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Ante la impunidad de la tragedia de Angrois la Eurocámara exige responsabilidades a España

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 intervino este martes ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar los "incumplimientos de normativa" europea.

Jacobo A. García

@Jacobscarface

Miércoles 25 de enero de 2017 | 17:46

La Eurocámara atendió su demanda de realizar una investigación independiente de la que está haciendo el gobierno español, que resulta deficiente. El parlamento europeo instará formalmente a la Comisión Europea a impulsar la investigación independiente que España no hizo. La propia Agencia Ferroviaria Europea constató en un informe público que "la obligación de investigar el accidente no se cumplió de manera adecuada" y también pidió una investigación independiente “lo más rápido posible”.

No obstante el acuerdo no es de obligado cumplimiento por parte de la Comisión Europea.

Las declaraciones de Jesús Domínguez, en representación de los afectados ante el Parlamento europeo, son esclarecedoras cuando afirma que "como ciudadanos europeos fuimos víctimas de un gravísimo accidente por incumplimiento de la normativa en materia de seguridad ferroviaria por parte del Estado español.

Se vulneraron los derechos a la vida y a la seguridad”. Afirma que el Gobierno español "no evaluó los riesgos cuando modificó el proyecto de la línea Ourense-Santiago” ni cuando en la curva de Angrois se desconectó el sistema de seguridad de frenado automático “porque generaba atrasos”.

El jefe de maquinistas de Ourense había enviado a sus superiores un correo advirtiendo del peligro de la curva. Este escrito fue presentado por la plataforma ante la cámara. Una negligencia gravísima, que de no haberse producido, no hubiera sucedido el trágico accidente.

Las víctimas recibieron el apoyo a sus demandas por parte de todos los grupos políticos presentes con la única excepción del PP. Así, desde el grupo confederal que encabeza Podemos, Lidia Senra (AGEe), Marina Albiol o Ángela Vallina también exigieron la apertura de una nueva investigación y reprocharon la actitud del Gobierno de España. Lo mismo ocurrió con otros diputados del grupo socialista y los verdes europeos.

La eurodiputada del PP Rosa Estarás afirmó que "el poder judicial es independiente en España y nos dará luz sobre este tema", para evitar apoyar las demandas de los afectados. Obvió, por otra parte, que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de Ministerio de Fomento fue reformada después de una amenaza de sanción europea precisamente por falta de independencia, tras elaborar un informe sobre Angrois, en el que consideraban al maquinista el único responsable.

El representante de la Comisión Europea en la sesión del martes volvió a advertir de una posible sanción a España, en relación a la independencia de la CIAF, si ésta no queda corregida. En el mismo sentido se pronunció el director de la Agencia Ferroviaria Europea, Josef Doppelbauer, "la investigación de España no cumplió los requisitos de la directiva europea de seguridad”.

Por su parte el BNG, representado por su portavoz Ana Miranda consideró que la constatación de la investigación deficiente de las autoridades españolas es una “victoria” y un “signo positivo”, que debe ser completada con la “exigencia de responsabilidades políticas”. Miranda también afirmó que la Comisión Europea debe dejar claro que es necesario ir más allá de la responsabilidad del maquinista.

La actitud de “escucha” de las instituciones comunitarias contrasta con el tratamiento que las victimas recibieron de las autoridades españolas y gallegas.

Al igual que hacen las víctimas de Angrois, así como numerosas fuerzas políticas, celebramos este primer triunfo de los afectados. Una batalla ganada contra la impunidad y la vergüenza.

Desgraciadamente, no es el primer caso que ocurre en territorio gallego, y en el resto del Estado español. Desde el caso del Prestige en 2001, donde a día de hoy el único condenado fue el capitán del barco, hasta el más reciente accidente en Porriño, o el escandaloso caso del metro de Valencia en 2006.

Son las autoridades políticas las primeras en hacerse las fotos, y manifestar su apoyo en catástrofes como estas. Pero no nos engañemos, no son ellos parte de la solución si no del problema. En el caso de Angrois, fueron los vecinos del lugar los que arriesgaron sus vidas para salvar con sus propias manos a los supervivientes, antes de que llegaran los servicios de emergencia. La solidaridad también se manifestó en el considerable aumento de las donaciones de sangre para tratar a los heridos.

¿Qué hicieron las autoridades por las víctimas? Pronunciaron una vez más la “Ley del silencio”, maquillada por el sensacionalismo de las duras imágenes y el sentimentalismo vacío de los medios de comunicación de masas. El culpable, como siempre, el maquinista. Pero poco a poco se va descubriendo la verdad. La desconexión de los sistemas de seguridad por cuestiones de puntualidad, el caso omiso a los informes recibidos por los directivos, la puesta en marcha de una investigación fraudulenta que tape todo lo sucedido.

La historia se repite una vez más para mostrarnos la podredumbre moral de quienes solo se rigen por la ética del dinero.

Hasta los derechos más elementales se pueden ver vulnerados en este “régimen democrático”, que no respeta ni el derecho a la vida, la verdad y no asume ninguna responsabilidad por los errores cometidos. Un régimen político y económico que apesta a corrupción y opresión en todas sus formas hacia el pueblo trabajador. En este caso son las instituciones europeas las que se han comprometido a esclarecer las causas y los responsables de este accidente. Sin embargo, no será de estas instituciones las que eviten que estos sucedan de nuevo en el futuro.

El control democrático por parte de los trabajadores en todas las empresas, se ve claramente necesario en este caso. Es intolerable que un superior pueda emitir órdenes a sus empleados para que se oculte una situación que pueden poner en riesgo la vida de decenas o cientos de personas. Pero es aún más inadmisible que estos directivos pretendan escabullirse de sus responsabilidades por sus actos, y para ello utilicen a un estado corrupto a su servicio que falsea una investigación.

Manifestamos todo nuestro apoyo a las familias de las víctimas de Angrois, para que sigan luchando para conseguir victorias. Pero también está claro, que sin el cambio en el modo de gestión de las compañías ferroviarias, así como la lucha continuada en las calles para exigir la dimisión de los responsables políticos y la implantación de todos los sistemas de seguridad disponibles, estos casos se pueden llegar a producir en el futuro de nuevo. Porque solamente el pueblo salva al pueblo.






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