Política

UN AÑO SIN SANTIAGO, EL ESTADO ES RESPONSABLE

La muerte de Santiago Maldonado, un crimen de Estado

No solo el Estado es responsable de la muerte y desaparición de Santiago, sino de haber puesto en marcha una serie de mecanismos de justificación y de encubrimiento hacia las fuerzas de seguridad responsables de este crimen.

Myriam Bregman

Diputada porteña PTS/FIT | CeProDH | @myriambregman

Gloria Pagés

Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Miércoles 1ro de agosto | Edición del día

Nota: este artículo fue publicado originalmente en noviembre de 2017, a pocos días de que el cuerpo de Santiago Maldonado apareciera sin vida en el Río Chubut

Nuevamente la desaparición de personas y la posterior aparición de un cuerpo aún sin mayores explicaciones recorren el debate político en Argentina. Santiago Maldonado estuvo 78 días desaparecido y luego se lo encontró muerto en el lugar donde había sido visto por última vez, pese a que el Gobierno había llegado a negar la presencia del joven allí.

La desaparición es uno de los métodos que las fuerzas de seguridad utilizan como forma de ocultamiento de un crimen, así como para generar un especial terror entre quienes rodean al desaparecido.

Más allá de la calificación que tenga finalmente el hecho, la Gendarmería y Patricia Bullrich siempre supieron el destino de Santiago, que estuvo en la protesta social que ellos reprimieron, pero plantaron pistas falsas hasta el infinito, dejando en vilo a toda una sociedad que se movilizó por su aparición. El Estado y Gendarmería (GNA) son los responsables de negar su destino durante todo el tiempo en que estuvo desaparecido, y también de su muerte.

Hablamos de responsabilidad estatal y no solamente gubernamental porque el juez Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila fueron la cobertura de impunidad necesaria, los que habilitaron el plan para desviar la búsqueda de Santiago y de las responsabilidades por su desaparición.

Es claro que Santiago Maldonado participaba de una protesta con la comunidad mapuche en la Ruta 40 y fue víctima de una planificada y salvaje represión, ejecutada bajo las órdenes políticas de funcionarios nacionales como Patricia Bullrich y Pablo Noceti.

En ese marco llegó al río. No estaba paseando, no estaba pescando, no dio un mal paso y se cayó. No. Santiago llegó al río perseguido, huyendo, y desapareció.

Su muerte no fue accidental, fue conducido a ella por un operativo de más de 100 gendarmes, 50 de los cuales ingresaron al territorio mapuche de forma absolutamente ilegal, con camionetas y un camión de la fuerza.

Llegó perseguido a poca distancia por un pelotón de entre diez y doce gendarmes que corrió alocado, armado con escopetas y disparando hacia el río, llegando hasta su orilla con la orden expresa de detener manifestantes. Algunos, incluso, ingresaron a la Pu Lof con armas 9 mm.

El subalférez Echazú fue herido y, sin embargo, aparece riéndose con sarcasmo. Varios gendarmes se alejaron de la zona y regresaron a sus bases en la madrugada del 2 de agosto. Los peritajes de las camionetas señalan que fueron lavadas previamente. Una Eurocargo aparece en fotos con parte de la lona mojada.

Sin embargo, ni la fiscal ni los jueces del caso profundizaron sobre los alcances de ese accionar y las fuertes contradicciones entre las declaraciones de los jefes y gendarmes.

Todo esto no pudo haberse realizado sin la orden del comandante Juan Pablo Escola, que nunca dejó de estar en contacto con su superior, Diego Balari, y el funcionario de Seguridad Pablo Noceti.

La anuencia, la complicidad y el encubrimiento adquieren ribetes escandalosos: Gonzalo Cané, que ostenta el título de secretario de Cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas del Ministerio de Seguridad, dijo a los medios que las “camionetas se lavaron porque cuando se va a entregar la camioneta se la tiene que entregar limpia, hay un reglamento; la Gendarmería debe cumplir el reglamento”. Insólito.

Cané se instaló en Esquel y coordinó personalmente la presentación de los testimonios de los gendarmes y las operaciones mediáticas que se iniciaron desde el primer día. Por si le faltara algo al Ministerio de Seguridad, Cané fue el operador del espionaje ilegal a la familia Maldonado.

No hubo errores ni excesos de cuyas consecuencias el Gobierno sea víctima, como queda demostrado por su accionar posterior. Con todas esas pruebas sobre su mesa, la ministra Bullrich exclamó: “No voy a hacer la injusticia de querer tirar a un gendarme por la ventana y echarle la responsabilidad. Me la banco yo”.

Y esto es así porque decidieron políticamente que lo mejor que podían hacer era reivindicar aquel violento operativo contra la comunidad mapuche en que quemaron sus pertenencias, robaron sus cosas y reprimieron bestialmente.

Porque “necesitamos a la Gendarmería para los planes que tiene este Gobierno”, dijo Bullrich. Porque consideran necesario sembrar el temor en la población y que nadie proteste ni se oponga a sus planes de ajuste y entrega.

Por eso no es casualidad que a partir de la desaparición de Santiago se hayan tornado habituales las detenciones después de cada movilización en reclamo por su aparición. Incluso se hizo costumbre la provocación policial. Porque también quieren atemorizar.

Que no hubo errores y excesos se demuestra también al repasar cómo se preparó ese operativo represivo a la comunidad de Cushamen. Previamente, Pablo Noceti reunió a todas las fuerzas represivas de la región en Bariloche y dijo: “Que sepan los miembros de la comunidad mapuche que van a quedar todos presos”, “vamos a detener a todos y cada uno de los miembros de la RAM”.

Así arengó a su tropa, que al día siguiente desplegó su saña contra la comunidad mapuche y llevó a Santiago a la muerte. “Les dimos corchazos para que tengan”, “tenemos a uno”, “que los chicos ejecutaron disparos, ejecutaron disparos”, y varias declaraciones en el mismo sentido, constan en la causa y expresan el odio y la impunidad con la que fueron a reprimir, terminando con la vida de joven.

Noceti fue alentado por la Sociedad Rural de la región. Esa entidad ya participó de dos genocidios: el primero, el que se llevó a cabo para fundar el Estado-nación argentino; y el segundo en los años ‘70. ¿Por qué, con esa trayectoria, iban a soportar que se recuperen las tierras de su amigo Benetton?

Sin errores ni excesos. Preparados para cualquier cosa.
¿Cómo no van a defender a Gendarmería? ¿Cómo van a “tirar a un gendarme por la ventana”? ¿Por qué mejor no decir que Santiago Maldonado tenía relación con una organización terrorista y aprovechar la excusa para incrementar la represión interna?

Eso es lo que hicieron. La mayor exponente de esa política fue la diputada Elisa Carrió cuando, en debate con Marcelo Ramal, candidato del FIT, le dijo que ella estaba investigando porque Santiago “podía estar en Chile con la RAM”, con los “terroristas”…

Hablamos de “crimen de Estado” no solo por las características del hecho mismo, sino por el marco discursivo y mediático que lo rodea. “Ningún crimen de Estado se comete sin ensayar un discurso justificante”, señala Eugenio Zaffaroni, y agrega que “la negación de la víctima es la técnica de neutralización más usual en los crímenes de Estado”.

En su trabajo “El crimen de Estado como objeto de la criminología”* señala que la negación, el empañamiento de la realidad y la erradicación de los restos y vestigios de la absoluta verdad son parte integral del crimen perpetrado por el Estado. Da cuenta también de cómo los medios de comunicación, voceros estatales, naturalizan un determinado uso del lenguaje para neutralizar el crimen.

Se instala entonces un discurso legitimador del accionar, en este caso de la GNA. Como el crimen cometido, el discurso se planifica y reviste la misma peligrosidad: así buscan evitar la responsabilidad de los agentes que participaron en la desaparición y muerte y, además, se busca instalar nuevos valores legitimadores de un mayor nivel de represión contra los que detecta como enemigos.

Así fue que el Gobierno de Cambiemos dio órdenes precisas –y sigue brindando información de la causa o de inteligencia muchas veces falsos– a sus medios de comunicación afines para que cada vez que se hablara de esa comunidad mapuche perseguida con la cual Santiago se solidarizó, se la mencione como parte de una red terrorista.

Sembrar pistas falsas, demonizar a la víctima y a su familia, a los organismos de derechos humanos y pretender configurar a un “enemigo” en la figura de los mapuches forman parte del manual para encubrir un crimen estatal. En este caso, la desaparición y muerte de Santiago.

Desde el Gobierno abrieron una nueva etapa que nos hace estar alertas. Ahora el nuevo ministro de Defensa, Oscar “el Milico” Aguad, prepara la modificación del decreto por el cual el expresidente Néstor Kirchner reglamentó la Ley de Defensa para ahora autorizar a las Fuerzas Armadas a que intervengan en la represión del terrorismo. ¿Casualidad? No lo creemos: órdenes del amo del Norte.

La práctica de las fuerzas de seguridad

Un enorme aparato mediático se está desplegando para instalar la idea de que Santiago simplemente “se ahogó”.

Con la precariedad que tiene todo lo que digamos atento a que aún la causa se encuentra en plena etapa de pericias, siendo prácticamente imposible hacer aseveraciones contundentes, veamos algunos ejemplos que demuestran cómo la causa final de muerte de una persona víctima del accionar de las fuerzas de seguridad de ningún modo explica la mecánica ni el motivo de la misma.

Y cómo, en gran parte de los casos ocurridos durante los Gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura cívico-militar, esos mecanismos de neutralización de responsabilidades para proteger a los agentes del Estado han sido muy utilizados.

“Se ahogó, lo chocó un auto, murió por inanición…”, entre tantas otras viles excusas. Los jóvenes Iván Torres, Miguel Bru, Luciano Arruga, Ezequiel Demonty, Sebastián Bordón, Franco Casco, por nombrar solo algunos de los casos más escandalosos, fueron víctimas de la brutal metodología policial con la que ejercen un control social sanguinario contra la juventud pobre.

El 2 de octubre de 2003 la Policía de Comodoro Rivadavia levantó a Iván Torres Millacura de la puerta de la heladería en la que se encontraba con amigos. Desde ese día se encuentra desaparecido.

Trabajaba como albañil y sufría de manera permanente el hostigamiento de la Policía de Chubut: simulacros de fusilamiento, acusaciones falsas y aprietes que su madre ya había denunciado, hasta que fue secuestrado y nunca más se supo de él. Lo que sí se supo por testigos que estuvieron con Iván es que fue brutalmente torturado. Su madre inició una lucha incansable, sufriendo todo tipo de amenazas y persecución policial.

Al menos 6 testigos fueron asesinados hasta llegar a la instancia de juicio oral, que terminó en julio de 2016 con las condenas del comisario Tillería y el oficial Chemín a 15 y 12 años de prisión, respectivamente, como partícipes necesarios de la desaparición forzada de Iván. Su caso es el que obligó al Estado argentino a tipificar la desaparición forzada en el Código Penal –artículo 142 ter–.

Miguel Bru era estudiante de periodismo. El 17 de agosto de 1993 fue detenido en la Comisaría 9ª de La Plata, y testigos relataron que fue torturado hasta la muerte con la práctica denominada del submarino seco, también usada en la dictadura. El cuerpo al día de hoy sigue sin aparecer. Rosa, su madre, sigue reclamando justicia.

Ezequiel Demonty, de 19 años, fue secuestrado por la Policía Federal junto a sus amigos en el Barrio Illia la madrugada del 14 de septiembre de 2002. Ocho días estuvo desaparecido. Murió ahogado en las aguas pestilentes del Riachuelo luego de haber sido torturado y obligado a meterse al río, siendo que no sabía nadar. El cuerpo apareció en la orilla varios días después. “Nadá o te pego un tiro en la cabeza. Ahora vas a aprender a nadar, negro de mierda”, le decían mientras uno de los policías le apuntaba con su arma. La lucha de sus familiares y amigos dio con la verdad y la condena a los hombres de la Federal.

Luciano Arruga, hostigado por policías tras haberse negado a robar para ellos, tras 5 años desaparecido fue encontrado en el cementerio de la Chacarita. Había muerto atropellado en la Av. Gral. Paz mientras huía de la Policía. “No cambió nuestra denuncia sobre el accionar de la Bonaerense. Luciano no cruzó por motu proprio la Gral. Paz esa madrugada”, señaló su hermana Vanesa Orieta.

Sebastián Bordón fue víctima de golpes y torturas por parte de la Policía mendocina, en la comisaría de El Nihuil, durante su viaje de egresados. Luego de la salvaje golpiza, lo dejaron abandonado cerca de una barranca del río Atuel. Sebastián murió de hambre y sed.

Franco Casco viajó a Rosario a visitar a su tío. La noche del 6 de octubre de 2014 Franco tenía que tomar el tren que lo traía a Buenos Aires. Nunca llegó porque personal de la Comisaría 7ª lo secuestró. Su cuerpo apareció a los pocos días, flotando en el río Paraná. Con ese mensaje macabro, la Policía santafesina pretendió borrar los golpes, las torturas y la desaparición forzada de Franco. Fueron 23 días de calvario para la familia del joven de 20 años, en los que tuvieron que soportar las humillaciones del Poder Judicial, la Policía y el Estado, todos responsables de la desaparición y muerte de Franco.

Julio López, sobreviviente de la dictadura, fue querellante en el juicio contra Miguel Etchecolatz. Desapareció el 18 de septiembre de 2006. Se intentó presentarlo como una persona perdida, que podía estar en cualquier lado, “en la casa de la tía”, llegó a decir Aníbal Fernández. Pero no: fue secuestrado a manos de una patota de represores con lazos con la Bonaerense. A 11 años de su desaparición seguimos luchando por saber qué pasó y por el castigo a los culpables.

La Tablada. Bajo el Gobierno de Raúl Alfonsín, a fines de enero de 1989, un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) intentó un copamiento al Regimiento de Infantería Mecanizada III de La Tablada (Buenos Aires). El intento fue reprimido de manera sanguinaria. El cerco tendido por dos mil efectivos de las fuerzas de seguridad permitió la represión a sangre y fuego durante 36 horas, llegando incluso a utilizar bombas de fósforo, prohibidas por convenciones internacionales. El combate dejó un saldo de 33 militantes, 7 miembros del Ejército y 2 policías muertos. Entre los militantes del MTP, Berta Calvo y Pablo Ramos fueron fusilados con tiros a quemarropa. Pero también hubo cuatro desaparecidos: Iván Ruiz, José Díaz, Carlos Samojedny y Francisco Provenzano. Ruiz y Díaz fueron capturados con vida, según pudo reconstruirse gracias a registros fotográficos, fílmicos y testimonios de vecinos. Fueron torturados y desaparecidos.

El general Alfredo Manuel Arrillaga, que comandó el operativo, tuvo 3 condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata en la llamada Noche de las Corbatas. El mayor Jorge Eduardo Varando, señalado por los fusilamientos de Iván Ruiz y José Díaz, también actuó en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001: allí asesinó al manifestante Gustavo Benedetto.

Ya en 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido un informe en el que hacía referencia a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el cuartel y consideraba al Estado responsable por estas.

Si se ahogó, ¿para qué espiaron a la familia? El enorme sistema de espionaje desplegado contra la familia Maldonado y todos los que se involucraron en el caso demuestra que el Gobierno tenía mucho que perder si la verdad de los hechos salía a la luz. Es impensado que se realice semejante accionar delictivo, que involucra decenas de agentes y despliegue por varias provincias, sin el temor al hallazgo de evidencia que perjudique a la Gendarmería o al Gobierno.

Más grave aún es que este espionaje fue realizado por la propia fuerza involucrada en la desaparición. Y que todo lo hicieron ante los ojos de la Justicia, que no tomó una sola medida para impedirlo.

La familia de Santiago, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y todos los que participamos de la búsqueda de Santiago somos espiados rigurosamente. Por eso presentamos una denuncia penal en la causa conocida como “Proyecto X”, donde se investiga este sistema ilegal de espionaje con que cuenta la Gendarmería, a través de sus Centros de Reunión de Información (CRI) y otros mecanismos.

Acercamos documentación que prueba que Gonzalo Cané, funcionario enviado por Patricia Bullrich a Esquel, se presentó en causas judiciales que existen a partir de la desaparición de Santiago y, argumentando mantener “el secreto y la confidencialidad que requiere la información concerniente a la seguridad interior”, pidió limitar la inspección de celulares, computadoras y otros dispositivos secuestrados a integrantes de la Gendarmería, muy temeroso de que saliera a la luz el espionaje realizado.

La pretensión del Gobierno y la Gendarmería era que no trascendiera lo que finalmente salió a la luz en la investigación: que existieron tareas de inteligencia ilegal por parte de la Gendarmería sobre la familia de Santiago Maldonado, la comunidad mapuche y los organismos de derechos humanos.

A modo de colofón

Los casos que relatamos son muy diferentes; los contextos políticos también. Pero lo que queda claro es que esa práctica de desaparición forzada y/o ocultamiento en gran escala de un crimen, involucrando a todo el aparato estatal en ello, nunca fue abandonada por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Hoy tratan nuevamente de tapar el sol con la mano, poniendo miles de trabas, montando operaciones, e incluso un poderoso aparato de inteligencia y espionaje, para que no conozcamos qué pasó con Santiago Maldonado. Su familia se ha puesto a la cabeza de la pelea y ha desatado una enorme solidaridad en todo el país. Por Santiago, por todos los desaparecidos bajo gobiernos constitucionales, porque las víctimas siempre las pone el pueblo, los que luchan y reclaman, no vamos a bajar los brazos.

* En Sebastián Alejandro Rey y Marcos Filardi (coordinadores), Derechos Humanos. Reflexiones desde el Sur, Buenos Aires, Infojus, 2012, pp. 1-18.







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