Economía

EMERGENCIA ENERGÉTICA

El desbocado coste de la energía, una “prueba de fuego” del posible gobierno PSOE-Unidas Podemos

El precio de la electricidad y el gas están desbocados. Así lo demuestra un estudio publicado por Eurostat. En un contexto de ralentización económica y posible recesión, amplias capas de la clase trabajadora y las clases populares se podrían encontrar en una situación de emergencia energética. Las puertas giratorias y las políticas de tarifas desarrolladas hasta ahora barruntan la incapacidad para resolver este problema social por parte del posible Gobierno PSOE-Podemos. Solo la nacionalización del sector energético bajo control obrero podría erradicar la llamada “pobreza energética”.

Juan Carlos Arias

Madrid | @as_juancarlos

Martes 26 de noviembre | 19:17

Los precios de la energía eléctrica y del gas en el Estado español siguen ascendiendo meteóricamente año tras año, sin que ningún gobierno, sea del PP o del PSOE, les ponga freno. Así, lo atestigua la evolución de los precios desde 2008 hasta el primer semestre de 2019, según un estudio de Eurostat publicado recientemente. En este estudio se demuestra qué durante el primer semestre de 2019, se han alcanzado los costes más altos de la historia que estamos soportando para la factura de la luz y del gas.

En concreto, Eurostat, que es la oficina estadística de la Unión Europea, ha señalado que el precio que pagan los consumidores domésticos por la tarifa eléctrica ha supuesto pasar de los 0,1124 euros kWh de 2008, hasta los 0,1889 kWh. Esto implica un incremento del 68,06% en poco más de diez años

Además, también según datos de ese estudio, en comparación con el resto de Europa los precios de la energía eléctrica son mucho más elevados en el Estado español. Solo existen dos países que paguen más: Irlanda y Bélgica. Pero si introducimos la variable del poder adquisitivo para ver cómo ha repercutido en el poder de compra, obtenemos que somos los segundos que más daño económico hemos sufrido durante el primer semestre de 2019, solo superados por los checos.

Lo mismo sucede con el precio del gas. Aunque ha subido menos que la electricidad, se ha encarecido un 20% más durante ese mismo período que va de 2008 al primer semestre de 2019. Y también como en el caso de la electricidad somos de los más careros, solo Suecia nos supera y estamos por delante de países como Alemania, Francia o Italia con niveles de vida mucho más elevados, pero también por delante de Portugal que tiene inferior poder adquisitivo.

El PSOE, el PP, la liberalización energética y las puertas giratorias

Toda la problemática con los elevados precios de gas y electricidad se inició con la liberalización de ambos mercados. Previamente se habían privatizado las empresas que eran públicas y producían la energía y la distribuían. La liberalización de los mercados comenzó en 1997 cuando se aprobó la ley del sector eléctrico y del gas. A partir de entonces se abrió un mercado mayorista que es donde las empresas generan la electricidad y el gas vendiendo su producción a distribuidoras a un precio que oscila en función de la oferta y la demanda. De ahí que se desboquen continuamente los precios, teniendo en cuenta, además, que muchas de las distribuidoras son también propiedad de las propias eléctricas o empresas del gas. La plena liberalización para ambas fuentes de energía se alcanzó el 1 de enero de 2003.

Antes de la liberación era el Estado quien fijaba los precios y aunque se adujo que la liberación de esos sectores traería mayores niveles de competencia entre las empresas y, en consecuencia, bajadas de precios, lo cierto es que más bien ha ocurrido todo lo contrario.

Ahora le han explotado los precios al Gobierno “socialista” de Sánchez, pero en el año 2017, por ejemplo, en una escalada de precios anterior, le explotó al Gobierno del PP de Rajoy. Esto es porque las políticas de todos los gobiernos han ido en la misma dirección condicionados, además, en parte por las políticas de la UE. Si bien, en el caso español, y de ahí lo más elevado de los costes para el consumidor, hay que añadir las partes de la factura que tienen que ver con los costes fijos, una compensación a las empresas eléctricas por supuestas pérdidas tenidas supuestamente sufridas durante el período de regulación estatal. Algo que fue aprobado y mantenido por los Gobiernos Aznar, Zapatero y Rajoy. Y que supuso que las eléctricas se forraran primero con el Gobierno de Aznar, luego con el de Zapatero y también, claro con el de Rajoy.

Por ejemplo, durante los Gobiernos de Zapatero el precio de la luz se disparó casi un 80%, sobre todo por el famoso déficit de tarifa heredado. Pero es que Rajoy se sacó de la manga una reforma del mercado eléctrico en 2013 cuyo objetivo era tapar un agujero que crecía a ritmo de 4.500 millones de euros anuales, a costa de los consumidores, por culpa de estos cotes fantasma del déficit tarifario. Todo esto fue encareciendo enormemente el precio de la luz y el gas.

Estas políticas claramente favorecedoras de los intereses de las grandes empresas multinacionales que controlan los mercados energéticos en toda su extensión y con mano de hierro como auténticos lobbys, explican lo que se ha denominado “puertas giratorias”. Estas puertas giratorias son un exponente de amiguismo político, la corrupción política y testimonio de la profunda simbiosis de intereses entre las cúpulas de los partidos del Régimen del 78 y los grandes cárteles empresariales. Así, no resulta extraño que gran parte de los ministros de áreas relacionadas con el sector energético, o directamente los propios ex presidentes de Gobierno hayan terminado trabajando para estos grupos empresariales. Son los casos de nada menos que hasta 43 políticos, según sé cifraba ya en el año 2014, que se han contabilizado como fichados por las grandes eléctricas. Entre ellos, políticos tanto del PP como del PSOE: Ángel Acebes (Iberdrola), José María Aznar (Endesa), Josep Borrell (Abengoa), Miguel Boyer (Red Eléctrica), Felipe González (Gas Natural Fenosa), Rodolfo Martín Villa (Endesa), Elena Salgado (Endesa), etc.

El Gobierno de Pedro Sánchez se suma a la política de concesiones a las eléctricas y las puertas giratorias mientras Podemos lo acepta sin problemas

El Gobierno de Pedro Sánchez dio un respiro a las eléctricas a pocos días de las elecciones del 10N, algo que mantiene a día de hoy sin que Unidas Podemos haya dicho nada al respecto, puesto que el Consejo de Ministros ya aprobó antes de las elecciones aumentar hasta alcanzar los 172,23 millones de euros el presupuesto destinado a las subvenciones a estas empresas para compensar los costes por emisión de CO2. El Ministerio de Industria estaba concediendo así ayudas extras por valor de 81 millones de euros a las energéticas que se añaden a los 91 millones que también se aprobaron en marzo en el mismo sentido. Es decir, que encima de que contaminan, no solo es que no pagan por ello, sino que son subvencionadas por parte del Estado. No se puede concebir mayor “chollo” y un claro ejemplo de cómo los costes son externalizados por parte de las empresas con la complicidad del Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

A esto habría que añadir las subvenciones que las grandes empresas reciben, por ser grandes consumidoras de energías, con lo que siendo las que más consumen tienen una repercusión mucho menor en sus costes que los consumidores comunes. Otra forma más de externalizar costes a las empresas para garantizarles pingues beneficios privados.

Sin embargo, desde Unidas Podemos, no han hecho comentarios a estas políticas energéticas del PSOE en general y de Sánchez en particular, lo cual parece garantizar que no van a oponerse al “chollo de las grandes empresas energéticas”. Sin duda, será un lavado más de cara a las políticas socialistas y a la política del “mal menorismo” emprendida de manera decidida por Pablo Iglesias y Podemos y, que, sin duda, asumirá como un componente más del Gobierno. La pregunta, incluso, es si podríamos llegar a ver también el fenómeno de las puertas giratorias en el seno de Unidas Podemos.

La energía como sector básico y estratégico debe ser nacionalizado

Prácticamente, la luz y el gas se han transformado de productos básicos de primera necesidad en productos que hay que consumir, en el mejor de los casos, con absoluta moderación. Todo ello, a costa de perjudicar gravemente las condiciones de vida y salubridad de amplias capas de las clases populares. Teniendo en cuenta que, como consecuencia de su elevado precio, en muchos casos les supone renunciar absolutamente a su consumo. Teniendo que hacer, en esos casos, frente al frío o a la falta de luz y energía eléctrica con métodos de siglos pasados: permanecer en las casas fuertemente abrigados con mantas y jerséis, o encender velas, por ejemplo. Cuando no con el peligroso uso de braseros y estufas que han provocados muertes por emisión de dióxido de carbono por mala combustión, o incendios en viviendas por accidentes. Además, para el uso de electrodomésticos modernos existen pocas alternativas viables que no pasen por disponer de energía de calidad y barata para los sectores de población más necesitados.

No en balde, se ha comenzado a manejar el concepto de “pobreza energética”, que en realidad es un puro eufemismo puesto que, si no tienes recursos para mantener la casa cálida en invierno o iluminada suficientemente y con los aparatos eléctricos modernos funcionado para llevar una vida digna, es que simplemente eres pobre, sin más adjetivos.

Por todo ello, desde la CRT planteamos que la única alternativa realista es la nacionalización de las empresas energéticas de producción y distribución bajo control de los trabajadores y consumidores con precios a pagar por el uso de la energía controlados por el Estado y en función de la renta de los consumidores. Al mismo tiempo que esta medida permitiría reducir los precios abusivos de la electricidad, sólo mediante esta medida el sector energético podría avanzar hacia una matriz energética sustentable y diversificada, prohibiendo el fracking (de gas y petróleo) y otras técnicas extractivistas, que permita reducir drásticamente las emisiones de CO2 desarrollando las energías renovables y de bajo impacto ambiental en consulta con las comunidades locales.

Evidentemente, esta opción no se encuentra en el programa negociado por PSOE y Unidas Podemos para el posible Gobierno de coalición social-liberal progresista que se pretende implantar, por más “progresista” y “ecologista” que se quiera presentar.






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