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RÉGIMEN

La JEC y el "tamayazo consentido" del PSOE que no se vio

Pedro Sánchez está a un paso de la investidura gracias al acuerdo con ERC, mientras sigue dejando pasar la judicialización del conflicto catalán a golpe de represión. El PSOE como garante mayor del Reino.

Arsen Sabaté

Barcelona | @ArsenSabate

Martes 7 de enero

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, se cubría de gloria este sábado al alentar sin tapujos a un tamayazo de un solo diputado "valiente" del PSOE que pueda dar al traste con la investidura de Pedro Sánchez.

Resulta poco probable que esto pueda llegar a darse este martes, aunque no es descartable vista la ofensiva patriotera de la derecha y extrema derecha de estos días en un hemiciclo que según a donde dirija uno la vista (y los oídos) parece retrotaerse más de 40 años atrás.

Sin embargo, lo que si es cierto, y quizá esto ha pasado mucho más desapercibido, es que hace pocos días el Régimen, de la mano de la judicatura, gastaba su penúltima bala para desestabilizar todavía más e impedir la investidura. Lo hacía mediante la omnipotente JEC (Junta Electoral Central ) y a través de un tamayazo mucho más sutil.

Ana Maria Ferrer, magistrada promovida no hace mucho por el PSOE en el Supremo y perteneciente a la asociación Jueces por la Democracia y que integra la JEC, votaba el pasado viernes a favor de la inhabilitación del president Torra.

Un movimiento que en las penumbras del Estado profundo y lejos de los focos mediáticos de la política pasaba inadvertido para muchos, pero que deja al desnudo la ofensiva existente de un sector del Régimen que sostiene que la solución al problema de la cuestión territorial pasa por redoblar la represión en Catalunya hasta aniquilar de raíz el movimiento independentista y sus representantes políticos.

Y es que (ríanse del TS y la Audiencia Nacional) la Junta Electoral Central es en la actualidad la punta de lanza de un poder judicial totalmente desbocado y que encarna al sector más reaccionario y defensor de la unidad nacional del Régimen.

La JEC, un organismo judicial menor, que ni llega a la categoría de tribunal y que su única función es arbitrar en los procesos electorales, es el paradigma de la judicialización del conflicto catalán. La sentencia contra Torra por no descolgar una pancarta en solidaridad con los líderes presos en el balcón de la Generalitat, la guerra contra el amarillo o la prohibición de usar expresiones como "exilio" o "presos políticos" son los ejemplos más palmarios de ello.

El PSOE enciende una vela a Dios y otra al diablo

Pese a que el intento a la desesperada del Régimen de evitar una investidura de Pedro Sánchez con Unidas Podemos y el apoyo de ERC acabó siendo neutralizado por la persistencia de los republicanos en mantener hasta el infinito y más allá el acuerdo con el PSOE, queda también claro que de desjudicializar el conflicto nada de nada para los socialistas. Más bien todo lo contrario.

Y es que si tras la inhabilitación de Torra por parte de la JEC en un momento en el que el PSOE se estaba (y se está) jugando la investidura, podía parecer que en este país existe algo parecido a la división de poderes, la composición de este organismo judicial nos demuestra a las claras que nanai.

De los 15 miembros que conforman la JEC, 8 son magistrados del Tribunal Supremo promovidos por los principales partidos (PSOE y PP) y otros 5 miembros son catedráticos propuestos también por socialistas y populares, además de Ciudadanos y Unidas Podemos. Los dos restantes son el letrado mayor del Congreso y el director de la Oficina del Censo Electoral, ambos sin derecho a voto. Es decir, una conformación de la JEC totalmente partidista entre "progresistas" y conservadores.

El PSOE, que no es sino uno de los principales partidos que sustentan el Régimen desde la Transición, ponía así una vela a Dios y otra al diablo. Toda vez que el acuerdo para la investidura con ERC es firme, nada le impide que por abajo se alinee con los sectores más reaccionarios del Régimen, cuyos objetivos convergen en la defensa de la unidad territorial por encima de todas las cosas.

De otra forma no se entendería entonces el voto de la magistrada tránsfuga (progre que posibilitó la inhabilitación de Torra. Y más por un resultado tan ajustado de 7 votos a 6 a favor de los conservadores.

De esta forma, mientras los socialistas reconducen al redil del autonomismo a ERC, con la complicidad de estos, contribuye en los intentos de liquidar al sector processista más discordante y reticente que encabezan Torra y Puigdemont. Esa es la verdadera voluntad del PSOE y a la que contribuye también Unidas Podemos para resolver el conflicto catalán por debajo de cualquier mesa de negociación.






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