Géneros y Sexualidades

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Continúa batalla legal contra la política antiabortista de Trump

Jane Doe es el sudónimo de la joven migrante de 17 años a la que Donald Trump le ha dado a elegir entre no abortar o ser deportada.

Martes 14 de noviembre | Edición del día

Desde el pasado mes de septiembre, Jane Doe intentó cruzar la frontera de México a Estados Unidos pero fue detenida y trasladada a un refugio para menores en Texas donde fue informada por un examen médico de 11 semanas de embarazo.

Jane manifestó su intención de abortar, por lo que Jane’s Due Process, una organización legal que proporciona representantes a menores de edad embarazadas en Texas, acompañó a Jane a solicitar el permiso de un juez debido a la ley de consentimiento parental del estado.

A pesar de que su aborto que estaba programado para el 28 de septiembre por el Tribunal de apelación federal en Washington, fue impedido ese mismo día.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), que se encarga de administrar los refugios que albergan a menores no acompañados y que está a cargo del activista antiaborto E. Scott Lloyd, ha estado al frente de esta operación para evitar el aborto de Jane.

El caso de la joven ha contado además con una apelación de 130 páginas a la Corte Suprema, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a los defensores de la joven de precipitar el aborto sin darle tiempo para continuar la batalla legal.

Ahora se ha agravado el caso, ya que el gobierno de Donald Trump ha sugerido una sanción al cuerpo legal de la joven migrante, "Una sanción disciplinaria podría estar justificada" contra los abogados de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), una ONG de defensa de los derechos individuales, según afirma el gobierno. Esto significaría una escalada más en el ataque, no solo de Jane sino del conjunto de las mujeres migrantes que intentan cruzar el país del norte.

El alto tribunal legalizó el aborto en todo el país en 1973, pero con la llegada de Trump a la presidencia se han multiplicado considerablemente las restricciones sobre este derecho.

Mientras la ACLU realiza una dura pelea en los tribunales contra la medida impuesta a la menor, el gobierno de Trump tiene que lidiar contra un espinoso debate en Estados Unidos, justo cuando el magnate trata de implementar medidas para restringir la inmigración y recortar los programas federales de planificación familiar, incluido el aborto.

"Este gobierno ha ido muy lejos para impedir que esta mujer joven abortara. Ahora, como fueron incapaces de impedirlo, ponen en duda nuestra actuación", denunció el director jurídico de ACLU, David Cole.

Es evidente el mensaje reaccionario que quiere dejar asentado Trump, y que refleja la determinación de su gestión para favorecer a los sectores de tendencia conservadora que se oponen al aborto en el Congreso estadounidense.

Las protestas a favor del derecho de Jane a abortar se han hecho presentes durante el desarrollo del caso, sin embargo, es indispensable masificarlas con la presencia de organizaciones sociales, de mujeres y de derechos humanos para contrarrestar la política antiabortista del gobierno, que además está centrado en afectar a los sectores más vulnerables: las migrantes.

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