Sociedad

EMERGENCIA SANITARIA

¿Dónde están los recursos de la sanidad privada puestos al servicio de la lucha contra el coronavirus?

El Gobierno debería informar detallada y diariamente del uso de las camas, las ucis y los profesionales y todos los recursos de la sanidad privada, clínica a clínica, hospital a hospital, que se están utilizando en esta crisis. Pero todavía no ha dicho una palabra al respecto.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Viernes 20 de marzo | 12:41

El Real Decreto del domingo pasado publicado por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos señalaba en el aspecto sanitario, entre otras cosas, la puesta a disposición de todos los medios operativos y a pleno rendimiento, humanos y materiales, de la sanidad privada y sin contrapartida económica en la lucha contra el Covid-19.

El Gobierno debería informar detallada y diariamente de ese uso, clínica a clínica, hospital a hospital. Todavía no han dicho una palabra al respecto, aunque sí se ha informado, sin embargo, de la disponibilidad de infraestructuras hoteleras privadas, para el tratamiento de los casos menos graves.

Todo parece apuntar a qué en realidad, pese a su necesidad perentoria, no se han incautado bienes ni personal de la sanidad privada, por el momento, para la lucha contra la pandemia.

Mientras el portavoz sobre la situación del Covid-19, el epidemiólogo Fernando Simó, o el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, salen todos los días a informarnos de los nuevos casos de contagio, del número de fallecimientos y de las altas que se van produciendo, sin embargo, no informan en absoluto de qué hospitales y clínicas de la sanidad privada se van incorporando progresivamente a la lucha contra el Covid-19.

Este viernes se ha informado de que se registran ya 19.980 casos en todo el Estado español, con 1.002 muertos, 1.141 están ingresados en la UCI y 1.585 altas. Madrid sigue siendo la Comunidad más afectada con 7.165 casos positivos y 628 muertos, un 8,76% de incidencia de la mortalidad. Aunque estos datos son el resultado de los casos testeados y/o confirmados telefónicamente, cuando la realidad es que existen miles de casos no computados de personas contagiadas en sus casas.

Respecto a la sanidad privada, sin conocimiento alguno de su uso por parte del Estado para luchar contra el Covid-19, nos preguntamos, por ejemplo, sobre la utilización tan necesaria de clínicas y hospitales de las élites económicas, como la Ruber o Quirón, y del conjunto de la sanidad privada. Contando con los mejores y tecnológicamente más avanzados medios disponibles, y disponiendo de un cuadro de médicos de altísima calidad (que suelen atender a grandes personajes de todos los ámbitos, incluidos los miembros de la Casa Real española), se desconoce a fecha de hoy si tienen ingresados o no, algún enfermo de Covid-19. Enfermos que deberían ser enviados directamente desde la sanidad pública, para cumplir con la letra del Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez y a los que se tendría que estar atendiendo, ocupando las camas hospitalarias necesarias o las unidades de la UCI correspondientes, según el caso.

En consecuencia, y mientras parece que la sanidad privada no colabora de hecho en la lucha contra la pandemia -o carecemos de datos al respecto-, en la sanidad pública los profesionales sanitarios y no sanitarios, se están batiendo el cobre por sacar adelante los enfermos que están llegando, muchos de ellos con situaciones de extrema gravedad, sin prácticamente medios disponibles en muchos casos y absolutamente desbordados dadas las maratonianas jornadas laborales que están soportando.

Además, no por casualidad existen múltiples denuncias de falta o escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) para los y las trabajadoras de la sanidad pública, incluyendo material tan básico como mascarillas, gafas o guantes, que están poniendo en riesgo a gran parte del personal sanitario y no sanitario de los hospitales y centros de salud. Y, sin embargo, se desconoce totalmente cuál es el esfuerzo que está realizando por parte de la sanidad privada, para situarse también en la primera línea de lucha contra la pandemia del Covid-19, como debería ser dada la emergencia sanitaria existente.

La situación está siendo tan desesperada y llegando hasta tal punto en la sanidad pública qué, esta mañana incluso se ha denunciado a través de alguna emisora de radio, la cadena Ser, que los médicos del Hospital Severo Ochoa estaban pidiendo que se les facilitaran, algo tan básico y elemental como botellas de agua, por haberse quedado sin ellas, y ante la necesidad de ellas, debido al uso del material de protección que les hace sudar copiosamente.

Todo ello, en un contexto de crecimiento exponencial de la curva de infectados, como hemos visto en los datos facilitados anteriormente, sin que se haya alcanzado todavía el máximo previsto, según palabras de Fernando Simó en la rueda de prensa de esta misma mañana.

Y, por lo tanto, con la necesidad de seguir disponiendo de todos los recursos sanitarios al máximo posible de su capacidad, para evitar las mayores muertes posibles y los mayores daños físicos y mentales a la población afectada.

Teniendo en cuenta, por otra parte, que la Comunidad de Madrid es la que más casos de contagio está sufriendo, tanto con el mayor número de enfermos graves como de muertes producidas, sin embargo, se desconoce que se haya recurrido en ningún sentido a los medios sanitarios en material, profesionales e infraestructuras de la sanidad privada.

Porque, lo cierto, es que el número de camas existente actualmente en la sanidad pública madrileña, tras perder multitud de ellas como consecuencia de los recortes por la crisis de 2008, son 11.629, de las que tan solo 641 camas son de unidades de UCI. En la sanidad privada parece ser que se dispondrían de 6.819 unidades más de la UCI. En el conjunto del Estado español el número de camas de la sanidad pública son 93.683 con 4.627 en UCI.

Pues bien, y pese a las alertas que realizaron desde estas unidades los y las trabajadoras, desde el comienzo de la crisis, señalando que si la curva de contagios seguía incrementándose el sistema podría colapsar y que en consecuencia eran imprescindibles y con urgencia más profesionales y recursos, sus demandas han caído en saco roto como se puede comprobar por el nivel de saturación actualmente existente en las UCI de los hospitales madrileños.

Ante eso, el Gobierno regional se planteó como objetivo llegar a las 1.000 camas para los pacientes graves, sin embargo, más allá de que se haya podido llegar a esa cifra, está claro que resultarían aun así insuficientes, dado el nivel exponencial de contagios existente y, en consecuencia, no se entiende que no se haya hecho uso, como posibilita el Real Decreto, de los medios e infraestructuras de la sanidad privada.

Posiblemente todo ello puede tener una explicación clara si entendemos las políticas neoliberales extremas del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid que han atacado y debilitado enormemente la sanidad madrileña. Lo que ha sido un planteamiento histórico desde los Gobiernos de Esperanza Aguirre hasta hoy. Y que ahora con Díaz Ayuso se prolongan. No en balde recientemente ha designado a un médico conocido defensor de las privatizaciones, Antonio Burgueño, como asesor contra el Covid-19, nada menos, que fue defensor del llamado modelo privatizador Alzira. Y cuyo nombramiento, además, ha sido rechazado por la mayoría de los profesionales sanitarios, ocasionando un auténtico escándalo.

Solo la incautación real y efectiva de todos los recursos de la sanidad privada por el Estado, bajo control de comités de trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública y usuarios, que haga posible de facto la utilización de esos recursos con transparencia y mediante un uso colectivo y democrático de esos bienes materiales y personales y del conjunto de esas infraestructuras, podría garantizar una actuación suficientemente potente contra la enfermedad del Covid-19. Además, sería necesaria, también la contratación masiva y sin límites del personal y de las inversiones sanitarias necesarias para hacer frente a la pandemia.

Y al mismo tiempo, es necesario seguir exigiendo como medida urgente la ampliación de los testeos del virus. El aislamiento, que va de la mano de una creciente militarización de la sociedad, no puede ser la única medida. Las medidas de confinamiento de una parte de la población -la que no está obligada a trabajar- son recomendables, pero totalmente insuficientes por sí mismas para prevenir el contagio. Como medida en sí misma, es más propia de la edad media que del siglo XXI. Lo que hace falta es generalizar los testeos, como se hizo en Corea del Sur.

Para la población en general y en particular para los trabajadores y trabajadoras que no pueden abandonar sus puestos de trabajo porque están en la primera línea del frente de batalla contra el virus -en la sanidad, la producción y distribución de alimentos, los puertos y los recursos estratégicos- la posibilidad de realizar tests de forma rápida y detectar los casos correspondientes de coronavirus es una medida fundamental para combatir la pandemia. Los sindicatos mayoritarios, que están completamente ausentes hasta ahora de toda discusión al respecto, deberían ponerse a la cabeza de esta exigencia, así como de la prohibición de los despidos y las licencias pagas pro las empresas, en vez de negociar con ellas y el gobierno ERTEs masivos como los que vienen sucediendo.






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