Política Estado Español

GOBIERNO PSOE PODEMOS

El gobierno pone “parches” a la crisis social, mientras sigue rescatando a las empresas

El Gobierno ha planteado la puesta en marcha del acuerdo de “reconstrucción social y económica” post Covid-19, y ha desgranado más de 30 nuevas medidas de carácter sanitario, económico y social. Sin embargo, siguen siendo medidas que favorecen más a las empresas y los capitalistas que a los millones de parados y precarios.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 21 de abril de 2020 | 18:44

María Jesús Montero comenzó la rueda de prensa señalando que el Gobierno había acordado suavizar las condiciones del confinamiento estricto para los menores de hasta 14 años. Después de decir que los menores sólo podrían acompañar a los mayores al supermercado o a la farmacia, el gobierno ha tenido que retractarse y permitir que los niños salgan a dar algún paseo.

Un nuevo pacto social avalado por la burocracia sindical y contra las y los trabajadores

La ministra Montero a continuación habló del pacto de “reconstrucción social y económica”, que el Gobierno “progresista” de coalición, está tratando de lanzar e impulsar, como revival de los Pactos de la Moncloa. Pactos que sirvieron, entre otras cosas, para recortar derechos y salarios y consensuar la fórmula de la transición política sin ruptura con el Régimen franquista. La ministra portavoz señaló que las fechas y la metodología a este respecto están por definir. Y destacó que “no había un marco delimitado y cerrado”, por lo que cada grupo político podrá contribuir con sus aportaciones. Además, resaltó la importancia de la participación de los agentes sociales.

El Gobierno pretende empezar por los agentes sociales, patronal y sindicatos, de ahí la reunión fijada para este jueves, para desbrozar el terreno ante cualquier oposición política que le pueda surgir por derecha, al contar previsiblemente con la aquiescencia de las patronales empresariales. Y, aunque sin oposición política relevante por izquierda en el Parlamento, dada la complicidad plena de Unidas Podemos con las medidas que se puedan proponer al formar parte del Gobierno “progresista” de coalición, es evidente que estima como algo fundamental la participación en los posibles pactos de las cúpulas de los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT. Algo que resulta esencial para el control de la calle y desviar, dividir y frenar la probable respuesta social ante las huelgas y manifestaciones que los fuertes recortes salariales y de derechos laborales provocarían con toda seguridad.

La participación de CCOO y UGT no es ninguna garantía de que los derechos laborales y sociales de los y las trabajadoras queden preservados ni defendidos mínimamente, más bien al contrario. Tal y como ha demostrado (sin irnos a la multitud de acuerdos firmados con patronales y Gobiernos, tanto del PSOE como del PP, durante todo el Régimen del 78), lo sucedido durante la crisis de 2008. Los diferentes acuerdos salariales de CCOO y UGT alcanzados durante la crisis de 2008, con la patronal y los Gobiernos de Zapatero en y Rajoy, en distintos momentos, tuvieron como consecuencia la mayor devaluación salarial de la historia del Régimen del 78. Alcanzando para los y las trabajadoras más precarizadas, hasta el 30% de rebaja salarial. Y supuso dos reformas laborales, una de Zapatero y otra de Rajoy, con un recorte de derechos que abarató y facilitó el despido, impuso el recorte unilateral de derechos esenciales por parte del empresario, y, en definitiva, hizo retroceder los derechos laborales en varias décadas. A estas alturas de la película ni CCOO ni UGT han exigido la derogación total de las dos reformas laborales para sentarse antes de iniciar cualquier tipo de negociación. Por lo que de facto han asumido el contenido de estas. Teniendo en cuanta que, además, ofrecieron como única resistencia dos huelgas generales a Rajoy y todo ello sin continuidad ni perspectiva de lucha real, aceptando, finalmente por omisión el contenido de la reforma laboral de Rajoy.

Más ERTES y apoyos financieros a los empresarios

Nadia Calviño como ministra de Economía, destacó que se ha ampliado la cobertura y la flexibilidad en la aplicación de los ERTE. Ahora se posibilita que puedan acogerse a los ERTE las y los trabajadores que desde el 9 de marzo se encontraban en período de prueba. Así como aquellos que desde el 1 de marzo optaron a trabajos que finalmente no les salieron, quedándose colgados en situación de desempleo. También se ha incluido en este sentido a los fijos discontinuos que habían quedado fuera de los anteriores ERTE. Y, por último, en este ámbito, se permitirán también los ERTE para los servicios esenciales para trabajadores que no han podido estar activos.

Sin prácticamente acción sindical, de la que los propios sindicatos mayoritarios han desistido, por su enorme colaboración y tragaderas al respecto, es muy probable que esta modalidad de ERTE les sirva a muchos empresarios para conseguir financiamiento estatal y en perspectiva buscar una mano de obra más precarizada y barata. Por ejemplo, con reducciones horarias, muchos ERTE son de este tipo, para luego obligar a trabajar muchas más horas. O aprovechar para prescindir de personal sin más, a cargo del erario, para hacer trabajar más al resto de los y las trabajadoras.

El Ingreso Mínimo Vital sigue sin aprobarse

Nadia Calviño, terminó desgranando una serie de ayudas financieras, reducción de impuestos y moratorias de distinto tipo para los gastos empresariales fiscales y de seguridad social, de autónomos, Pymes y grandes empresas. Pero todas estas facilidades para los empresarios, incluidas las grandes empresas capitalistas, contrastan con el hecho de que transcurridas cinco semanas desde el Estado de Alarma, todavía el Gobierno “progresista” de PSOE y Unidas Podemos ha sido incapaz de aprobar el famoso ingreso mínimo vital. Esto implica que los sectores sociales más desfavorecidos y precarizados sigan sin ningún ingreso con el que hacer frente a sus necesidades.

Las excusas que ha dado el Gobierno, por parte del ministro José Luis Escrivá y el propio Pablo Iglesias, para no haberlo implantado todavía son peregrinas, sosteniendo que hay que hacer complicados cálculos para definir a quién le tiene que llegar esa ayuda social y los esfuerzos de coordinación con la Agencia Tributaria, las Comunidades Autónomas y los Agentes Sociales. En plena era de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cuando apenas toda la información está a un clic del ratón, pretenden hacernos creer que todavía no han tenido tiempo para implantar esta medida. Por no hablar de lo poco, en contraste, que han tardado en implantar medidas tan complejas como los ERTE, cambiando y acelerando los procesos, en las que hay que coordinar también un montón de organismos.

Y todo, para repartir una miseria de unos 500 euros o algo más dependiendo del número de hijos, que evidentemente no llega ni al Salario Mínimo Interprofesional. Esta renta mínima está prometida para aproximadamente un 1 millón de personas, se dará por familias y se calcula que podrá costar al erario unos 5.500 millones de euros aproximadamente. El Gobierno lo que ofrece es una miseria comparada con los 100.000 millones destinados a que las empresas puedan despedir gratis usando los ERTE como si no hubiera un mañana. Y todo a costa de los recursos públicos obtenidos por los impuestos que, por ejemplo, las grandes empresas apenas tributan dadas las desgravaciones y la enorme bolsa de fraude fiscal de la que son fundamentalmente responsables junto a las grandes fortunas, que tampoco pagan apenas

Esto demuestra la nula voluntad política y el escaso interés del Gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos por atender de forma real, directa y eficaz las necesidades de “la gente”, de la que tanto se llenan la boca.

Porque este Gobierno, contando con la complicidad y la colaboración impagable de los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, no va adoptar ninguna decisión que ataque los intereses económicos de las grandes empresas y entidades financieras, ni de los grandes fondos de inversión y las grandes fortunas. Por eso y para cubrir el enorme gasto público que se va a generar, podríamos alcanzar un déficit del 9% y una deuda del 120% del PIB, lo que va a venir a través del mecanismo del pacto social y económico que están planteando es un ataque brutal a los derechos sociales, laborales y económicos de las y los trabajadores.

Frente a estas salidas, que solo ponen “parches” para la crisis social, mientras entregan ayudas mil millonarias a las empresas, es imprescindible levantar un programa de emergencia social y anticapitalista que, mediante la lucha en la calle, en los centros de trabajo y en los centros de enseñanza, para buscar imponer otra salida a la crisis, en favor de la clase trabajadora y las clases populares.






Temas relacionados

ERTEs   /   Gobierno de coalición PSOE-UP   /   Pedro Sánchez   /   Política Estado Español   /   PSOE

Comentarios

DEJAR COMENTARIO