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El Ayuntamiento de Madrid se niega a llevar a juicio al equipo de Botella

Carmena se muestra contraria a denunciar las corruptelas del gobierno de Ana Botella en relación a la venta de vivienda pública a un fondo buitre.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Viernes 15 de abril de 2016

Foto: EFE

Así lo aclaró la concejala de Derechos Sociales, Marta Higueras, tras conocerse los resultados del informe provisional elaborado nada menos que por la Cámara de Cuentas de Madrid sobre este escándalo. También evitó “entrar en el contenido hasta que sea definitivo” y señaló que no le parecía viable la solución judicial alegando que sería “larguísimo” -entre ocho y diez años de duración- lo que provocaría que “no nos daría tiempo a evitar el desalojo”.

En el mismo sentido, a principios de esta semana se reunió de forma extraordinaria el consejo de administración de la EMVS -Empresa Municipal de Vivienda y Suelo- acordando limitar el informe jurídico a la finalidad de dirimir “irregularidades administrativas”, según declaró el concejal de Hacienda Sánchez Mato. Indicando, por otra parte, que nunca han pretendido utilizar el informe de la Cámara en un posible proceso judicial contra quienes vendieron a precio de saldo miles de viviendas públicas a fondos buitre.

Resulta muy llamativo que ninguno de los concejales quisieran entrar al fondo del asunto. Son abundantes las evidencias de irregularidad e ilegalidad de las actuaciones por malversación de fondos públicos. En este caso en concreto, es un caso profundamente ligado a las políticas expropiadoras de lo público seguidas durante toda la crisis por el PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Sacarlas a la luz y denunciar a sus responsables debería ser lo más natural del mundo para los representantes de un “ayuntamiento del cambio” que basó gran parte de su campaña electoral en denunciar las tramas corruptas y las “puertas giratorias” de los gobiernos del PP y PSOE. Más aún contando con un informe a su favor elaborado por un órgano como la Cámara de Cuentas de Madrid, nada sospechoso de tendencioso en contra de los intereses del anterior gobierno municipal dada su designación y composición. El texto pone en evidencia que hay claros indicios contra Ana Botella y otros responsables del PP, por malversación de fondos públicos.

La operación de venta de esta promoción de viviendas, se cerró por 128,5 millones de euros, se inició en 2013 y desde entonces el fondo buitre Blackstone, ha ido desahuciando a varias decenas de familias que se han visto incapaces de hacer frente a las nuevas condiciones impuestas. La propia Ana Botella no tuvo ningún rubor en mentir descaradamente en el Pleno municipal en que dio cuenta de esta operación, cuando afirmó que el único cambio que iban a experimentar los inquilinos era el nombre del que emitiría el recibo del alquiler mensual. Cabe destacar también que el hijo mayor de la exalcaldesa, Jose María Aznar Botella, está vinculado a empresas para las que trabaja el propio fondo buitre.

Pese al carácter provisional del informe, sus conclusiones son demoledoras contra la gestión de Ana Botella. Es altamente improbable que este organismo vaya a desdecirse respecto a la venta a un fondo buitre de 1.860 pisos de vivienda social del Ayuntamiento. Aunque todo podría pasar, y más si el actual Ayuntamiento se niega a emplearlo para actuar contra estos expoliadores de los público.

Por otra parte, es curioso que esta extrema prudencia de Ahora Madrid para no dar como firmes las conclusiones del informe no la se viera en otros casos como el de los titiriteros. En aquella ocasión, en tiempo récord, el consistorio actuó contra la libertad de expresión con la única fuente disponible de el griterío de la derecha mediática y vídeo casero. Una rápida reacción que supuso la entrada en prisión para los artistas y el cese de responsables de la programación de ese espectáculo de títeres. Una dinámica a la que ya nos está acostumbrando el nuevo equipo de Carmena, y que no es sino la vieja historia de mano de hierro para los humildes y desvalidos y mano de seda para las élites, las grandes empresas y los banqueros.

Esta negativa a no denunciar a los anteriores gobernantes, viene a decir que directamente se renuncia a la persecución del posible delito y la recuperación, tardía pero irrenunciable, de los bienes públicos enajenados en favor de los intereses de las clases populares.

Todo ello se viene a sumar a la explícita negativa del equipo de Carmena a otras alternativas extra-judiciales, basadas en la movilización social, para la recuperación de los derechos de los inquilinos que ahora se ven desalojados de estas viviendas ante los precios desorbitados en los precios de alquiler impuestos por el “fondo buitre”.

En primer lugar el Ayuntamiento debería abrir una Comisión de Investigación bajo la dirección de los propios inquilinos afectados, conocedores en primera persona de esta la problemática situación. Sin duda serían los más indicados y los únicos que llevarían hasta las últimas consecuencias el proceso de toda la investigación que este caso merece.

Todos los servicios económicos y jurídicos del municipio necesarios y toda la documentación de los expedientes, que lógicamente debe tener el Ayuntamiento, deberían ser puestos a disposición de los afectados para poder llevar a cabo las labores de esa Comisión de Investigación y, por extensión al conjunto de los trabajadores y vecinos con el fin de asegurar una total transparencia en la información y en la actuaciones que se pudieran desarrollar.

Finalmente, deberían respetarse y cumplirse las conclusiones y medidas a las que llegara la mencionada Comisión de Investigación dando solución efectiva a la problemática social suscitada. Estas serían decisiones importantes para evidenciar otra forma de hacer política, las políticas en favor de las clases populares y en contra de las élites.






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