Política

CORONAVIRUS

Después de 7 horas de una reunión crítica, el gobierno decreta el estado de alarma

Limitan la libertad de movimientos, pero millones siguen trabajando sin seguridad sanitaria. Tensiones en la coalición de gobierno por el protagonismo en la gestión de la crisis. Torra y Urkullu rechazan la invasión de competencias en Sanidad e Interior.

Sábado 14 de marzo | 17:34

Pedro Sánchez ha concretado las medidas del Estado de Alarma. Toda la población del Estado español queda semiconfinada a quedarse en su casa a partir del lunes próximo, salvo más de diez millones de trabajadores que no están contemplados en las restricciones ni pueden realizar teletrabajo, obligados a utilizar el transporte público y trabajar sin la protección adecuada, como vienen denunciando en múltiples sectores.

Las medidas de Pedro Sánchez siguen los pasos de las que fue tomando en los últimos días el gobierno de Italia. Limitación de movimientos, salvo para ir a trabajar, a comprar comida y medicamentos o ir al médico, como otros motivos de fuerza mayor. El transporte público va a seguir funcionando, pero con frecuencias restringidas en los que son de media y larga distancia.

Una larga lista de actividades quedan clausuradas en todo el Estado, como la educación, buena parte del comercio minorista, grandes superficies y la hostelería. En este último caso sin embargo, el gobierno ha dejado por fuera específicamente el servicio de comida a domicilio, como Uber o Telepizza, cuyos trabajadores vienen denunciando que siguen trabajando sin las medidas de prevención necesarias.

Las medidas, totalmente excepcionales, pretenden contener una crisis sanitaria que tiene su trasfondo en décadas de recortes a la sanidad pública y a los presupuestos en sanidad, que han llevado a los sistemas sanitarios al colapso ante el rápido contagio del coronavirus.

El Estado de alarma, una figura contemplada en la Constitución, permite al gobierno tomar medidas excepcionales ante catástrofes u otras situaciones de este tipo. Las medidas incluyen la posibilidad de movilizar todos los recursos del Estado, incluidas la totalidad de las las fuerzas represivas y el Ejército.

Dentro de lo anunciado, Sánchez se refirió a la concentración del mando de todos los cuerpos policiales, incluidos los autonómicos y municipales, bajo la orden del Ministerio del Interior. Decisión que ha generado el rechazo de los gobiernos vasco y catalán por la invasión que supone de sus competencias.

Ya el viernes había asegurado que, en las próximas semanas, se espera que se alcancen más de 10.000 afectados. El estado de alarma, que se instalará durante 15 días prorrogables con la autorización del Parlamento, podría incluir requisas temporales de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. La figura permite también impartir medidas para asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad.

El organigrama de mando obedece a un esquema de centralización y de concentración en la presidencia del gobierno y cuatro ministerios: Sanidad, Interior, Defensa y Transportes. Todos ellos recaen en el PSOE, y dejan por tanto a Unidas Podemos por fuera de la gestión de la crisis. Uno de los motivos que diferentes fuentes señalan para explicar la tensión y discrepancias vividas en la larga reunión del Consejo de Ministros.

Más de diez millones de trabajadores siguen desprotegidos frente al virus y las patronales

Pero las medidas del gobierno tienen enormes contradicciones. Si el virus es tan contagioso como para confinar a toda la población en sus casas, ¿por qué siguen abiertas la mayoría de las empresas? ¿Por qué cientos de miles de personas tienen que seguir viajando en metro o buses para ir al trabajo, cuando no son sectores de máxima necesidad? ¿Y por qué no se garantizan implementos básicos de protección como mascarillas, alcohol en gel y otros para personas que tienen que seguir trabajando, como cuidadoras, cajeras de supermercados y muchas otras?

El presidente ha declarado que a partir de ahora el gobierno queda facultado para intervenir todos los recursos de la sanidad privada, clínicas y laboratorios, sin embargo esto sigue sin implementarse en buena parte del Estado donde la privada sigue haciendo negocio con la crisis o las pruebas diagnósticas que apenas se realizan en la pública.

Al mismo tiempo, se están comenzando a implementar EREs, ERTEs, despidos y cese de contratos en miles de lugares de trabajo. En muchos casos, las patronales obligan a los trabajadores a cogerse las vacaciones, a consumirse el paro, o simplemente cancelan los contratos. Ante esta situación, los sindicatos están negociando con las patronales la aceleración de los ERTEs, sin garantizar que se pague el 100% del salario, y dejando de miles de trabajadores precarios sin respuesta alguna.

Pedro Sánchez ha dejado para el siguiente Consejo de Ministros los decretos sobre los efectos económicos de esta crisis. Ha anunciado que éstos tendrán tres ejes, las supuestas ayudas a las familias, la flexibilización de los ERTEs y facilitar ayudas y líneas de crédito a las empresas.

El gobierno "progresista" se sigue sin embargo a adoptar medidas fundamentales como las que ya le piden distintas organizaciones de la izquierda sindical, como la garantía del cobro del 100% del salario por cuidado de menores, baja, confinamiento o suspensión de actividad, la moratoria de alquileres, hipotecas y desahucios, y que el coste de esta crisis no la peguemos entres todos -por medio de las arcas públicas o de la Seguridad Social- sino las mutuas privadas e impuestos sobre los beneficios empresariales.






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