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ETA iniciará su desarme total

ETA anunció el pasado viernes que comenzará el desarme e indicará la localización de los zulos. El Gobierno marca el paso en el mismo lugar buscando perpetuar la represión de excepción contra el MLNV.

Guillermo Ferrari

Barcelona | @LLegui1968

Martes 21 de marzo

Foto: Etxera

ETA, que ya lleva más de 6 años sin cometer atentados, ha anunciado un desarme unilateral que se acabará el 8 de abril próximo. La noticia fue adelantada por el diario francés Le Monde. Y, es probable que ETA envíe un vídeo a la BBC.

En 2014, la organización armada había iniciado un plan de desarme bajo la supervisión del Comité Internacional de Verificación (CIV). El Presidente del CIV, Ram Manikkalingam, había recibido una entrega de una parte del arsenal de ETA. Ahora, con éste histórico desarme, ETA abandonaría las accionas armadas definitivamente.

En los últimos años las células de ETA han estado sometidas a una fuerte persecución, en diciembre pasado la policía francesa detuvo a cinco personas e intervino un zulo con armas. Aunque esta operación fue realizada para evitar un acto del desarme unilateral de ETA que iba a ser filmado como prueba de su voluntad.

ETA continúa con su voluntad de desarme y de tregua unilateral iniciada en 2011 a través del Comité Internacional de Verificación. Tanto el gobierno francés como el español han rechazado acuerdo alguno con la organización.

Este anuncio histórico tendrá consecuencias en el escenario político vasco y probablemente en el Estado español. El futuro desarme de ETA quita fuerza al argumento del miedo que el PP y el PSOE han aireado como justificante para mantener la legislación represiva de excepción que se ha aplicado contra el MLNV y otros sectores políticos (Ley de partidos, Ley Antiterrorista, medidas penitenciarias excepcionales como la dispersión...). Hay que ver cómo repercute en relación a Bildu y la izquierda abertzale y si pueden recuperar algo del espacio que Podemos le está comiendo.

Primeras reacciones

El Gobierno, a través del ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, planteó que continúan con la misma política: ETA debe desarmarse y disolverse. Rajoy no quiso hacer declaraciones y Cospedal pidió muestras del desarme. Se nota la sorpresa del Gobierno.

Arnaldo Otegi valoró en una declaración de urgencia el anuncio del desarme. Para Otegi es una buena noticia ya que la izquierda independentista quiere consolidar la paz en éste país. El

dirigente de EH Bildu manifestó la voluntad de que el proceso de desarme sea total e íntegro. Otegi denunció que Francia y Estado español bloquearon el desarme de ETA.

El Lehendakari Urkullu dio veracidad al desarme de ETA y lo apoyan. Seguirán de cerca el desarme para que sea total y legal. Pide al Gobierno español y al de Francia alturas de mira y canales de comunicación directo para lograr este desarme histórico.

Susana Díaz, la Presidenta de Andalucía, dijo que ETA debería haberse desarmado antes. Y aventuró en que este anuncio es la materialización de la victoria de los demócratas contra la organización armada. Herrando por su parte bregó por la “disolución definitiva de la banda terrorista”. Más o menos lo mismo que el PP.

El desarme no es la “paz”

La gran mayoría de los dirigentes políticos y analistas se alegran del anuncio del desarme de ETA. Muchos titulares hablan de un gran paso hacia la “paz”. Sin embargo, eso no es exactamente así. Sin duda alguna que ETA abandone el terrorismo de un grupo de iluminados será importante para la acción política de las masas laboriosas pero eso no significará la “paz”.

Esta “paz” está basada en el olvido de los crímenes y criminales franquistas y en la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado llevados adelante durante la democracia. Es una “paz” que nos chantajeó con que había que aceptar la Constitución y el Rey puesto por Franco porque había ruidos de sables. Es una “paz” que no reconoce a las nacionalidades y las oprime, y cuando éstas proponen un referéndum se ponen en marcha “operaciones Catalunya” como la que vemos estos meses lanzada por el ejecutivo y la judicatura. Es una “paz” que oprime a millones de mujeres.

Es una “paz” que sirvió para la desindustrialización española con despidos y precarización, y para que la peor crisis en décadas haya sido descargada sobre la clase trabajadora y sectores populares. Es una “paz” en la cual los tres más ricos tienen lo mismo que 14,2 millones de personas. Es la “paz” de un Estado que, junto a sus socios imperialistas, promueve la guerra en Siria, en Afganistán y muchos puntos del planeta. Es una paz que castiga y expulsa a los inmigrantes y que abandona a los refugiados.

Por todo lo expuesto, que ETA acabe con su accionar militar no traerá una verdadera “paz”. Porque es el Estado español quien promueve la “guerra”. Y, en el caso de ETA, fue el mismo Estado quien se negó a negociar y a permitir un desarme dialogado, puesto que los atentados de ETA les permitían a los gobiernos socialistas y populares alardear una política de miedo y ganar votos.

PP, PSOE y Cs conservan el estado de excepción contra el MLNV

Es claro que el terrorismo individual practicado por ETA no ha permitido avanzar en la lucha por el derecho de autodeterminación. La estrategia de la organización armada cometiendo bárbaros atentados ha sido un obstáculo para desarrollar la lucha política y social por la autodeterminación y los derechos de los trabajadores.

Pero el gran problema ha venido siempre por el terrorismo de Estado ejercido por la dictadura franquista y el Régimen del 78 sobre los trabajadores y el pueblo vasco (y del resto del Estado). Esta represión ha quedado completamente impune gracias a la “Transición modélica” y la “Judicatura democrática”. No solo ello, sino que la Constitución no reconoce las naciones existentes en todo el Estado. Incluso las GAL de Felipe González continuaron el mismo camino.

Esta política represiva es la que el PP, con la posición inmovilista secundada por el PSOE y Cs, quiere poder seguir manteniendo. Por ello sería fundamental que todos aquellos sectores que critican la política antiterrorista del gobierno y sus socios en la materia, empezando por Unidos Podemos y Bildu, llamen a movilizaciones por demandas elementales como la derogación de la Ley de Partidos, la Ley Antiterrorista, la amnistía de los presos de ETA (comenzando por su inmediato acercamiento al País Vasco) y la disolución de la Audiencia Nacional, el tribunal de excepción que se viene utilizando para encarcelar a jóvenes por hechos como haber participado en manifestaciones en las que se han producido disturbios.

Luchar por imponer procesos constituyentes por la movilización social

Los intentos por la integración del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) en el juego político del Régimen del 78 han demostrado su impotencia. Ejemplo de esto fue la alcaldía de Bildu en San Sebastián. El reformismo institucional, político o sindical no es pues una alternativa al reformismo armado.

Es necesario incluir la lucha por los derechos democráticos del pueblo vasco en la lucha contra el Régimen heredero del franquismo y la burguesía centralista. Esta tarea solo puede ser llevada adelante con la plena independencia de toda la clase obrera del Estado y en lucha contra la burguesía centralista, ya sea española o francesa. Ni tampoco se podrá realizar aliados con la burguesía nacionalista vasca, puesto que solo busca regatear mejores condiciones para seguir explotando a los trabajadores y sectores populares de Euskal Herria.

Que Euskadi y Nafarroa puedan ejercer su derecho a la autodeterminación, igual que Catalunya, sólo puede ser sobre las ruinas del Régimen del 78. Por lo que es fundamental la lucha por imponer por medio de la movilización social procesos constituyentes en el Estado y las nacionalidades en los que el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco y el resto de las nacionalidades del Estado español pueda ejercerse. Por ello la única alianza que puede ayudar a la lucha de MLNV sería la de la clase trabajadora de todo el Estado con los sectores populares, asumiendo las demandas democráticas legítimas de los pueblos vasco y catalán.






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