de una consulta vinculante, con reconocimiento internacional y pactada con el Estado. La respuesta de Rajoy a este último punto no es ninguna novedad, no hay ningún acuerdo posible para que se puedan poner las urnas.

Pero esta imposibilidad no se debe solo a que sean Rajoy y el PP quienes habitan de nuevo la Moncloa. En este punto hay una unidad sin fisuras entre los tres partidos de la “gran coalición” y todas las instituciones del Régimen. Por su puesto también la Corona, que en sus últimas intervenciones públicas dos han sido sus ideas claves, bendecir el acuerdo de investidura de Rajoy y oponerse explícitamente al referéndum catalán.

También la Policía, la Judicatura y la Fiscalía siguen el guión marcado por este bloque españolista. Sobran los ejemplos del Tribunal Constitucional, convertido en la “segunda cámara” catalana donde se recortan y anulan las leyes emanadas del Parlament. También la judicatura catalana, que el lunes sentará en el banquillo a Mas, Ortega y Rigau por la consulta del 9N. Pero incluso en la gestión de los tiempos en los casos de corrupción, sin menguar ni un ápice que ésta ha sido el ADN del pujolismo tanto como del resto de partidos del Régimen, como vimos el jueves con el operativo de la Guardia Civil que se saldó con una docena de altos cargos de Convergencia detenidos.

Todo este bloque españolista lo está dejando claro: pondrán todas las medidas necesarias para que no se pueda realizar un referéndum, incluidas medidas de fuerza. Ni que decir tiene que para evitar todo intento de hacer efectiva la opción de la independencia, si ésta ganase en una hipotética consulta, las medidas serían aún más contundentes y reaccionarias.

Por indignante que pueda resultar todo esto, no deja de estar dentro de lo previsto. ¿Alguien realmente pensaba que el Estado español permitiría que desde las instituciones autonómicas catalanas se llevara adelante un proceso que podría concluir con la secesión territorial? La cuestión fundamental en el movimiento por el derecho a decidir debe ser como se puede enfrentar esta ofensiva y derrotarla, es decir, como se puede realmente conquistar el derecho de autodeterminación y ejercerlo hasta el final.

Que desde dentro del Régimen del 78 es imposible es algo constatado. Todas las opciones que llaman a autolimitarse a los marcos constitucionales y la posible negociación con el Estado, como la de los “comunes”, son, en la práctica, un canto a la resignación, a aparcar la lucha por este derecho o “floclorizarla” en manifestaciones testimoniales, declaraciones y poco más.

Que la hoja de ruta de JxSí tampoco se prepara para ello está también quedando claro. Las amenazas del gobierno central lo que ponen sobre la mesa es el “límite de la performatividad”. JxSí nos dice: aprobaremos una ley, convocaremos una consulta, la celebraremos y, en caso de ganar el sí, construiremos la república. Incluso aunque finalmente decidieran incumplir todas las prohibiciones judiciales de las que se llenaría el camino, JxSí deja sin responder interrogantes elementales como: ¿Cómo se evitará que los Mossos, la Policía Nacional y/o la Guardia Civil impidan la consulta?, ¿Cómo, en caso de una hipotética victoria del sí, se impondrían las nuevas instituciones catalanas sobre las españolas? Tomando el ejemplo de la Hacienda ¿Cómo se obligará a que las empresas entreguen el impuesto de sociedades, el IRPF retenido y el IVA a la Hacienda catalana y no a la española?

Sencillamente no hay respuestas. Y cuando algún “fanfarrón” como el senador Santi Vidal plantea algunas, por peregrinas que sean, que se acercan a eso de “romper los huevos para hacer tortilla”, todo el bloque soberanista sale a desdecirle y a explicar que no, que ellos lo van a hacer todo sin romper la misma legalidad que prohíbe expresamente -y si no lo hace, ahí estarán los jueces para interpretar su ley- tanto el referéndum como una posible independencia.

Por lo tanto el 155, y el resto de medidas represivas que se articulen, son un muro para la estrategia del referéndum pactado y también la del referéndum unilateral basándose en la mera labor de las instituciones autonómicas. Para poder doblarle el brazo a esta ofensiva no hay más camino que preparar una gran movilización social y democrática, en Catalunya y en el resto del Estado, de carácter destituyente -que tumbe el Régimen del 78- y constituyente -que permitiera abrir procesos constituyentes en todo el Estado y las nacionalidades-.

Lamentablemente, más de 4 años de “procesisme” en Catalunya y promesas de “cambio” gradual y electoral en el resto del Estado, ha erosionado la capacidad de articular un movimiento así. En el caso catalán que la dirección haya recaído en los herederos del pujolismo, y que todas las fuerzas del bloque soberanista, incluida la CUP, así lo hayan aceptado, es un gran obstáculo para que la clase obrera y los sectores populares se hayan podido integrar con fuerza y de manera independiente en el movimiento democrático. El “procés” está demasiado identificado con los gerentes del 3% y los peores recortes sociales de la democracia, que los últimos Presupuestos van a volver a avalar y esta vez con la venia de la izquierda independentista.

Llegados a este punto comienzan a surgir voces incluso dentro de la CUP, como el último documento de Endavant acerca de su negativa al apoyo a los Presupuestos, que hablan de la necesidad de una profunda autocrítica. Es clave abrir este debate y levantar una política radicalmente distinta a la de la mano extendida, que si de algo ha servido es sobre todo para que a día de hoy una “alternativa” anticapitalista o de clase a la hoja de ruta de JxSí resulte inexistente.

Es fundamental que desde la izquierda independentista, los movimientos sociales que apoyan el derecho a decidir y la izquierda anticapitalista se levante una hoja de ruta que se proponga impulsar la movilización social en los centros de trabajo, los centros de estudio y la calle, y que se exija a los “comunes” que abandonen su posición dependiente del pacto con el Estado y apoyen una verdadera lucha por el referéndum.

Para enfrentar la ofensiva del Estado español no hay otro camino que preparar grandes manifestaciones, cortes de carretera, paros y hasta la huelga general. Y para esto es fundamental que la lucha por el derecho a decidir y el referéndum esté indisolublemente ligada a un programa para resolver los grandes problemas de paro, precariedad, vivienda o desmantelamiento de los servicios públicos avanzando sobre los intereses de los grandes capitalistas, sean éstos españoles o catalanes.

Esta es la hoja de ruta que JxSí, una coalición hegemonizada por los herederos del pujolismo, nunca defenderá. Ellos lo tienen claro, están muy por delante sus intereses de clase que la defensa del derecho a decidir. Antes preferirán claudicar ante las amenazas o dejar que éstas se lleven a término sin apenas resistencia. La historia de los partidos burgueses y pequeñoburgueses catalanistas está llena de ejemplos de donde terminan cuando las cosas se ponen serias.

Al mismo tiempo esta lucha no lo es sólo del pueblo catalán. La ofensiva que prepara el gobierno de la “gran coalición” tiene que ser también respondida en todo el Estado. A las fuerzas políticas que se han pronunciado a favor del derecho a decidir, empezando por Podemos e IU, hay que exigirles que llamen a movilizaciones en todo el Estado en defensa del derecho de autodeterminación y el referéndum, y que esta lucha defensiva y urgente se vincule a la lucha en todo el Estado contra el gobierno del IBEX35 y por la apertura de un proceso constituyente que mande al Régimen del 78 al Museo de Historia.

Los meses que están por delante serán “tiempos interesantes”. La crisis del Régimen del 78 abierta en 2011 puede dar un nuevo salto, y permitir que se reabran grietas por donde poder imponer una salida de los trabajadores y los sectores populares, o, por el contrario, que éste pueda cerrar, no sabemos por cuanto tiempo, por la vía reaccionaria una de las principales fallas: la cuestión catalana. Que la balanza se incline hacia un lado u otro dependerá mucho de lo que hagan o dejen de hacer las direcciones del nuevo reformismo en todo el Estado, el ala izquierda del movimiento catalán y los “comunes”.






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