GOBIERNO ESPAÑOL

La disciplina fiscal y la deuda, dos problemas estructurales de la economía española

La intención del Gobierno de lograr un balón de oxígeno de la UE para acometer algunas políticas sociales más bien modestas se complica.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 4 de febrero | 18:17

Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Según los datos del último informe de la Comisión Europea, pese al crecimiento económico de los últimos años, ni la deuda pública ni el déficit estructural descienden. Sólo la desobediencia a la disciplina fiscal y financiera de la UE permitiría al Gobierno de coalición llevar a cabo políticas sociales más de fondo, pero eso es algo que no está en su agenda.

Todo apunta a que el Gobierno de coalición del PSOE-Unidas Podemos va a tener que tragarse muy pronto el sapo de acometer la reducción de la deuda y déficit público de manera significativa. Y tendrá, más pronto que tarde, que adoptar medidas de recortes del gasto público, fundamentalmente en las partidas presupuestarias más abultadas (pensiones, sanidad, educación, etc.). Porque parece evidente que la opción de incremento de la recaudación fiscal hasta alcanzar varios puntos más del PIB (España está 6 puntos por debajo la recaudación media en la UE, 35,4% frente al 41,7%), y poder recaudar 60.000 euros más, va a resultar imposible con el planteamiento de este Gobierno.

Con una repercusión de incremento fiscal prevista para menos del 1% de los contribuyentes y con aumentos previstos de recaudación más bien ínfimos, no se puede ir muy lejos para revertir la precariedad social imperante.

La necesidad de abordar de manera urgente el ajuste presupuestario y fiscal se plantea por dos razones básicas. La primera por lo abultado del déficit y la deuda pública española y porque, además, y como es tradición, Bruselas siempre ata más en corto a los Gobiernos social-liberales del PSOE que a los del PP. Y otra, porque la paciencia de Bruselas se está agotando, teniendo en cuenta que con crecimientos medios del PIB por encima del 3% hasta 2018, no se han reducido apenas ni la deuda ni el déficit público.

Además, los análisis de los expertos estiman que, con la ralentización de la economía española cuyo crecimiento para 2020 se estima en un 1,5% del PIB, no se podrá obtener muchos recursos que ayuden a lograr más ingresos fiscales. Todo ello hará más complicada la situación para desactivar la bomba en potencia que puede suponer la enorme deuda existente. Sobre todo, ante un posible y temido cambio de tendencia que pudiera comenzar a elevar los tipos de interés. Lo que parece evidente es que los tipos negativos como los que existen ahora no se pueden perpetuar en el tiempo y, por otra parte, ponen en grave riesgo la salud del sistema financiero, convirtiendo las ventajas actuales en una posible hecatombe financiera.

Por otra parte, y por si todo lo dicho fuera poco, acaba de entrar en vigor la reforma constitucional de Zapatero de 2011 pactada con el PP del artículo 135, según la cual lo primero que hay que pagar es la deuda y los intereses financieros. Lo que impone, como obligación constitucional, preservar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas.

Todo ello hace que resulte muy complicado uno de los primeros objetivos del Gobierno de Sánchez e Iglesias, como sería llegar a obtener el beneplácito con Bruselas para seguir tirando de la permisividad de la que Rajoy se vio ampliamente favorecido durante todos sus mandatos. Y lograr que la senda del déficit se haga más flexible y no obligue siquiera al Gobierno a tener que cumplir las propias previsiones realizadas en octubre pasado, con el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, del 2% de déficit público, cuando muchos expertos, además, lo sitúan ya en el 2,5%.

Por lo tanto, la cuestión de la deuda y el déficit público, va a suponer un problema difícil de soslayar para el nuevo Gobierno que, según ha declarado, pretende llevar a cabo la cuadratura del círculo cumpliendo con las exigencias de Bruselas, mientras por otra parte ha planteado que va a desarrollar políticas modestas para paliar la desigualdad y la precariedad.

Un estudio alarmante de la Comisión Europea

La Comisión Europea, de hecho, ya plantea un tirón de orejas al Gobierno español, según su último estudio sobre la situación y sostenibilidad de la deuda pública en Europa. En el Estado español, una situación coyuntural como fue el incremento de la deuda pública, consecuencia de la crisis de 2008, se ha transformado en estructural. Pasando del 36,3% del PIB en 2007, justo antes del inicio de la crisis, hasta el máximo guarismo logrado en 2014 con el 100,7% de deuda. Y sobre todo, manteniéndose en el tiempo durante todos esos años, una vez que en 2013 se alcanza el 93,7%, sin logar hacerla bajar del entorno del 95% y más. Por ello el estudio concluye que el Estado español, uno de los más endeudados de la UE, no reducirá el nivel de endeudamiento por debajo del 96% (el límite máximo establecido por Bruselas es del 60% para considerarlo dentro de lo tolerable) hasta el año 2030. Y esto si las cosas no van demasiado mal.

Así, los técnicos de Bruselas han estimado en el estudio que ese año de 2030 se podría alcanzar un déficit del 95,7% del PIB con lo que todo este camino llevaría a una reducción de apenas un 1% si tenemos en cuenta que la deuda prevista para el año 2019 es estimada en un 96,7%.

Otro dato significativo es que, además, la escasa reducción de la deuda durante estos años se ha debido más al crecimiento de la inflación, aunque ha sido pequeño, y a la posibilidad de financiarse mucho más barato, dados los bajísimos tipos de interés que tiene que pagar el Estado español por su deuda, con intereses negativos a corto plazo y cercanos al 0% a 10 años, 0,3% en 2020. Lo que ha supuesto y supondrá un enorme ahorro al Tesoro.

Sin embargo, lo que apenas se ha mejorado, es con los déficits estructurales, es decir, con el que no se deriva de la situación coyuntural, sino que tiene que ver con los déficits asociados a la situación permanente y estructural de la falta de ingresos y de gastos que no se reducen suficientemente.

En este sentido, la Comisión ha estimado en el estudio que el resultado del déficit estructural no bajará del 2,6% durante los próximos diez años y que, por lo tanto, no se encontrará en equilibrio, según las exigencias de Bruselas, durante una década.

El estudio también aleja la idea planteada por el Plan Presupuestario del Gobierno para 2019, planteado cuando Pedro Sánchez estaba en funciones, de lograr el denominado “superávit primario”. Esto implicaría obtener un superávit en las cuentas públicas, antes del pago de los intereses de la deuda. Pues bien, según los técnicos de la UE, más bien al contrario, estiman que al menos hasta el año 2021 no se alcanzará en absoluto ningún superávit primario. Más bien creen que el déficit primario será lo que irá aumentando, desde un 0,1% en 2020 hasta el 1,2% del PIB al final del período.

De ahí la exigencia de Bruselas de que cualquier recaudación adicional de ingresos se destine a reducir deuda y no a gastos corrientes del Estado. Es decir, que conminan a que se cumpla la reforma de la Constitución del PSOE de Zapatero y del PP, y la ley de Estabilidad Presupuestaria: primero páguese la deuda y asegúrese la estabilidad financiera y el equilibrio presupuestario y luego, si quedan recursos, se atenderán las necesidades sociales.

La Comisión Europea ha incluido al Estado español dentro de los ocho países más vulnerables y con altísimo riesgo, por los enormes problemas macroeconómicos que pueden surgir por mantener una muy elevada deuda pública.

Todo este análisis reafirma las nulas esperanzas que podemos tener respecto a este Gobierno social-liberal y claramente favorable a las políticas neoliberales de la UE, el IBEX 35 y a los intereses patronales.

Así se ha podido comprobar ya con cuestiones tan centrales como la no derogación completa de las reformas laborales y las reformas de las pensiones de Zapatero y Rajoy. Ésta última reivindicación, por cierto, ha generado una huelga en Euskal Herría que marca un camino. Tenemos que prepararnos, levantando un programa de organización y movilizaciones unitarias, continuadas e independientes del Gobierno y de las burocracias sindicales, para que la crisis, aún sin resolver, la paguen los capitalistas.






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