SUPLEMENTO

Claves de la crisis que viene para construir la izquierda que necesitamos

Santiago Lupe

Claves de la crisis que viene para construir la izquierda que necesitamos

Santiago Lupe

Lo peor del primer brote de la pandemia queda atrás. Deja por delante una caída económica histórica que agrava la crisis del régimen y promete ser partera de nuevas convulsiones sociales. La izquierda revolucionaria debe prepararse desde ahora para el nuevo escenario que deja la crisis del coronavirus.

Estamos a una semana de la entrada en la llamada “nueva normalidad”. Atrás quedan las fases y las peores semanas de la crisis sanitaria. Por delante la peor caída económica desde la posguerra, la incertidumbre sobre el posible rebrote de otoño y un régimen que ahonda su crisis. Todo en un marco internacional mucho más agitado que el de 2008, con la globalización neoliberal en horas bajas y un mundo convulsionado por una nueva oleada de lucha de clases iniciada antes de la pandemia y que tiene su continuidad en la rebelión juvenil contra el racismo en EEUU. Analizamos a continuación estas claves de la situación y los retos de la izquierda revolucionaria en el escenario post pandemia.

Una crisis mucho más profunda que la de 2008

En los últimos días instituciones como el Banco de España o la OCDE coinciden en que la caída de la economía española en 2020 será una de las mayores de la UE y los países del G20, y mucho peor que la de 2008 a 2014.

Lo peor está por llegar. Más aún si en otoño el posible rebrote lleva a un nuevo confinamiento u otras medidas restrictivas

El PIB puede contraerse hasta un 15%, una cifra que casi cuatriplica al peor año de la crisis anterior, 2009, cuando la llegó al 3,8%. El desempleo alcanzará el 23,6% a final de año y seguirá subiendo hasta el 24,7% en 2021. Una escalada que en la crisis anterior se produjo en 3 años - llegando al 22,6% en 2011-, se alcanzaría ahora en apenas 6 meses. El crecimiento de la deuda puede llegar al 118% si no hubiera rebrote y hasta un 129,5% en caso de que no sea así. Una subida de entre 20 y 30 puntos, cuando en 2009 fue de 13 y solo en 2012 -el año del rescate- se llegó a los 17.

Las frías estadísticas dan cuenta de que los padecimientos que se avecinan contra la clase trabajadora y los sectores populares prometen superar con creces los de la arremetida anterior. Las “colas del hambre” en barrios populares son un adelanto de las estampas a las que nos quieren condenar. El millón de despidos acumulados desde marzo, los más de 3 millones de suspensiones que pueden terminar en cierres o despidos y los más de 500 mil autónomos en quiebra, son parte también de este siniestro álbum.

El efecto verano puede servir de cierto paliativo coyuntural, pero ningún experto se atreve a asegurarlo. Si se logra movilizar una parte del mercado interno vacacional entre quienes conservan empleo e ingresos, y una parte del turismo extranjero con la apertura de fronteras, se podría suavizar la caída temporalmente. Pero todos coinciden en que el respiro será pasajero. Para octubre organismos como el Colegio de Gestores Administrativos prevén una oleada de quiebras e impagos. Lo peor está por llegar. Más aún si en otoño el posible rebrote lleva a un nuevo confinamiento u otras medidas restrictivas.

Los Estados ponen en marcha planes de rescate de los capitalistas sin precedentes

Hasta ahora ha habido una fuerte intervención de los Estados para contener y dosificar el desastre. En cierta medida se ha evitado que las consecuencias de la crisis se expresen con toda su contundencia. Los gobiernos de distinto signo de la UE, y hasta la administración Trump, han implementado políticas para la contención parcial del desempleo de masas, la oleada de quiebras y el empobrecimiento extremo de amplias capas de la población.

Más de 2 billones de dinero público inyectado para el rescate del capitalismo europeo

La reacción de los Estados no ha sido la misma que en 2008. Por un lado, se está discutiendo una movilización de recursos sin precedentes para salvar la llamada “economía real”. Un rescate a sectores como el turismo, el automóvil o la aviación, equivalente al realizado en la crisis anterior sobre el sistema financiero, aunque las cantidades desembolsadas pueden superarlo con creces.

Estas medidas de salvataje directo se han visto acompañadas esta vez con la implementación de políticas para contener la caída de ingresos de millones -lo cual abriría una situación explosiva socialmente- y una ola aún mayor de quiebres y cierres de empresas. Además de las rentas mínimas, subsidios a autónomos y otras ayudas de urgencia al pago de suministros o alimentación, los ERTEs o suspensiones se han constituido como una de las piezas claves de la política de contención de la catástrofe por parte de los Estados europeos.

Son medidas que no evitan en absoluto que el peso de la crisis recaiga en la clase trabajadora y los sectores populares. Solo el “ingreso mínimo vital”, la medida estrella del gobierno “progresista”, deja por fuera a 8 de los 10 millones de personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Su fin es el mismo que los avales y ayudas directas a las empresas, un rescate y socialización de las pérdidas disfrazado de medidas sociales.

El ejemplo más claro es el de los ERTEs que, además de que siguen sin llegar a medio millón de trabajadores que no han cobrado todavía, suponen la asunción por parte del Estado de los salarios y cotizaciones que correspondería asumir a las empresas. O las “ayudas” de vivienda, que conllevan un endeudamiento de las familias para que ni los grandes tenedores ni la banca dejen de percibir alquileres e hipotecas.

La UE dispondrá de más de medio billón de euros -de los que 100 mil millones son para la financiación de los ERTEs-, 240 mil millones del MEDE, 100 mil millones de créditos para las empresas de parte del Banco Europeo de Inversión y el Banco Central Europeo ha ampliado su programa de compra de deuda pública a 1 billón 350 mil millones. Más de 2 billones de dinero público inyectado para el rescate del capitalismo europeo.

Al Estado español le corresponderían 77 mil millones en ayudas no reembolsables -aunque condicionadas a subvencionar sectores empresariales concretos-, 88 mil en préstamos y 15 mil para el pago de los ERTEs. Hasta el momento el gobierno ya ha confirmado que se acogerán a la ayuda para el pago de los ERTEs, pero el mecanismo principal y más inmediato del que se está haciendo uso es del aumento del endeudamiento.

Un rescate que se hará pagar de nuevo a la clase trabajadora y los sectores populares

Aunque las cantidades implementadas sean estratosféricas y sin precedentes, es poco probable que se puedan sostener indefinidamente en el tiempo, más aún si la crisis no termina con el control estival de la pandemia y ésta rebrota en el otoño e invierno boreal, como alertan muchos expertos sanitarios.

Si tomamos el Estado español como botón de muestra, la lista de gastos que hay por delante, solo en los próximos meses, es mucho mayor que el paquete prometido por la UE. Solo en los ERTEs, hasta el 30 de junio, la factura se eleva a los 21 mil millones, ya por encima del total de fondos que le corresponderían del programa europeo. El gobierno quiere aprobar una prórroga hasta septiembre lo que supondría una cantidad muy similar -solo el 15% de los trabajadores suspendidos han retomado la actividad-, y la patronal le está pidiendo que lo extienda hasta diciembre.

El Banco de España ya ha advertido que cuando haya algún respiro será necesario hacer un ejercicio de “consolidación fiscal” y contrarreformas pensiones y laboral

A esto habría que incluirle la caída de recaudación por el aumento del desempleo o la bajada de actividad, el hecho de que la hucha de las pensiones esté al borde de los números rojos -acabó 2019 con apenas 2 mil millones -, el crecimiento de la factura de desempleo, del gasto sanitario... y, por supuesto, el rescate milmillonario a empresas y entidades financieras cuando la tormenta otoñal de impagos y quiebras se desate.

La mayor partida anunciada hasta ahora han sido los 100 mil millones de euros en avales públicos para créditos empresariales. La banca los está utilizando para refinanciar parte de su deuda -y garantizar así que en caso de morosidad el 80% de las pérdidas las cubrirá el Estado - o para facilitar créditos a empresas tan “necesitadas” como el Barça o el Real Madrid que han pedido hasta 200 millones para el pago de sus jugadores. Todo un rescate preventivo de los mismos que aún deben 42 mil millones del de 2012 a pesar de llevar un lustro con beneficios históricos.

En ningún caso se están buscando los recursos para sufragar todo esto entre las grandes empresas y fortunas, éstas solo “ponen la mano”. Las propuestas del gobierno “progresista” para hacer contribuir a “los que más tienen” brillan por su ausencia o su impotencia. Así fue con el fracasado proyecto de “impuesto a los ricos” de Unidas Podemos. No salió adelante, pero de haberlo hecho se proponían recaudar 11 mil millones, una cantidad que equivale a una paga extra de los pensionistas, es decir una gota en un océano. Pasa parecido con la llamada “ tasa covid” ahora en discusión, que grabaría entre un 0,1 y un 0,2% algunas operaciones bursátiles. Si sale adelante recaudaría 2 mil 500 millones, menos que lo que se necesita para financiar el “ingreso mínimo vital”.

El gobierno “progresista”, como hicieran Zapatero y Rajoy en la crisis anterior, espera tirar del aumento de la deuda pública y de un nuevo rescate europeo. Una receta que tiene sus contrapartidas en forma de ajustes y contrarreformas sociales. El [Banco de España ya ha advertido que cuando haya algún respiro será necesario hacer un ejercicio de “consolidación fiscal” -el nuevo eufemismo para no decir recortes- y reformas estructurales en materia de pensiones y reforma laboral.

En la crisis anterior estos ajustes no vinieron inmediatamente. Fue en 2010, casi dos años después de la caída y cuando ésta había llegado a una suerte de “llanura”. Entonces Zapatero inició la ofensiva y la crisis se reabrió con otros 3 ejercicios de caída del PIB y una nueva escalada del desempleo hasta los 5 millones de parados.

Pablo Iglesias reconocía recientemente en un acto virtual de Podemos que “la crisis social se va a agravar, vienen momentos muy difíciles”. No se refería únicamente al deterioro de los índices económicos, sino que su gobierno “progresista”, como han hecho históricamente todos los gobiernos del PSOE, se tendrá que poner a la cabeza de aplicar el ajuste que necesita el capitalismo español para sobrevivirse a costa de los trabajadores y sectores populares.

El gobierno “progresista” y la burocracia sindical como freno de la respuesta social a la crisis

El propio shock de la pandemia y el confinamiento han sido factores claves que operan en la relativamente baja respuesta social a esta catástrofe sanitaria, económica y social. Tres meses de miedo al contagio, una “inasistencia” que desorganiza -sin la juventud en las aulas ni las y tampoco una parte importante de las y los trabajadores en sus centros de trabajo- y, sobre todo en las primeras semanas, un espíritu de “unidad nacional” al que se sumó hasta la derecha y que actuó también en contra de que quienes sí tenían que ir a sus puestos de trabajo dieran más y mayores respuestas que las que se han visto hasta ahora.

Si para algo están trabajando tanto Unidas Podemos como sus agentes en el movimiento obrero y diversos movimientos sociales, es para obstaculizar la emergencia de una respuesta social desde la clase trabajadora y los sectores populares empobrecidos

A esto además se le suma el propio golpe de la crisis, que como en otras muchas ocasiones en la historia, tiene el efecto inmediato conservador de no querer perder el empleo -aquellos que lo conservan- y buscar soluciones inmediatas a los grandes problemas individuales sobrevenidos.

A estos elementos hay que sumar el hecho de que sea un gobierno “progresista” el que aplica este nuevo rescate. Si para algo están trabajando tanto Unidas Podemos como sus agentes en el movimiento obrero y diversos movimientos sociales, es para obstaculizar la emergencia de una respuesta social desde la clase trabajadora y los sectores populares empobrecidos.

La CEOE, junto a la burocracia sindical, han bendecido la flexibilización y ampliación de los ERTEs, que las ayudas de vivienda se convirtieran en créditos a las familias, que el “ingreso mínimo vital” quedara por debajo del SMI y dejara por fuera a un millón de trabajadores extranjeros, que el parón de actividades no esenciales repercutiese íntegramente en los trabajadores que deberán devolver todas las horas...

Las diferencias con 2008 existen, pero éstas no son una seña de identidad del gobierno del PSOE y Unidas Podemos, sino que son compartidas por gobiernos de la derecha como el de Macron en Francia, Conte en Italia o hasta Trump en EEUU, que dió cheques de 1200 euros a 70 millones de norteamericanos y un subsidio de desempleo de 600 euros semanales a otros 21.

A pesar de esto, la campaña de la derecha y la extrema derecha contra el gobierno no ha cesado, llegando a acusaciones ridículas como la de “socialcomunista”. Una ofensiva que fortalece el espejismo, bien alentado desde el mismo ejecutivo y quienes lo respaldan, de que estamos ante un gobierno de “izquierdas” que pretende rescatar a “los de abajo”. El “malmenorismo” que justificaba en enero la investidura y cogobierno con los social-liberales, toma hoy la forma de hacer piña con un gobierno al que nadie le puede decir que no este legislando a gusto de la patronal y “dejando a millones atrás”.

Las primeras respuestas obreras a la crisis en un marco internacional convulso

A pesar de estas tendencias a la pasivización, hemos sido testigos de las primeras respuestas de la clase trabajadora. Lo vimos en los primeros días de la cuarentena, con las acciones en fábricas como Mercedes, Balay o Airbus parando la producción ante la falta de medidas de seguridad. Y como nos referíamos antes, lo estamos viendo en estos días con la movilización de los trabajadores de Nissan, sus subcontratas o Alcoa en contra de los cierres. O a los y las sanitarias que salen a las puertas de hospitales y centros de salud para exigir que se reviertan los recortes y privatizaciones, que se refuercen las plantillas y se acabe con la precariedad en el sector.

No sabemos como serán los plazos y los ritmos, pero lo que no hay duda es que los sectores obreros y populares se rebelarán contra los grandes padecimientos a los que se conducen a amplios sectores de masas.

También en sectores de la juventud, sobre todo de origen inmigrante, se han dado algunas respuestas, como las manifestaciones en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter de EEUU y el racismo institucional del Estado español. Estas fueron mucho menos masivas que las que se han producido en otros países del entorno como Francia o Reino Unido, algo que no se puede separar del hecho de que la izquierda reformista y afín al gobierno las cuestionara por inoportunas.

A pesar de ello, son ejemplos que demuestran que los obstáculos que trabajan por la pasivización no son absolutos, y que la izquierda política y sindical podría tomarlos como punto de apoyo para romper con ella. El malestar que se acumula entre quienes han estado trabajando en la primera línea durante la pandemia, quienes lo hacen en condiciones de extrema precariedad, las generaciones que a las que ya la crisis anterior les condenó a un futuro de pobreza laboral... puede convertirse en la chispa que encienda las enormes fuerzas sociales de la clase trabajadora para pelear por una salida de la crisis en nuestro favor.

Más aún si atendemos al convulso escenario internacional. A diferencia de 2008, esta crisis comienza pegada al ciclo de la lucha de clases que arrancó en 2019 con la Francia de los chalecos amarillos y la huelga del transporte contra la reforma de las jubilaciones, las jornadas de Hong Kong o Catalunya, el proceso revolucionario chileno, la resistencia al golpe en Bolivia y la oleada de movilizaciones en el norte de África y muchos países árabes. Y cuando no se han cumplido los 100 días de pandemia, vemos una rebelión juvenil contra el racismo que está golpeando en el corazón de la principal potencia imperialista mundial.

En 2008 pasaron algo más de 2 años hasta que se dieron los primeros procesos, la llamada primavera árabe de comienzos de 2011. No sabemos como serán los plazos y los ritmos, pero lo que no hay duda es que los sectores obreros y populares se rebelarán contra los grandes padecimientos a los que se conducen a amplios sectores de masas.

La responsabilidad de la izquierda política y social que se reivindica anticapitalista para no regalarle la oposición a la derecha

La burocracia sindical está firmemente comprometida con la política gubernamental. Ha dejado pasar el millón de despidos desde marzo, el no cobro de los ERTEs por medio millón y deja aisladas las luchas que se van desatando ante cierre como el de Nissan o Alcoa.

Una ubicación “malmenorista” como una suerte de “sector crítico” del bloque gubernamental, está consiguiendo que el terreno de la oposición al gobierno que de libre para la derecha

En algunos movimientos sociales y la izquierda sindical se vienen planteando críticas a las políticas gubernamentales, por lo que tienen de limitadas y de rescate encubierto a los empresarios. Pero sigue muy presente la concepción de que frente a la derecha hay que sumar fuerzas con quienes hoy están en el gobierno. Incluso se respalda acríticamente alguna de las propuestas con las que se quiere presentar como un gobierno de “izquierda” a pesar de no tener impacto relevante ni en resolver la crisis ni en hacérsela pagar a los capitalistas, como es el caso de la tasa covid que grupos como Anticapitalistas han tomado como demanda estrella.

Sin embargo, esta ubicación “malmenorista” como una suerte de “sector crítico” del bloque gubernamental, lo que está consiguiendo es que el terreno de la oposición al gobierno que de libre para la derecha, que se sigue fortaleciendo con sus discursos de demagogia social y xenofobia.

Todavía esta izquierda política y social está lejos de proponerse articular una oposición por izquierda, tanto desde las calles como desde las Cortes con las posiciones que tienen grupos como la CUP o Anticapitalistas en el Parlamento europeo o el andaluz, para luchar contra las medidas gubernamentales y por un programa para hacerle pagar la crisis a los capitalistas.

Hoy la situación ya permitiría dar pasos concretos en esta dirección. Por ejemplo, poniendo en pie una gran campaña de solidaridad con Nissan y Alcoa, que oponga al programa de la burocracia de pelear por indemnizaciones por despido o ayudas a la patronal que quiere marchar, la lucha por una nacionalización sin indemnización y bajo control de los trabajadores. Una campaña junto a la izquierda sindical, que promueva asambleas y coordinadoras entre los trabajadores de la empresa matriz y las contratas, que se exprese en movilizaciones y se fortalezca desde las instituciones con proyectos de ley con este contenido.

Lo mismo podríamos decir respecto a la sanidad. La lucha de sus trabajadores y trabajadoras podría ser un puntal desde el que intentar desarrollar un gran movimiento por la reversión de las privatizaciones, los recortes y la nacionalización de toda la sanidad privada; o con los trabajadores más precarios, impulsando su organización y coordinación como se está proponiendo desde las secciones de CGT en Telepizza.

El Régimen del 78 llega a esta nueva crisis sin resolver la suya

Una de las consecuencias de largo alcance de la crisis anterior fue la apertura de lo que denominamos como crisis orgánicas en las principales democracias capitalistas. En el caso ibérico, el Régimen del 78 entró en ella a partir del 2011 y llega al momento actual sin tenerla ni mucho menos resuelta. La precariedad de la restabilización del régimen venía dando muestras sobre todo en la inestabilidad del gobierno “progresista” y en la falta de un nuevo consenso capaz de cerrar definitivamente la crisis de representación, territorial e institucional.

El andamiaje institucional nacido de la Transición se desnuda como una entidad endeble que un cambio significativo en el terreno de la lucha de clases puede hacer crujir y desmoronarse

En la coyuntura, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos parece estar buscando, y tal vez logrando, una mejor estabilidad parlamentaria. Su acuerdo con el PNV y la derecha de Cs le puede hacer menos dependiente del apoyo del independentismo catalán de ERC. Sin embargo, el nivel de polarización azuzado por la derecha y la extrema derecha no cesa y pone en evidencia que la pelea previa entre las distintas recetas para restaurar el régimen no solo no disminuye con la situación de crisis, sino que se agrava.

La restauración “progresista” que pretendía encarnar el bloque de la investidura parece cosa del pasado . La situación no da margen ni para reformas redistributivas -no le daremos este rango a las medidas de contención- ni tampoco para una relajación o reversión de las tendencias recentralizadoras que desde 2010 han estado detrás de que emergiera la crisis catalana. De hecho, los nuevos socios del gobierno apuntan a una moderación conservadora del propio gobierno con políticas económicas en total sintonía con el resto de gobiernos europeos, un sistema autonómico limitado y mayor capacidad de intervención del Estado central.

A pesar de esta “moderación”, el otro proyecto de restauración sigue sin aceptar la más mínima concesión y está dispuesto a destronar o desgastar al máximo al gobierno para tomar la batuta de la redefinición o restauración del régimen y del plan de salida de la crisis. Representan un sector nada despreciable del Estado y el establisment, conformado no solo por la derecha política, sino por una parte significativa de la Judicatura, las fuerzas y cuerpos de seguridad y con simpatías en la Zarzuela.

Su posición más beligerante ante el independentismo los ubica como el ala más firme en la defensa de la recentralización. Cuando los recursos prometen ser cada vez más escasos y en un país donde una gran parte de los grandes negocios están ligados a las relaciones con el Estado -turismo, construcción, obra pública...- esta no es una discusión solo identitaria. En el programa de reformas estructurales confían más en sí mismos que en un gobierno vicepresidido por Unidas Podemos, para que las medidas de ajuste y las contrarreformas se lleven de forma decidida y sin pedir contraprestación alguna, por mínima que sea, a las empresas -como la tasa covid u otras medidas del estilo-.

La guerra entre estos dos sectores por arriba ensancha grietas preexistentes. La territorial, y en particular la catalana -aunque en un claro retroceso del movimiento democrático fruto de la represión la política claudicante de sus direcciones- puede volver a vivir nuevos episodios en un marco social y económico mucho más crítico que la etapa de relativa recuperación en que se desarrolló el grueso del procés. La disputa por la financiación autonómica ordinaria y extraordinaria o nuevos episodios de la guerra judicial contra el independentismo, como la anunciada destitución de Torra en otoño, hacen complicado el retorno a la normalidad autonomista con la que anhelan tanto ERCP y el DECAT, como el PSOE y Unidas Podemos.

Incluso instituciones como la Corona o la Guardia Civil se ven embarradas en esta guerra interna. La derecha pretendía emplear una parte de la Judicatura y la Benemérita para montar un juicio contra el gobierno por el 8M, y éste ha respondido contundente desde la Fiscalía General del Estado desactivando la causa, purgando al “héroe del 1O” Pérez de los Cobos y abriendo investigaciones nada menos que al Rey emérito. Parece que en lo inmediato ha dejado a la derecha a la defensiva, hay que ver por cuanto tiempo. Pero el coste para estas instituciones del régimen se medirá en los próximos meses o años.

Después de intentar “resignificar” a la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas con su utilización durante el Estado de Alarma, ahora el gobierno para defenderse tiene que dejar correr la idea de que una parte de la misma son cloacas con pulsiones destituyentes. Después de reconciliarse con la Corona y que hasta los ministros de Podemos y el PCE le rindieran pleitesía, tienen que enfangarla en el Supremo para dar un toque al bloque de la derecha que les recuerde que el Estado también son ellos.

El principal punto a favor para el régimen y sus distintas alas es la todavía debilidad de una respuesta por abajo. La relativa pasividad social hace que estas peleas por arriba tengan en lo inmediato daños controlados. Pero esto no evita que la carcoma avance y que, la inexistencia un nuevo consenso por arriba con legitimidad por abajo, haga del andamiaje institucional nacido de la Transición una entidad endeble en la que un cambio significativo en el terreno de la lucha de clases la pueda hacer crujir y desmoronarse.

Prepararse para crisis histórica que volverá a ser partera de revoluciones

La crisis del Régimen del 78 recuerda a la del Régimen de la Restauración. Aquella también fue lenta y larga. Más de un gobierno por año es la media desde la pérdida de las colonias en 1898 y la marcha al exilio de Alfonso XIII en 1931. No faltaron las estabilizaciones precarias. La última por la vía autoritaria con la dictadura de Primo de Rivera, impuesta para salvar a la Corona de su responsabilidad en el desastre militar de Annual y sofocar la amenaza que venía desde abajo: un movimiento obrero que estremeció a las élites gobernantes durante el llamado trienio bolchevique.

Necesitamos poner en pie una izquierda que rompa con toda ilusión en la gestión del Estado capitalista o la búsqueda de alianzas con sectores de la "burguesía democrática"

Pero la descomposición por arriba, expresión de una lenta decadencia de la otrora gran potencia imperial española, la horadó hasta el punto que cuando los vientos de la crisis del 29 cruzaron el Atlántico, se desplomó la peseta y se disparó el desempleo, bastaron unas elecciones municipales y manifestaciones masivas en las grandes ciudades para que se desmoronara y la clase dirigente se viera obligada a cambiarse a la chaqueta tricolor. Comenzaba así la revolución española.

Estamos aún lejos de un 14 de abril de 1931, pero la única manera de evitar que el régimen se dote de una nueva sobrevida y se nos imponga un retroceso en nuestras condiciones de vida y trabajo solo comparable al de la posguerra, es intentar prepararse para acontecimientos de esta magnitud.

La extrema derecha ya lo está haciendo. El discurso de Vox no apela solamente a los muy cafeteros que le votaron en las pasadas elecciones. Las constantes apelaciones en la tribuna a conflictos como Nissan, Alcoa o el impago de los ERTEs y el aliento del odio al extranjero entre los más golpeados por la crisis, pretende “sembrar” sus ideas entre sectores populares y de clases medias arruinadas, y poder capitalizar el desgaste del gobierno para favorecer una restauración en la clave más autoritaria y reaccionaria posible.

La izquierda reformista juega su tradicional papel de “médico de cabecera” del Estado capitalista. Hoy desde el gobierno junto a los social-liberales, convertidos en los abanderados de la Constitución de un régimen que hace aguas, sembrando desmoralización, pasivización y desorganización para “defender la democracia”, no hacen sino allanar el camino a la derecha al mismo tiempo que pasan las mismas políticas que Casado aprobaría si estuviera él en la Moncloa.

La construcción de una izquierda revolucionaria es una tarea que se torna urgente. Necesitamos poner en pie una izquierda que supere la que ha sido la tradición histórica de la izquierda en el Estado español. Que rompa con toda ilusión en que es posible resolver las grandes demandas democráticas y sociales desde la gestión del Estado capitalista. Esta fue la hipótesis Podemos, que asumieron y todavía comparte en gran medida las y los compañeros de Anticapitalistas, y que no solo vemos fracasar en el gobierno “progresista” sino en innumerables experiencias de gobiernos reformistas de izquierda a lo largo del siglo XX, incluyendo los del bienio progresista o el Frente Popular.

También con la ilusión etapista de que en una primera fase, en especial para conquistar derechos democráticos, toca establecer alianzas con sectores democráticos de la burguesía. Esta ha sido y es la hipótesis de la “unidad popular” de la CUP y la izquierda independentista. Pero la alianza con la burguesía independentista catalana no hizo más que constatar en 2017 que sirvió de obstáculo para que el movimiento democrático catalán pudiera desarrollar una movilización hasta el final contra el Estado, empalmando con la clase trabajadora catalana y del resto del Estado tras un programa de transformación social.

Por una izquierda a la altura de una crisis histórica

Desde la CRT consideramos que estas “ilusiones”, que han sido hegemónicas en la izquierda en el ciclo de crisis y luchas anterior, deben ser superadas, a riesgo de terminar replicándolas en un nivel aún más dramático. En este sentido hemos planteado a otros grupos que son parte de nuestra misma tradición marxista revolucionaria, abrir la discusión sobre la posibilidad de construir un partido unificado de la izquierda revolucionaria, que podría fortalecer un polo que pelee por otra izquierda.

Necesitamos una izquierda que retome la perspectiva de que crisis como la actual pueden ser parteras de nuevas revoluciones y que toca prepararse para que trinunfen

Una izquierda que aproveche las grietas por arriba levantando un programa que golpee sobre ellas, que luche por demandas democráticas como el derecho de autodeterminación o un referéndum sobre la caduca institución monárquica. Que lo haga oponiéndose a todo intento de restauración de este régimen, venga por su derecha o por su izquierda, y alentando la organización y movilización independiente de la clase obrera por procesos constituyentes verdaderamente libres y soberanos impuestos sobre las ruinas de esta democracia para ricos.

Una izquierda que una este programa contra el régimen a un programa obrero y anticapitalista que de una salida de conjunto a la grave crisis económica y social. Que luche por medidas como la prohibición de los despidos, el reparto de horas sin reducción salarial y la ocupación y nacionalización sin indemnización y bajo control de sus trabajadores de aquellas empresas que cierren; por la nacionalización de la banca, impuestos a las grandes fortunas y beneficios empresariales, para cubrir todas las necesidades sociales y sanitarias, para condonar los créditos a los autónomos arruinados y permitir su supervivencia; por la regularización de todos los trabajadores extranjeros y el fin de las leyes de extranjería y los CIEs; o por la expropiación de las viviendas de los grandes tenedores, entre otras medidas urgentes.

En definitiva necesitamos una izquierda que retome la perspectiva de que crisis como la actual pueden ser parteras de nuevas revoluciones. Momentos históricos en los que las masas tratan de intervenir en el dominio de su destino. En los que la existencia o no de organizaciones revolucionarias armadas con un programa y una estrategia así, con peso e influencia en la clase trabajadora y los sectores oprimidos, es un elemento definitorio para poder imponer gobiernos de los trabajadores y trabajadoras, y evitar derrotas o desvíos que nos impidan conquistar una vida que merezca la pena ser vivida plenamente.

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Santiago Lupe

@SantiagoLupeBCN
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
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