ALQUILERES GENTRIFICACIÓN

Ayuso regala pisos a policías en Madrid mientras continúan los desahucios

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso reservó en el mes de noviembre 48 viviendas protegidas de alquiler en el barrio de Lavapiés para entregarlas a efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado desplazados a esa Comunidad.

Irene Olano

Madrid

Lunes 24 de febrero | 19:53

El precio de alquiler de estas viviendas es de 280€, un precio muy inferior al de mercado, que en este barrio no para de subir. La estrategia forma parte de un plan de la Comunidad para aumentar la presencia policial en los barrios, en concreto en Lavapiés, donde en septiembre supimos que se iba a incrementar la presencia de antidisturbios con la excusa de acabar con la delincuencia; es decir, para terminar con la poca vida vecinal, de migrantes y de trabajadoras que la gentrificación ha dejado en el barrio.

“Queremos facilitar su vida e integración en Madrid”, con estas palabras se refería la presidenta de la Comunidad de Madrid a los efectivos a los que ofrecerá pisos en Lavapiés a un precio irrisorio.

Para Ayuso, esta medida compensa los inconvenientes provocados por el mayor coste de la vida, como declaró para El Mundo, aunque no se plantea ninguna medida para paliar ese “mayor coste” que sufren desde hace años los vecinos y vecinas a los que la política del mercado inmobiliario está expulsando de sus hogares.
Precisamente este barrio, hace exactamente un año, presenció uno de los episodios más vergonzosos relacionados con la especulación inmobiliaria cuando 3 juzgados se pusieron de acuerdo para desahuciar a cuatro familias, el mismo día y a la misma hora, de un edificio que se había convertido en un símbolo de la lucha y de la resistencia contra los desahucios en Madrid. Las vecinas de Argumosa 11 habían evitado hasta en doce ocasiones ser expulsadas de su casa gracias a la organización popular de diversos movimientos en defensa de la vivienda.

Esa noche, los efectivos policiales bloquearon el acceso a la calle a las 2 de la mañana previendo la enorme movilización popular que la noticia produjo. Durante horas cientos de vecinas y activistas se reunieron alrededor del edificio clamando contra el abuso policial con el que se irrumpió en el edificio y con el que se sacó a rastras a las personas que estaban poniendo el cuerpo entre las familias y las cargas policiales.

Tras aquel desahucio, el fondo buitre Proindivisos declaró que su intención no era subir el precio del alquiler un 300% como se había estado denunciando, sino expulsar por impago a las familias; cuando en realidad Pepi y el resto de las vecinas habían intentado negociar con el fondo una subida razonable. En aquel momento el alquiler era de 400€ y hoy los pisos del bloque se alquilan por 1500€.

Aquel día, Pedro Sánchez declaró que situaciones como aquella no podrían volver a suceder. Pero desde febrero del año pasado se han efectuado otros 60.000 desahucios en el Estado Español. Del mismo modo, el presidente de la Comunidad de Madrid prometió realojar a las familias en viviendas públicas lo antes posible, cosa que, un año después, no ha sucedido.

El gobierno regional que pretende aumentar la presencia policial en Lavapiés ofreciendo alquileres regalados, planea también ofrecer ayudas para la escolarización de los hijos de los efectivos desplazados, así como diversos descuentos en el Transporte. Todas estas medidas de la Comunidad son insensibles con la realidad del mercado de la vivienda en Madrid. La escalada de precios y las políticas gentrificadoras dejan en la calle a unas 162 familias al día desde que comenzó la crisis, según Amnistía Internacional.

El alcalde de Madrid, también del PP, es responsable también de la orden de desalojo del icónico edificio de la Calle Gobernador 39, la Ingobernable, para más tarde cederlo por 50 años a una fundación cuyo vicepresidente es el expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. El gobierno del PP muestra así que su compromiso nunca fue “devolver el edificio a Madrid” como defendió el alcalde en numerosas ocasiones, sino que formaba parte de la imposición de un modelo de ciudad donde se expulsa a los vecinos y los movimientos sociales mientras se regalan edificios a políticos y policías.






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