Géneros y Sexualidades

DERECHOS SEXUALES

La Ley de Libertad Sexual: punitivismo y criminalización de las prostitutas

Las normativas que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero quiere aprobar siguen en el ojo del huracán y se encuentran con cuestionamientos desde diferentes frentes. Este es el caso de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, con una deriva punitiva que afecta especialmente a mujeres en situación de prostitución.

Irene Ruiz

@IreneYpunto

Martes 6 de abril | 11:16

Colectivos de mujeres organizadas que se identifican a sí mismas como trabajadoras sexuales, a pesar de estar de acuerdo con el primer borrador de la ley, consideran que el segundo borrador presentado en octubre de 2020 criminaliza a las personas relacionadas con el trabajo sexual con la inclusión en el mismo de varias modificaciones del código penal que afectan a la actividad y coloca en una situación más vulnerable a las mujeres que ejercen la prostitución.

Además, alegan que no han sido ni informadas ni invitadas al proceso de elaboración del anteproyecto. Denuncian que “se ha pasado de elaborar y evaluar políticas públicas exigiendo `las voces de las mujeres protagonistas como una cuestión esencialmente feminista, a excluir a ciertos grupos de mujeres en la elaboración de las normas que les afectan.”

Los colectivos y personas individuales firmantes del manifiesto “Por una ley de libertad sexual que no criminalice a las mujeres” exigen en concreto que se retire la propuesta de modificación del artículo 187 bis del Código Penal que penaliza la “tercería locativa” (despenalizada desde 1995) con hasta 3 años de cárcel para “quien, con ánimo de lucro, y de manera habitual, destine un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona aún con su consentimiento”. Consideran que esta modificación podría abrir la puerta a criminalizar a las mujeres que alquilan y/o comparten inmuebles con compañeras. También denuncian que “se dificulta el acceso a la vivienda de las trabajadoras sexuales, especialmente a quienes viven en el lugar de trabajo, por el temor de las personas propietarias a ser acusadas de proxenetas”, según un texto que han hecho público para recopilar firmas y apoyos.

Exigen también que se retire la propuesta de modificación del artículo 187.2 porque según las convocantes “supone la posibilidad de encarcelar a las mujeres vinculadas al entorno del trabajo sexual”. Siendo que el Código Penal actualmente penaliza como proxeneta a quien “se lucra explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma”, la modificación en el borrador del proyecto de ley propone una ampliación del concepto de “explotación” a “cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación.

De esta manera señalan, que “las trabajadoras auto-organizadas que comparten un piso podrían ser denunciadas si se considera que existe dependencia o subordinación de alguna de ellas, si, por ejemplo, una es inmigrante y carece de documentación”. Según las firmantes del manifiesto, de esta forma “podría denunciarse también como proxeneta a cualquier persona implicada en la realización del trabajo sexual (servicios de seguridad, higiene, transporte, etc.)”. Por tanto, concluyen que mientras “el Anteproyecto de Ley pretende poner en el centro el consentimiento de las mujeres, anula y criminaliza el consentimiento de las trabajadoras sexuales.”

Señalan además que “todas estas medidas afectarán desproporcionadamente a las personas trans, quienes sufriendo un desempleo del 85% acuden a menudo al trabajo sexual como única opción. Criminalizar a las personas trans más precarizadas, en su mayoría migrantes, a la vez que se reconocen los derechos como la autodeterminación de género, es una paradoja que nos adelanta los nefastos resultados de esta normativa”, en referencia a la Ley Trans, que al final ha tenido que ser registrada por otros grupos para superar en el congreso el veto del PSOE y la inacción de UP.

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También consideran que con la articulación que propone la normativa “se explota económicamente la criminalización de las trabajadoras sexuales: el anteproyecto dispone que las ayudas para las víctimas de violencia sexual provendrán de los bienes decomisados mediante todas las estrategias de criminalización del trabajo sexual hasta ahora descritas. Esto, además de fomentar la persecución del trabajo sexual, vincula necesariamente los derechos a la reparación de las mujeres que hayan sufrido violencia sexual con la criminalización y el decomisado de bienes de las otras, las trabajadoras sexuales.”

Concluyen su denuncia alegando “Que todo lo anterior dificulta y precariza el trabajo sexual independiente, aumentando la estigmatización y debilitando las redes de apoyo entre trabajadoras sexuales. La criminalización de los espacios donde se ejerce el trabajo sexual aumentará el control y la presencia policial en los mismos, con el peligro de que se abran aún más expedientes de expulsión a las mujeres migrantes indocumentadas. Los mayores controles policiales y las redadas además fuerzan a las mujeres que están en situación de trata a denunciar a los tratantes -sin garantías- o ser expulsadas. Es por eso que, diversos organismos internacionales de derechos humanos señalan que las leyes que criminalizan a las mujeres que ejercen la prostitución son discriminatorias y deben ser eliminadas.”

Luchar contra la explotación sexual, luchar contra el capitalismo

La prostitución es una institución social patriarcal que surge como contrapartida a la aparición de la familia patriarcal basada en el matrimonio monógamo. En los últimos años, el negocio de la prostitución y la explotación sexual ha crecido de forma exponencial.

Desde la agrupación de Mujeres Pan y Rosas, luchamos por la abolición de todas las formas de explotación y opresión, lo que incluye la opresión de las mujeres en la familia y el control patriarcal de la capacidad reproductiva y la sexualidad de las mujeres y de su trabajo doméstico gratuito. Y también estamos, por lo tanto, por la abolición de la prostitución como tal.

Pero, así como sabemos que el Estado capitalista no puede abolirse por una ley ni un decreto que salga de sus propias entrañas, si no es por la lucha revolucionaria de la clase trabajadora que conquiste el poder para las mayorías; consideramos que no puede abolirse por decreto la opresión de las mujeres y, tampoco, la prostitución.
La prostitución como industria es inseparable del capitalismo, y está vinculada por mil lazos con la trata (aunque hay que poder diferenciar entre situaciones de trata y otras que no lo son). Sobre todo, está relacionada con la miseria de grandes sectores de la población, que se ven abocadas a la prostitución como una salida para sobrevivir. Por eso, en tanto subsistan estas condiciones de miseria, así como la opresión patriarcal de las mujeres en esta sociedad, no se podrá abolir por medio de una legislación la institución de la prostitución. Intentar hacerlo por la vía de fortalecer el aparato represivo y policial del Estado solo puede ir en contra de las mujeres que ejercen la prostitución, y de todas las mujeres y personas oprimidas en general.

Reconocer la necesidad de luchar contra todo tipo de explotación sexual y en general contra la comercialización capitalista de la sexualidad, no es razón para no defender los derechos de las prostitutas para autoorganizarse y exigir derechos, en primer lugar, contra la criminalización y los acosos policiales.

Acompañamos y promovemos la lucha por exigir al Estado capitalista y sus gobiernos la garantía de un trabajo para todas las personas en situación de prostitución que quieran abandonarla, con un salario que cubra la cesta familiar, el acceso a la salud, la educación, la vivienda. Pero lo hacemos a la vez que combatimos la estigmatización, la persecución y marginación social de las personas en situación de prostitución, denunciando principalmente la represión policial, la complicidad de las fuerzas represivas del Estado, sus funcionarios políticos, la justicia y poderosos empresarios en el funcionamiento y la impunidad con la que operan las redes de trata.

Por todo ello queremos denunciar los aspectos punitivos de este proyecto de ley contra las prostitutas, y la absoluta falta de medidas integrales para que las mujeres en situación de pobreza, desempleo, precariedad o falta de papeles tengan alternativas reales a la prostitución.

Este proyecto de ley aumenta la criminalización de las prostitutas, mientras que no se derogan las reformas laborales, ni se acaba con las externalizaciones, ni se prohíben los despidos ni se acaba con la xenófoba ley de extranjería que impide a las mujeres migrantes acceder al permiso de residencia exponiéndolas ante las mafias, y la violencia.

La ley recoge un Programa específico de empleo, que tratan de hacer pasar por “medidas integrales” cuya intervención en el ámbito laboral consistirá en incluir un programa de acción específico para las víctimas de violencias sexuales inscritas como demandantes de empleo en el marco de los planes anuales de empleo. Pero se trata de medidas completamente insuficientes.

Para nosotras está clara la orientación de este gobierno supuestamente progresista y esta normativa punitivista que no pretende crear las condiciones materiales para que las mujeres que lo deseen abandonen la prostitución, pero las persigue y estigmatiza.

Desde Pan y Rosas seguimos peleando desde y con las de abajo, con las trabajadoras, con las migrantes, con la juventud, con el colectivo LGTBI, con las mujeres en situación de prostitución… porque sabemos que la abolición de la prostitución y de muchas otras violencias del capitalismo patriarcal, no vendrán a través de normativas punitivistas desde las mismas instituciones que con sus leyes permiten y promueven la explotación de las trabajadoras y la privatización de los servicios públicos, ponen en manos de la Iglesia la educación sexual, sostienen la justicia patriarcal y mandan a la policía a perseguir y criminalizar toda protesta social.






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