Sociedad

CRISIS CORONAVIRUS

La suspensión del pago de los alquileres, una demanda básica

Las medidas del Gobierno frente a la crisis del coronavirus no incluyen la suspensión del pago de los alquileres ylas letras de hipoteca, cuando es uno de los principales gastos para muchas personas y familias trabajadoras.

Jueves 19 de marzo

La pandemia del coronavirus está generando una crisis social cuyo alcance todavía no podemos determinar, sin embargo, ya estamos observando graves consecuencias. Una de ellas es la incertidumbre de millones de trabajadoras y trabajadores que, debido a la paralización de buena parte de la economía, no saben qué va a ser de su empleo, de su salario y de si van a poder afrontar el pago de las facturas y el coste de la vida.

Son muchos los casos de empresas que en plena crisis no están dudando ni un segundo en despedir a parte de la plantilla, directamente o implementando suspensiones temporales través de un ERTE. Especialmente dramática es la situación de las personas que trabajan en condiciones de absoluta precariedad laboral –contratos temporales, irregularidad, etc.– y que de la noche a la mañana se están quedando sin ningún tipo de ingreso.

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La desigualdad social va a dispararse y miles de personas pueden vivir situaciones de auténtica penuria en las próximas semanas o meses. En este sentido, el Gobierno ha concretado este martes un paquete de medidas que supuestamente iban a enfrentar esta situación. Pero, mientras se rescata a las empresas, para el pueblo trabajador son absolutamente insuficientes.

Sin entrar en el conjunto de ellas, queremos destacar la “moratoria de pago de las hipotecas a personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el Coronavirus”.

Una medida que no responde a la exigencia de suspensión y tampoco incluye la suspensión del pago de los alquileres, una demanda de muchos colectivos sociales.
Teniendo en cuenta que en los últimos años casi un cuarto de la población, especialmente en zonas turísticas y grandes ciudades como Madrid o Barcelona, vive de alquiler –en 2018, el 23,9% de la población vivía en régimen de alquiler frente al 19,45% de 2005, según Eurostat–, esta última es una reivindicación elemental.

Han pasado varios años desde la explosión de la “burbuja del ladrillo” y, aunque hayan bajado los precios de la vivienda, el empeoramiento drástico de las condiciones laborales y de vida para miles de personas, especialmente para la juventud o las personas migrantes, ha dificultado el acceso a las viviendas en propiedad.

Así, cada vez más personas se ven empujadas a alquilar, una situación que también ha sido aprovechada para la especulación, hinchándose en los últimos años una nueva “burbuja”, ahora con los alquileres. Los precios del alquiler se han disparado, hay provincias donde el precio del alquiler ha subido en los últimos cinco años más del 50%: Valencia con una subida del 69%, Santa Cruz de Tenerife un 68%, Barcelona y Baleares un 66%, Madrid un 63% , Las Palmas un 62% y Málaga un 56%.

Si los alquileres han subido un 50% de media en todo el Estado español, en cambio la renta media por persona entre 2014 y 2018 tan sólo ha subido un 8,9%. Las agencias inmobiliarias niegan que se trate de una “burbuja”, sino más bien de una “tensión de los precios”. Digamos que es mal intento de eufemismo, sobre todo cuando ellas mismas reconocen que “un 41% de la población dedica al alquiler alrededor de un 40% de su sueldo –frente al 13,1% registrado de media en los países desarrollados–. Una situación insostenible y muy por encima del 30% recomendado”.

Por lo tanto, en este contexto de caída de los ingresos y de gran vulnerabilidad, una medida de absoluta urgencia es la suspensión del pago del alquiler, ya que es el gasto principal de millones de personas en este país. Y junto con ello, también la suspensión del pago de las hipotecas a personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el Coronavirus, teniendo en cuenta, además, que existen muchos fondos de inversión, empresas o grandes rentistas, que especulan a costa de la necesidad de otras personas.

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto el precario equilibrio social en que vivíamos, donde la precariedad de las condiciones de trabajo y de vida ha llegado a un punto donde la vulnerabilidad de los sectores populares y la clase trabajadora es tal, que en cuestión de semanas buena parte de la población puede verse reducida a la miseria y a vivir penurias. Y esto ha quedado claro no sólo con la sanidad, sino con otras muchas cuestiones, y la vivienda es una de ellas.

Es el momento de tomar absolutamente conciencia del caos capitalista en que vivimos y empezar a plantear los problemas de raíz. La suspensión del pago de alquileres e hipotecas es una medida de absoluta prioridad, pero no es suficiente, hay que terminar con la especulación.

La vivienda es un derecho fundamental y es preciso una intervención de todas las viviendas en manos de fondos buitres, de los bancos y de toda práctica rentista que hace negocio con la pobreza estructural y con la imposición de dificultades para acceder a una vivienda. Tenemos que pensar alternativas anticapitalistas, como el establecimiento de un parque de viviendas público cuyos alquileres no superen el 15% del salario.






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