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El PP gallego aprueba una proposición de Ley para hacer obligatoria la vacunación

La proposición de ley se aprobó el martes 23, dando un marco legal que permite la obligatoriedad de las vacunas y sanciones que podrán ir desde los 1.000 a los 60.000 euros. La oposición votó en contra por considerarla un ataque a las libertades fundamentales. La ley, por otra parte, no plantea ningún reforzamiento de los servicios públicos ni la mejora de las condiciones laborales de los sanitarios.

Martes 23 de febrero | 18:58

La proposición de ley de la Xunta plantea que la “negativa injustificada a someterse a medidas preventivas, consistente en la vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias, de acuerdo con establecido en esta ley” será considerada una “infracción leve", con multas de entre 1.000 y 3.000 euros. Sin embargo, se abre una posibilidad de que haya infracciones “graves”, “cuando puedan suponer un riesgo o un daño grave para la salud de la población”. En este caso las sanciones podrían ir de entre 3.001 a 60.000 euros.

En ningún momento se especifica cuando se realizaría la mayor sanción, lo que permite cierta arbitrariedad a la hora de su aplicación. En el texto está claro, por ejemplo, que si un sanitario se niega a hacer cuarentena puede enfrentarse a una sanción muy alta, pero no queda claro en cuanto a la negativa a la vacunación.

La enmienda ha salido adelante con 41 votos del Partido Popular, con mayoría absoluta en el Parlamento gallego, y 32 votos en contra, del Partido Socialista de Galicia y del BNG. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad y el gobierno central ya han manifestado en varias ocasiones que la vacunación no debería de ser obligatoria. Pero la mayoría absoluta de Feijóo le ha permitido aprobar esta polémica modificación, medida que entrará en vigor en las próximas 24 horas, una vez publicada en el Diario Oficial de Galicia.

La ley también recoge un nuevo marco de medidas para hacer frente al coronavirus, entre los que destacan múltiples sanciones por no llevar mascarilla, hacer botellón o, como ya advertía el texto, establecer como obligatoria la vacuna contra la enfermedad.

Esta modificación de la “Lei de Saúde” se da en un contexto de profunda crisis social y de creciente polarización social y política en Galicia. El sábado 20 de febrero se produjo en Santiago de Compostela una manifestación negacionista, convocada entre otras organizaciones por “Policías por la libertad”, una organización de marcado carácter ultraderechista y con un discurso populista de derecha, manipulativo y conspiranoico. Al mismo tiempo se había convocado una concentración antifascista en repudio de esta acción de la extrema derecha, que fue impedida por las fuerzas de seguridad, y donde fueron identificadas numerosas personas. Una vez más se demuestra a quien se le permite la libertad de expresión y a quien no en el Estado español.

Desde estas páginas no podemos hacer más que oponernos a esta nueva Ley. No porque neguemos la necesidad de la vacunación masiva de la población para acabar de una vez por todas con esta pandemia, sino porque consideramos que es un ejercicio de demagogia y lavado de cara del gobierno gallego, que busca dar una imagen de lucha “dura” contra la pandemia, lo que le separa de la “estrategia Ayuso” en la comunidad de Madrid donde se sacrificaron vidas en aras de la “economía”.

En este sentido según el último sondeo del CIS, realizado entre el 3 y el 11 de febrero con casi 4.000 entrevistas, el 82,9% de los ciudadanos en el Estado español están dispuestos a recibir la vacuna de forma voluntaria. No existen sondeos específicos para Galicia, pero no tendríamos por qué pensar que la opinión de los gallegos fuese sustancialmente distinta al del resto del Estado español. Según los expertos sanitarios la “inmunidad de rebaño” se alcanza con porcentajes superiores al 70 %, en la cual la pandemia se convertiría en una epidemia estacional, como lo es actualmente la gripe. Por tanto, no hay razones científicas para hacer la vacunación obligatoria. Además de la imagen política, quizás el único motivo de la actual administración para llevar a cabo esta medida es puramente recaudatoria.

Por otra parte, consideramos que esta medida se encuadra dentro de una campaña general del gobierno gallego, y también del gobierno central, de apelar a la “responsabilidad individual” y defender de forma más o menos velada una “culpabilidad individual”. Es decir, la culpa de los miles de muertos y las consecuencias indirectas de la pandemia no sería fruto de la sobreexplotación natural y el contacto con patógenos salvajes al que nos expone el sistema capitalista, o a la enorme globalización del mundo actual, ni de los principales gobiernos europeos y las administraciones regionales por los profundos recortes neoliberales en los sistemas sanitarios, que fueron contestados con la movilización, durante más de una década.

Sería únicamente de los “individuos irresponsables” que no obedecen a rajatabla todas las medidas restrictivas de los derechos individuales, incluso cuando estas son confusas o no están avaladas por un consenso del personal técnico, sanitario y científico, si no por “grupos de expertos” elegidos directamente por las cúpulas políticas. Pretenden convencernos de que la culpa es nuestra, en especial de los jóvenes, que son uno de los sectores que más están sufriendo esta crisis, con problemas psicológicos, grandísimas tasas de paro y precariedad y sin perspectivas de futuro. Pero no vamos a caer en esta falacia de los que no quieren asumir sus responsabilidades.

Porque sabemos que el verdadero problema no es la obligatoriedad de las vacunas, si no que el ritmo de vacunación se está haciendo a cuentagotas, porque las grandes empresas multinacionales han firmado contratos abusivos con los estados que defienden con sus intereses, han cobrado por adelantado dosis que tardarán meses en llegar, compiten entre ellas para obtener mercados y guardan bajo llave las patentes de las vacunas (cuya investigación fue financiada principalmente con fondos públicos) con el único objetivo de lucrarse con la desgracia humana en todo el mundo.

Hemos de reconocer que el gobierno gallego ha conseguido reducir de forma considerable esta tercera ola (con casi todos los indicadores bajando cada día), pero sólo a través de un semi-confinamiento y medidas punitivas y restrictivas que ha paralizado gran parte de la economía y que está llevando a la miseria a decenas de miles de personas, y con cifras de mortalidad todavía bastantes altas. Por eso consideramos que una verdadera salida a esta enorme crisis sanitaria y económica pasa por una batería de medidas completamente distinta a las aplicadas tanto por el “gobierno progresista” central o el PP gallego.

A nivel sanitario: es necesario reforzar el sistema de salud (fuertemente recortado durante la crisis en Galicia) con más personal, más medios, y haciendo fija a toda la plantilla, hay que expropiar toda la sanidad privada, así como las empresas farmacéuticas y de insumos para ponerlas a pleno funcionamiento en favor de la sociedad, defendemos asimismo la anulación de las patentes y la fabricación masiva de vacunas por parte del Estado. El Estado español tiene capacidad para hacer esto, ya hubo precedentes en la historia, como cuando la India se negó a pagar los precios abusivos de los medicamentos para el SIDA y realizó genéricos (un poco menos efectivos), usando las mismas fórmulas que las compañías farmacéuticas.

A nivel económico: planteamos la prohibición de los despidos bajo amenaza de expropiación a empresas que despidan, la nacionalización de sectores estratégicos como la banca o las eléctricas para financiar unos servicios públicos reforzados y de calidad, así como créditos baratos a las pequeñas empresas y autónomos en quiebra. Una medida que consideramos prioritaria para evitar que sectores de las clases medias se radicalicen hacia la extrema derecha populista, como está ocurriendo en grandes partes del Estado español. En Galicia estos sectores tienen muy poco peso, pero están empezando a crecer de forma moderada ante la inacción del gobierno gallego y central hacia los problemas principales de la clase trabajadora y las clases populares.

Para imponer este programa es necesaria una gran movilización de las fuerzas sociales. No bastan con discursos contra los recortes en el Parlamento de Galicia por parte de la oposición del BNG y el PSOE. Es necesaria la implicación de los principales sindicatos, principalmente la CIG (el sindicato mayoritario en el país) y las organizaciones de izquierda para hacer un frente único y luchar por las medidas que realmente necesitamos para salir de esta crisis.

En este sentido, nos podemos preguntar, ¿para cuándo una huelga general?, ¿es que no hay motivos suficientes ante la situación de pobreza y el retroceso en los derechos individuales y sociales? La CIG “estuvo a punto” de realizar una hace dos años, que después desconvocó como “voto de confianza” al gobierno del PSOE. Ya hemos visto cómo actúa el PSOE y Unidas Podemos y conocemos de sobra el “modus operandi” de Feijóo. Esperamos que organizaciones sindicales como la CIG y la izquierda sindical en Galicia reaccionen a la altura de las circunstancias.






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