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TRABAJADORES MIGRANTES

Jornaleros inmigrantes denuncian la explotación en el campo andaluz

El jueves impactó en redes sociales el testimonio de Serigine Mamadou, jornalero y portavoz de la campaña “Regularización Ya”, en un directo de Paco León.

Jose Lavín

Madrid

Viernes 22 de mayo | 18:36

En el video, que tuvo que ser interrumpido porque Serigine no pudo continuar, se denunciaba las condiciones de extrema explotación de los jornaleros inmigrantes, con ingresos insuficientes, sin techo donde vivir, ni agua, condiciones insalubres y horarios abusivos. Esta situación de abuso patronal lleva durante décadas siendo perpetuada con la complicidad de los distintos gobiernos, autoridades locales y la represión de las fuerzas del orden, para no poner cortapisas a las tasas de ganancia de la patronal agrícola. Serigine denunciaba, asimismo, el racismo de Vox y la inacción del gobierno del PSOE-UP.

La situación de extrema explotación de inmigrantes sin papeles en el sector agrícola del Estado Español es un secreto a voces. Ya en febrero el informe del Relator Especial para la Pobreza y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Philip Alston, afirmaba que “en Huelva hay trabajadores en una industria que mueve 600 millones de dólares y viven como animales”. Este informe, que llega tarde, no supuso ninguna sorpresa. Las denuncias de explotación son ya conocidas por los jornaleros del sur y levante peninsular, especialmente en las explotaciones de Huelva y Almería. Denuncias que, salvo contadas excepciones, no han sido secundadas por sentencias judiciales, partidos políticos, la burocracia sindical o los principales medios de comunicación.

"Ahora mismo, un español que va al campo donde yo he estado trabajando hoy no va a durar ni dos horas. Porque primero, lo que tienen es que correr", explicó Mamadou. "En 10 horas u 11 horas solo descansas 30 minutos. Y todas las horas tienes que funcionar, si no funcionas al día siguiente no vas a trabajar". Afirmaba Serigine en las redes sociales "Entras con 80 kilos y sales con 20 kilos. No comes bien, no duermes bien, estamos en la calle... Es una mierda".

En Huelva se ha creado el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, cuya portavoz Ana Pinto denuncia “prácticas empresariales que han venido gozando de impunidad”, entre ellas graves y generalizados incumplimientos del Convenio Colectivo del Campo en la provincia. Este colectivo afirma que de no ser porque ellas han levantado la voz no se estaría visibilizando la situación de “abuso y desprotección” que padecen. En lo que llevamos de estado de alarma el colectivo ha denunciado a 11 grandes empresas del sector de los frutos rojos por distintas irregularidades. Estas empresas no han tomado medidas de protección sanitaria y prevención ante la pandemia. Los grandes sindicatos dan la espalda a los trabajadores, en Huelva, por ejemplo, firman los convenios agrícolas a pesar de no haber celebrado elecciones sindicales en los tajos en más de 10 años.

En lo que llevamos de año ya han sido detenidos dos empresarios de Palos de la Frontera y Moguer, denunciados por emplear a trabajadores extranjeros sin papeles, eludiendo, entre otros delitos, las cotizaciones al Estado. Sin embargo, estas detenciones son siempre casos puntuales, frente a la generalizada extensión de la irregularidad y los abusos patronales.

El nuevo gobierno, para mantener su pátina progresista ante las graves denuncias del Relator de Naciones Unidas, ya ha amagado con pequeñas concesiones que son totalmente insuficientes, que no dan garantías a los trabajadores y que en ningún caso plantean una transformación de una situación laboral que es estructural en el sector.

La medida principal del PSOE-UP es una campaña específica de inspecciones de trabajo, la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (la ITSS), intervención solicitada por el Relator de Naciones Unidas. La ITSS ha establecido un protocolo de actuación y un cuestionario tipo para detectar “supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales”. Buscan, de este modo, detectar “casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a esclavitud, a la servidumbre”. El trabajo de prospección será llevado a cabo por “Grupos Operativos Mixtos” integrados por un Inspectores, subinspectores y, sobre todo, miembros de las FCSE (Guardia Civil y Policía Nacional). Medidas insuficientes que no dan respuesta a las demandas de los trabajadores y que, en el caso de las fuerzas del orden, pueden acabar en expulsiones de los inmigrantes sin papeles.

Las patronales principales y el PP ya han reaccionado y mostrado su rechazo ante esta medida. Las organizaciones ASAJA (que agrupa a la gran patronal terrateniente, vinculada al PP y la CEOE), COAG y UPA (históricamente vinculadas al PSOE y el PCE), han criticado duramente la intención del Ministerio de Trabajo y Economía Social de detectar posibles casos de explotación laboral en el sector. Terratenientes subvencionados por el Estado afirman, de este modo, que se busca difamar su imagen. Sostienen, asimismo, que las declaraciones del Relator de Naciones Unidas responden a prejuicios derivados de una campaña de “guerra sucia” de los competidores europeos. La misma Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía afirmó que las grandes patronales del campo son un “ejemplo de responsabilidad”.

Son los mismos capitalistas subvencionados por el Estado que hace unos meses instrumentalizaban el malestar de los pequeños agricultores y ganaderos del campo. Esa vez la patronal del campo cargaba contra el escaso aumento del SMI decretado por el Gobierno (que a partir del 1 enero subió un 5,5% hasta los 950 euros al mes) y que se ha transformado en uno de los principales caballos de batalla de las patronales agrarias. Los propios barones del PSOE criticaban esta medida, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sostiene que las subidas del SMI son uno de los principales problemas que aquejan al sector agrario y al mundo rural.
Ante la intervención de la ITSS, el secretario de organización de COAG Andalucía, Eduardo López, ha afirmado este jueves que “nos parece inaudito e insólito que se hable de esclavitud en el campo andaluz y que el Ministerio de Trabajo y Economía Social inicie una campaña de inspección en las explotaciones agrícolas (…) España está en Europa, esto no es África ni ningún país con dictadura”. Jornaleras de Huelva en Lucha afirmaba en redes sociales que “si la mayoría de los empresarios y agricultores están tranquilos no deberían temer nada”.

El Estado español es una de las potencias agroalimentarias de la Unión Europea, con cerca de un 12% de la producción total, casi a la par que Alemania y solo por detrás de Francia a Italia. Sin embargo, en una buena parte está construido en base a la explotación de inmigrantes jornaleros sin papeles, muchos de ellos temporales.

Las medidas del PSOE y UP no cubren ninguna de las demandas como la de Regulación Ya. Serigne afirmaba que “nosotros pensábamos que los únicos que podían ayudarnos es nuestro gobierno, pero si ahora mismo ellos nos dan la espalda…”, asimismo, manifestaba su descrédito hacia las inspecciones de trabajo, que considera no van a dar con la raíz del problema, “los agricultores no son tontos”. Las reivindicaciones de Regulación Ya son derechos básicos, Serigne afirmaba que “lo único que queremos es trabajar dignamente”, “alojamiento, un cuarto donde ducharse, cocinar…” y seguridad social.

Los jornaleros inmigrantes han puesto el cuerpo desde el primer momento del estado de alarma, no se les ha dado en ningún momento garantías sanitarias, ni se les ha hecho tests masivos, muchos duermen en la calle. El gobierno progresista continúa haciendo caso omiso a las demandas de regulación de los inmigrantes sin papeles. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, niega que esto sea posible y se acoge al Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 2008 "no permite regularizaciones generalizadas", y reafirma "nadie lo ha hecho. No puede romperse este pacto".

En Portugal e Italia se están tomando medidas también insuficientes. En Italia, el decreto de regulación temporal de personas migrantes no brinda cobertura a los inmigrantes sin papeles, se calcula que aproximadamente la mitad de los trabajadores quedan, con ello, excluidos. Deja intacto, asimismo, el brutal sistema de explotación en el campo. La respuesta de los trabajadores no se ha hecho esperar: la huelga nacional de los trabajadores agrícolas ha sacudido el campo italiano este jueves. USB Lavoro Agricolo lanza un mensaje al gobierno “si no hay respuestas para todos los seres humanos que abarrotan el campo y los suburbios, habrá otras huelgas”.






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