INJERENCIA IMPERIALISTA EN VENEZUELA

El imperialismo español en América Latina: una pesada herencia del pasado

En las últimas semanas el fantasma de un golpe de Estado bajo la amenaza de una intervención militar recorre de nuevo América Latina. ¿Qué intereses defiende el gobierno español apoyando a Guaidó?

Viernes 15 de febrero | 19:03

Como en otras ocasiones la gran prensa mundial emprende su campaña mediática para justificar la intentona golpista. El imperialismo norteamericano pretende de esta manera reposicionarse en lo que históricamente ha considerado su patio trasero. Pero no son solo los intereses de Estados Unidos los que explican lo que está sucediendo en Venezuela. El seguidismo europeo a la intentona golpista y especialmente la posición del Estado español tiene que ver también con defender intereses propios de sus multinacionales dentro del continente.

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No en vano España siempre ha sido uno de los países con mayor presencia en la zona. De esta manera durante el auge del neoliberalismo las empresas españolas fueron grandes beneficiadas de los procesos de privatización y saqueo que vivió América Latina. El Estado español siempre ha intentado hacer valer su pasado colonial y cercanía cultural para competir ventajosamente con otros países imperialistas.

El Estado español y las dictaduras y regímenes represivos

La defensa de estos interese se ha expresado en apoyos a golpes de Estado, intervenciones militares y dictaduras genocidas. En la propia Venezuela es conocida la participación activa que tuvo el Gobierno de Aznar en el intento de golpe de Estado en 2002 contra Hugo Chávez. El presidente que impusieron los militares en aquella ocasión fue Pedro Carmona, jefe máximo de la patronal venezolana. Este había visitado una semana antes Madrid para ultimar los preparativos del golpe.
Los grandes diarios españoles, como El País o El Mundo, sacaron entonces editoriales justificando al nuevo gobierno golpista. Este apoyo también se tradujo en la financiación por parte de grandes empresas españolas en Venezuela, tanto del Lock out patronal de 2002 como del propio golpe de Estado.

Pero también son conocidas las buenas relaciones que tenían los gobiernos de Adolfo Suárez y de Felipe González con la dictadura genocida de Videla en Argentina. En el momento en que la represión, los asesinatos masivos y el secuestro de bebes sacudían al pueblo argentino, el gobierno español concedía a Videla el Collar de la Real Orden de Isabel la Católica. Este es uno de los mayores reconocimientos que el Estado español concede desde 1815. Pero los lazos con los verdugos de esta dictadura se prolongaron incluso después de la caída de este Régimen. De esta manera durante la etapa de Aznar, como informa el diario Publico, ocultaron la documentación que demostraba la colaboración entre la dictadura de Videla y la policía y militares españoles, con el objetivo de formar a estos últimos en los métodos represivos utilizados en Argentina.

La historia se repite con varias de las dictaduras más sangrientas de América Latina de los 70 y 80 del siglo XX. Pero en la actualidad también gobiernos y regímenes que se han destacado por su brutalidad represiva, reciben el apoyo abierto por parte del Estado español. Mención especial habría que hacer a los últimos ejecutivos de Colombia, que han recibido todo tipo de alabanzas y han sido puestos como ejemplo a seguir en la región. Sin embargo se tratan de los gobiernos más represivos de la historia reciente de Colombia. Con decenas de miles de muertos a sus espaldas, entre los que se incluyen sindicalistas, opositores políticos y activistas sociales.

El desembarco de las transnacionales españolas

Las simpatías del Estado español hacia gobiernos o regímenes en América Latina poco tienen que ver con los derechos humanos o la calidad de su democracia. Sus esfuerzos en la región están puestos al servicio de poder garantizar un lugar privilegiado para las grandes multinacionales españolas.

El desembarco en clave neocolonial de grandes empresas ibéricas en América Latina pegó un salto cualitativo en los 80 y 90. De esta manera sectores estratégicos como los hidrocarburos, la banca, la telefonía o los servicio esenciales (luz, agua) fueron copados por compañías como Repsol, Telefónica, Banco Santander, etc.

La acción de estas empresas hizo estragos en muchos países latinoamericanos. En una lógica de saqueo escandaloso, las condiciones ventajosas que les ofrecían los gobierno entreguistas de turno tuvo como efecto todo tipo de desastres sociales y medioambientales. Pero principalmente acrecentó el carácter de dependencia de las economías de América Latina. Poniendo los enormes recursos del continente al servicio de enriquecer a multinacionales extranjeras y las oligarquías nacionales y no de la mayoría popular.

Entre los mayores escándalos que han protagonizado las grandes empresas españolas destacan el de la llamada guerra del agua en Cochabamba. Esta se produjo cuando los servicios de agua potable fueron privatizados en toda Bolivia en el año 2000. En Cochabamba, una de las principales ciudades del país, una de las empresas beneficiadas fue la española Abengoa. La primera medida que tomaron tras la privatización consistió en subir un 300 por ciento la factura del agua de un día para otro.

Esto vino acompañado además por la aprobación de una ley de aguas que blindaba los intereses de las multinacionales. Fue la llamada Ley 2029 según la cual estas nuevas empresas, que se hacían cargo del servicio, tenían la facultad de cobrar por el uso particular de cualquier acuífero público, además de poder obligar a los ciudadanos a afrontar posibles deudas con la empresa con bienes inmuebles. En los hechos significaba que estas multinacionales podían cobrar por el agua que alguien obtuviese de un pozo, río o incluso la lluvia.

La movilización popular contra estas medidas logró finalmente hacer retroceder al gobierno y expulsar a estas empresas. Pero la represión desatada en eso días de revuelta dejó decenas de herido y varios muertos.

También en Argentina han tenido que sufrir el saqueo de sus recursos naturales por parte de una compañía española, en este caso Repsol. Esta multinacional es actualmente un gigante de la energía en América Latina. Esto se produjo principalmente por la compra a precio de saldo de la petrolera argentina YPF en 1999. Era una época de graves dificultades económicas en Argentina y el capital imperialista, con la complicidad de los gobiernos de turno, se adueñó de sectores estratégicos enteros de la economía del país.

Con la adquisición de YPF Repsol tuvo acceso a los mercados de la mayoría de países latinoamericanos y sus activos crecieron exponencialmente. Esta empresa a cambio apenas invirtió en el país y la mayoría de los beneficios petroleros se quedaron en manos de la compañía. El resultado de esta política depredadora por parte de Repsol es que a la vez que esta multinacional se expandía y se convertía en una de las mayores petroleras del mundo, Argentina pasaba a ser de un país exportador de crudo a tener que comprar en los mercados internacionales la mayor parte del petróleo que necesita.

Esto son solo dos ejemplos de cómo actúan de forma generalizada las grandes multinacionales españolas en el continente. Para mantener esta posición privilegiada de sus empresas el Estado español siempre ha dado cobertura y apoyo al intervencionismo norteamericano.

El imperialismo español en el marco del aumento de las disputas interestatales

Sin embargo, en los últimos años tanto el capital español como el estadounidense han perdido posiciones en América Latina por el avance de otras potencias como China o Rusia. Es en este contexto internacional, de aumento de las disputas interestatales, en el que se enmarca la ofensiva imperialista desatada sobre Venezuela. Por tanto es de esperar que la agresividad e injerencia sobre el continente sea una tendencia que aumente en los próximos años.

Por eso la cuestión en estos momentos en Venezuela no es sobre democracia o dictadura, como quieren hacernos creer los grandes medios de comunicación como una manera de justificar una posible intervención militar. Sino sobre un nuevo episodio más de injerencia imperialista en el continente, que solamente puede ser sostenido en estos momento en base a la violencia y sometimiento de los pueblos latinoamericanos. Por eso, sin conceder ningún apoyo político a Maduro, hay que enfrentar de forma contundente el intento golpista.

Esta es la razón de porqué finalmente Pedro Sánchez ha terminado reconociendo a Guaidó. Demostrando una vez más que el PSOE es un partido del IBEX 35 y que la defensa de los intereses de las multinacionales españolas en el exterior es una prioridad por encima de cualquier cuestión democrática. Pero incluso Unidos Podemos y sus confluencias municipales han mostrado una actitud muy alejada de cualquier atisbo de antiimperialismo. La propia Manuela Carmena mostraba sin tapujos su apoyo al autoproclamado Guaidó.

Para la clase trabajadora del Estado español es fundamental luchar contra el imperialismo, empezando por el de su propio país. Porque quienes explotan y humillan a las clases populares en el extranjero, son los mismos que precarizan las condiciones de vida de millones de trabajadores en el Estado español. En este marco si los planes del imperialismo y la oligarquía entreguista avanzan en Venezuela, dibujan un escenario a nivel global mucho más favorable para el avance de la extrema derecha. Esto es todavía más cierto en un país como España, en donde la cuestión venezolana ha sido una de las grandes banderas de PP, Ciudadanos y Vox.

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