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POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA, OBRERA Y ANTICAPITALISTA

Estado español: ante la crisis del régimen y la ofensiva de la derecha

La crisis del régimen continúa. El gobierno de Sánchez pende de un hilo. La extrema derecha crece. El autoritarismo de la casta judicial se intensifica. La crisis social sigue golpeando a la mayoría obrera y popular. Frente a las salidas reaccionarias y las ilusiones reformistas, la única perspectiva democrática es luchar por asambleas constituyentes libres y soberanas.

Viernes 12 de octubre

El Régimen del 78 nacido de la Constitución del 78 vive una crisis orgánica. Es decir, siguiendo la categoría de Antonio Gramsci, una crisis de conjunto -económica, social y política- ante la cual los mecanismos habituales de la burguesía para resolverlas no sirven. Malherido tras el estallido de la crisis capitalista mundial de 2008 y las movilizaciones masivas que le siguieron, ha logrado una sobrevida. Pero su crisis continúa.

Ante esto, la burguesía y sus partidos buscan distintas salidas. Por un lado, un intento senil de “regeneración progresista” del propio Régimen. Un nuevo “pacto” que por lo menos de una “tregua” a las tendencias centrífugas, promovido por el PSOE y Unidos Podemos. Por el otro, una salida abiertamente reaccionaria, recentralizadora, que es la que vienen promoviendo PP, Cs y la Corona como gran valedora, que en los hechos fue defendida también por el PSOE en medio de la crisis catalana apoyando el golpe institucional del 155. En el margen derecho de este campo emerge Vox, una organización de extrema derecha que hace un año parecía marginal y hace pocos días ha hecho un acto con 10 mil personas en Madrid al grito de “Viva España” y “a por ellos”.

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El engendro liderado por Santiago Abascal destila su odio contra los inmigrantes, las mujeres, las personas LGTB, la clase trabajadora, la izquierda y especialmente contra los derechos democráticos del pueblo catalán. En su programa Vox defiende ilegalizar a los partidos independentistas, derogar la ley de memoria histórica, expulsar a los inmigrantes y cerrar las fronteras, perseguir las denuncias en violencia de género y el cierre de mezquitas. También impugna el maltrecho régimen de las autonomías, pidiendo su eliminación y critica a PP y Cs por ser “la derechita cobarde”. Y aunque por ahora se cuida de decirlo, defiende también la esclavización de la clase trabajadora y una mayor precarización al servicio de las grandes empresas.

Pero Vox no es más que la versión sin “filtros” de la política del PP y Ciudadanos. No por nada sus principales líderes fueron durante años dirigentes del PP e incluso de Cs que, si ya pedían un nuevo 155 en Catalunya y la ilegalización de los partidos independentistas, ahora seguramente radicalicen su posición. Si durante décadas el PP había contenido en su seno a la extrema derecha, la propia crisis del Régimen y su descrédito por la corrupción y sus medidas antipopulares, ha alumbrado un nuevo monstruo.

En ese marco, a pesar de su retórica de “cambio de época” y “reconstrucción del Estado del bienestar”, el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado en poco más de 100 días estar al servicio de los dictados de la UE, el Ibex35 y la defensa del régimen monárquico.

Las promesas de campaña cuando el PSOE estaba en la oposición, como sucede con todos los candidatos de los partidos capitalistas, se han desvanecido en el aire. La derogación de la Reforma Laboral ya no es parte de la agenda y solo se propone reformar alguna parte, el fin de las contrarreformas de pensiones del PP se descarta ante la negativa de la UE a avalarlo, la eventualidad y la precariedad campan a sus anchas, los salarios siguen planchados, el drama de los desahucios continúa a razón de 164 por día y más de 3 millones de personas sobreviven en la infamia del desempleo. Lo mismo con la Ley Mordaza, mientras se sigue persiguiendo la libertad de expresión de periodistas, tuiteros, músicos y activistas sociales.

Junto al PP y Cs, el PSOE ha actuado como encubridor necesario para evitar que se investiguen los supuestos delitos de malversación y evasión fiscal del rey emérito, mientras la política de “distención” en Catalunya se ha traducido en que los líderes políticos catalanes siguen presos bajo la acusación de rebelión, más de 1.000 personas están encausadas de distintos delitos por su participación o apoyo al referéndum y el 155 se mantiene como amenaza ante cualquier intento del pueblo catalán de autodeterminarse.

Pedro Sánchez ni siquiera ha podido mantener los “gestos”, como el anuncio de acogida de los 630 migrantes del Aquarius, para poco después devolver de forma exprés a 116 subsaharianos que cruzaron la valla de Ceuta. Ni mucho menos su discurso de “transparencia”. En menos de tres meses cayeron su fugaz ministro de Cultura y Deporte (por haber defraudado a Hacienda) y su flamante titular de Sanidad, Carmen Montón, por las irregularidades en un máster similar a la que terminó con la carrera de Cifuentes y a punto estuvo de hacerlo con la de Pablo Casado, salvado por la judicatura. Hasta el propio Sánchez ha sido acusado de haber plagiado su tesis doctoral, una muestra de la extrema fragilidad no solo del Gobierno, sino del conjunto del régimen político de partidos.

A pesar de todo esto, Pedro Sánchez cuenta con la tregua infinita de las burocracias sindicales de CCOO y UGT que lo consideran “su gobierno”, y sobre todo con el espaldarazo de Unidos Podemos que acaba de llegar a un acuerdo presupuestario para garantizar la estabilidad a la legislatura “progresista” con el argumento de “frenar el avance de la derecha”. Un acuerdo que contiene una serie de medidas sociales que han sido bien recibidas por amplios sectores, aunque sean medidas parciales que no terminan con la precariedad, ni los problemas de vivienda, ni la sangría que implica el pago de la deuda. El Gobierno apuesta a que estos presupuestos sean aceptados por la UE dentro de los marcos del déficit, algo que no está garantizado. Mientras que la persistencia de la crisis en Catalunya y la necesidad de que los conservadores del PNV lo acepten le pone muchos límites y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del Gobierno sigue presente.

Quienes hacemos Izquierda Diario, las y los militantes de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT), denunciamos vehemente el avance reaccionario del PP, Cs y Vox, apoyados en la casta judicial y con la venia de la monarquía. Al mismo tiempo, sostenemos una posición independiente del gobierno del PSOE, pilar del actual régimen, como de su principal sostén parlamentario, Unidos Podemos, que buscan un nuevo “pacto” por arriba como el del 78, solo que de forma aún más degradada y antidemocrática, sin nada que ofrecer más que prepararse para unas nuevas elecciones mientras la derecha sigue avanzando.

Al mismo tiempo, en Catalunya hemos sido parte de la lucha del pueblo catalán por su derecho a la autodeterminación y nos hemos opuesto a la politica de la dirección burguesa y pequeñoburguesa del procés que está llevando esta lucha a un callejón sin salida, como reconocen cada vez más sectores de la izquierda independentista y de la vanguardia.

La ofensiva reaccionaria de la derecha y la extrema derecha no puede enfrentarse en los marcos del régimen monárquico del 78 de cuyas entrañas salen los Abascal. La política de regenerar el régimen desde adentro, sin impugnar sus pilares fundamentales, no sólo es una utopía reaccionaria, sino que le abre el camino al fortalecimiento de la derecha mientras desarma a la clase trabajadora y los sectores populares del Estado español para enfrentarla. Sólo hay que ver la situación en Brasil, donde la política de acuerdos parlamentarios con los golpistas y sectores de la burguesía no impidió el ascenso del ultraderechista, racista y misógino Bolsonaro.

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Ante la crisis del régimen, la mayoría obrera y popular debe tener el derecho de decidir cuál es la salida. Pero lo que temen los partidos del régimen, la monarquía y los poderes fácticos del capitalismo español es justamente que las masas decidan democráticamente, como lo hicieron en el referéndum del 1-O en Catalunya a pesar de la represión.

Porque en caso de abrirse un proceso constituyente impuesto por la lucha de clases, los intereses antagónicos de la clase trabajadora y de los capitalistas chocarían inmediatamente, mostrando el carácter antidemocrático del régimen español.

La reforma constitucional de Sánchez: una propuesta amañada y antidemocrática

En medio de una crisis de credibilidad y como un intento de salir del entuerto, Pedro Sánchez anunció hace pocas semanas su intención de promover una reforma constitucional ‘exprés’ para suprimir los aforamientos de políticos. Independientemente de que la debilidad actual del Gobierno tras el ultimátum del independentismo catalán pone en cuestión cualquier plan de reforma constitucional, la posición de Sánchez sólo busca maquillar la degradada democracia española.

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Esta es la tradición del Régimen del 78. La Constituyente de 1978 que parió el régimen actual -subproducto de las elecciones de 1977 que dieron el triunfo a la “izquierda” en las urnas, pero no en el parlamento en virtud de la antidemocrática Ley de Reforma Política-, fue la máxima expresión del “consenso” político de la Transición. La Constitución fue negociada por una comisión secreta y apoyada en bloque por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, a excepción de la izquierda vasca: el PSOE, el PCE, la UCD, los socialistas catalanes y la minoría catalana que luego acabaría conformando CiU, así como la mayoría de los aliancistas, con Fraga a la cabeza.

En un período de convulsión social y ascenso obrero y popular que venía desde el final de los años 60, las direcciones reformistas trabajaron para “calmar la calle” y poder negociar tranquilas la Constitución del 78, que fue embellecida con artículos que hablaban de derechos sociales, laborales y ciertos avances democráticos, al mismo tiempo que se descargaba brutalmente la crisis de los 70 sobre la clase trabajadora y abría una larga década de paro de masas y entrada de la ofensiva neoliberal con los gobiernos de la UCD y el PSOE.

Esa constituyente no fue ni libre, ni soberana. El miedo a las masas ante el proceso de salida de una dictadura brutal que duró cuatro décadas fue determinante para que primara el “consenso” entre el reformismo franquista y la izquierda, especialmente el PCE, entonces el único partido con base de masas en la clase obrera.

La Transición y el proceso constituyente del 78 fueron comandados por el franquismo reconvertido en “democrático” que ostentaba el control del aparato del Estado a partir del primer gobierno Suárez, bajo la tutela de las fuerzas armadas y el gran capital.

Entre la izquierda, no hubo ninguna representación revolucionaria independiente. Al contrario, subordinado al nuevo “consenso”, el PCE aceptó todo el paquete impuesto por los reformadores franquistas: el marco de economía capitalista de mercado y la restructuración del capitalismo español sobre los hombros de la clase trabajadora (antes ya aceptado en los infames Pactos de la Moncloa), el retorno de la monarquía, la bandera rojigualda y el mantenimiento de todo el aparato estatal de la dictadura (policías, jueces, fiscales, alto funcionariado…)

El PCE y las burocracias sindicales de CCOO y UGT desactivaron la lucha de clases y se abrazaron a la construcción del nuevo régimen, en vez de movilizar a la clase trabajadora contra la derecha con la que siempre buscaron conciliar.

Hoy, tras 40 años de ofensiva neoliberal contra la clase trabajadora y perdida de derechos sociales y democráticos, la izquierda reformista y las burocracias sindicales de hoy insisten con la misma política conciliadora. Sólo que en este caso no tienen nada que ofrecer.

En el debate actual Unidos Podemos se ha pronunciado a favor de un referéndum que haga una revisión “profunda” de la Constitución, incluso hacer una consulta sobre los toros, pero no por que el pueblo decida sobre los grandes problemas sociales y democráticos.

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¿Por qué no impulsar un referéndum para terminar con un régimen completamente conservador y reaccionario, que tiene al hijo del heredero de Franco como jefe de Estado y que paga nóminas millonarias a niñas apellidadas Borbón mientras recorta los presupuestos de salud, educación y pensiones? ¿Y por qué no permitir que el pueblo de Catalunya decida democráticamente si quiere ser parte del Estado español o constituir su propia república independiente? Y junto con ello, ¿por qué no permitir que la mayoría social en todo el Estado pueda decidir sobre el pago de la deuda, cómo terminar con el paro, la precariedad, la falta de vivienda, la crisis de la sanidad y un largo etcétera de reivindicaciones populares insatisfechas.

Varias encuestas publicadas en los últimos días indican que la mayoría de la población está a favor de una reforma constitucional. Está planteado abrir el melón de la reforma constitucional, pero para que el pueblo pueda decidirlo todo, luchando por la apertura de procesos constituyentes verdaderamente democráticos.

En la lucha del pueblo catalán por su autodeterminación, así como en el masivo movimiento de mujeres que nuevamente convocará una huelga feminista en todo el Estado el próximo 8M, la incansable lucha de los pensionistas, la juventud antifascista que se rebela contra los ataques de la extrema derecha, y especialmente en las crecientes luchas obreras que recorren el Estado, extendiéndolas y coordinándolas, es donde están las fuerzas para luchar por esta perspectiva y conjurar las salidas reaccionarias que prepara la derecha.

Nuestra propuesta: luchar por Asambleas Constituyentes Libres y Soberanas

Las y los socialistas revolucionarios que hacemos Izquierda Diario y militamos en las filas de la CRT, luchamos por terminar con la monarquía y el corrupto régimen heredero del franquismo conquistando una democracia muy superior a la más democrática de las repúblicas burguesas. En un estado plurinacional como el español, luchamos por una federación de repúblicas basadas en consejos obreros elegidos democráticamente, para que la clase trabajadora gobierne en el sentido más amplio del término: expropiando a los capitalistas y planificando racionalmente la economía en beneficio del conjunto de la sociedad. Esta es para nosotros la única forma de lograr íntegra y efectivamente todas las reivindicaciones sociales y democráticas de la clase trabajadora y el pueblo.

Pero somos conscientes que aún somos una minoría quienes defendemos esta perspectiva, mientras que la mayoría del pueblo trabajador aún tiene ilusiones en los mecanismos del sufragio universal como vía para lograr una democracia más generosa. Por ello proponemos a la clase trabajadora, al movimiento estudiantil, de mujeres, a los sindicatos y organizaciones del movimiento de masas, luchar por imponer la institución más democrática concebible dentro de la democracia representativa: asambleas constituyentes libres y soberanas en todo el Estado.

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Un proceso constituyente que no sea una farsa como el del 78, sino que permita debatir y votar cómo terminar con la monarquía, otorgar el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas y adoptar un programa que dé respuesta a todas las necesidades sociales más acuciantes de la mayoría popular. De este modo queremos ayudar a que se desarrolle la politización y movilización de los sectores más amplios posibles del pueblo trabajador para que gane conciencia de su poder para cambiarlo todo.

Cuando sostenemos que las asambleas constituyentes deben ser libres y soberanas, queremos enfatizar que ninguna institución del régimen burgués debe poder limitarla, revisar o vetar sus decisiones. Es decir, que tengan plenos poderes para abordar todos los grandes problemas sociales y democráticos sin restricciones ni “moderadores”, como el actual Parlamento, el Senado, la Audiencia Nacional y su Tribunal Constitucional y, sobre todo, la monarquía. En este sentido, las Constituyentes Libres y Soberanas tienen como objetivo sustituir no sólo el gobierno, sino también todas las instituciones del régimen político.

Procesos constituyentes en el Estado y las naciones que lo componen, con un representante elegido democráticamente cada 20 mil habitantes, que sean revocables y tengan el salario de una maestra o un trabajador cualificado, para que decida la mayoría del pueblo y que no sea un contubernio de la “casta” privilegiada de diputados, senadores y jueces tutelados por una monarquía decadente.

Nada de esto puede hacerse con la “casta” política y judicial gobernante y en el marco de las reglas de juego del Régimen del 78. Como escribió en 1977 en un breve opúsculo titulado “Qué son la constitución y el proceso constituyente” Ignacio de Otto un joven constitucionalista socialista apenas conocido, el proceso constituyente “implica no reconocer ningún vínculo jurídico con el pasado, negar toda validez a las anteriores leyes y constituciones. Se trata, por tanto, de la más radical expresión de ruptura de la continuidad”.

Evidentemente los poderes fácticos del imperialismo español harán todo lo posible para evitar un proceso constituyente de este tipo. Así lo vimos en el referéndum en Catalunya, un proceso pacífico que ni siquiera se proponía cuestionar el capitalismo sino sólo ejercer el derecho democrático elemental de la autodeterminación nacional y sin embargo fue reprimido brutalmente.

Cuanto más avancen las asambleas constituyentes libres y soberanas en tomar medidas radicales, mayor será la resistencia de los capitalistas, por lo que sólo podrá ser impuesto mediante la lucha de clases y la autoorganización obrera y popular sobre las ruinas del régimen actual.

Sin embargo, cuanto más fuerte sea la resistencia de los capitalistas a las resoluciones democráticas de asambleas Constituyentes Libres y Soberanas, también quedarán expuestos ante las masas los límites de la democracia representativa que los capitalistas están dispuestos a aceptar; y mayores serán los sectores del movimiento de masas que van a llegar a la conclusión de que es necesario construir un verdadero poder propio del pueblo trabajador.

En este sentido, la lucha por la asamblea constituyente cumple una enorme función pedagógica: cuanto más conscientes son las masas de su “poder constituyente”, más se abre el camino para la democracia obrera soviética y la perspectiva del poder obrero.

Catalunya: proceso constituyente y defensa del derecho a la autodeterminación

En el marco de la crisis del régimen español, el movimiento democrático catalán es el que más lejos ha llegado en su impugnación de la institucionalidad del 78. El referéndum del 1-O fue un amplio proceso democrático que, a pesar de los límites impuestos por su dirección, desafió la institucionalidad del 78. Por eso la respuesta fue brutal y hoy el pueblo catalán es blanco de los mas furibundos ataques de la extrema derecha.

Los millones que participaron y votaron por la independencia lo hicieron con la aspiración de abrir un proceso constituyente catalán en el que poder discutir libremente qué república construir. La política de su dirección, sin embargo, no lo iba a hacer posible. Ni siquiera aplicando la Ley de Transitoriedad, en la que el proceso constituyente partía de asumir el marco legislativo heredado, conformar un poder judicial controlado por el Govern y limitar la agenda de discusión por medio de una comisión de la sociedad civil que actuaría de filtro de temas.

Hoy el pueblo de Catalunya tiene el desafío de superar sus direcciones, embarcadas en una clara vuelta al autonomismo y la negociación –aún con diferencias internas sobre con qué ritmos y en qué correlación de fuerzas hacerlo- y abrir así el camino a un proceso constituyente libre y soberano que lleve a término el mandato del 1-O.

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Para ello es fundamental que el movimiento democrático catalán adopte una política independiente del Govern y sus partidos. No se trata de volver a la desobediencia institucional gestionada por los mismos que claudicaron sin pelea el 27-O. Si no de poner en marcha un gran movimiento que pelee por imponer un proceso constituyente verdaderamente libre y soberano, convocado contra el marco legal del 78, sin límite de agenda y vinculado a resolver los grandes problemas sociales de paro, precariedad, vivienda o servicios públicos.

Solamente así se podrán poner en marcha las grandes fuerzas sociales necesarias para poder enfrentar al Régimen del 78. Sumar a la clase trabajadora catalana a esta pelea democrática y posibilitar el concurso y la alianza con la clase trabajadora del resto del Estado, en una lucha común contra el régimen monárquico español y sus instituciones.

En ese camino, las y los revolucionarios de la CRT lucharemos por un programa que enfrente a los capitalistas, en la perspectiva de conquistar una republica catalana independiente obrera y socialista, como parte del combate por una federación libre de repúblicas socialistas ibéricas.

¿Qué defenderíamos en una asamblea constituyente?

Un nuevo “poder constituyente” sólo puede surgir de la movilización popular, enfrentando al “poder constituido”. Un poder que se sustenta en la antigualla de que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes” y que considera un acto criminal cualquier cuestionamiento al actual régimen institucional. Como demostró el referéndum en Catalunya, un proceso constituyente solo puede imponerse con la lucha y derrotando a la reacción.

Esta perspectiva, la única verdaderamente democrática, es a la que se opone no sólo el PSOE sino también Podemos y sus socios de Izquierda Unida, que en los últimos años han sido crecientemente domesticados e integrados al régimen. Unidos Podemos pretende llevar la indignación y el hastío de millones detrás de un nuevo pacto con la “casta política” para regenerar un poco la democracia blindada del Estado español.

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Lo que nosotros queremos es imponer con la lucha asambleas constituyentes libres y soberanas en las que pueda expresarse verdaderamente la soberanía popular para decidirlo todo. Que puedan votar libremente el fin de la monarquía; que permitan que los pueblos decidan si quieren formar parte de un mismo estado o autodeterminarse como repúblicas independientes; que puedan resolver el impago de la deuda pública; que tengan el poder de decretar la estatización bajo gestión de los trabajadores y control popular de la banca y de todas grandes empresas estratégicas, de energía y transporte; que terminen verdaderamente con todos los privilegios de la casta política y judicial, imponiendo una asamblea única (un órgano ejecutivo y legislativo el mismo tiempo), basado en diputados elegidos por voto universal y revocables por sus electores, con el salario de un trabajador calificado; que puedan anular todas las leyes antiobreras, reaccionarias y liberticidas votadas por los gobiernos anteriores; que decreten definitivamente la separación efectiva de la Iglesia del Estado; que puedan debatir y satisfacer todas las demandas del movimiento de mujeres; que puedan terminar con la “casta judicial” y resolver la elección por voto directo de todos los jueces, que pasen a ganar como una profesora y sean revocables si traicionan el mandato popular, así como los juicios por jurados; que impongan a los capitalistas el reparto de las horas de trabajo sin disminución salarial para terminar con el paro y la precariedad, entre otras medidas urgentes.

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En el marco de un proceso así, muchas de estas medidas hoy consideradas “utópicas” en los marcos de la democracia capitalista se volverán ampliamente populares, mientras cada vez más amplios sectores de la clase trabajadora y el pueblo ganarán consciencia de su poder real para transformar la realidad no está en el voto cada dos o cuatro años, sino en su propia autoorganización.

Una experiencia que permitirá avanzar en la comprensión de la necesidad de luchar por un gobierno de los trabajadores y trabajadoras que rompa con el capitalismo, expropiar a la burguesía y socializar los medios de producción bajo control democrático de la clase obrera, que es la perspectiva estratégica por la que luchamos los socialistas revolucionarios.






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