Política Estado Español

EDIFICIO ESPAÑA

Las increíbles concesiones de Carmena al grupo Wanda

El Edificio España se reformará respetando los intereses especulativos del grupo chino Wanda, propiedad del magnate Wang Jianlin, todo ello gracias a las increíbles concesiones hechas por el Ayuntamiento.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Jueves 28 de abril de 2016 | 17:48

Foto: ID.es

El multimillonario chino Wang Jianlin ha logrado imponer sus principales exigencias al “Ayuntamiento del cambio” de Manuela Carmena, quien se ha mostrado muy débil para hacer respetar las normas urbanísticas en esta operación urbanística especulativa. Finalmente se podrán desmontar determinados elementos de la fachada central ,cosa que antes del reciente acuerdo había sido taxativamente rechazada por el Ayuntamiento. De nada ha servido tampoco la clara oposición de los vecinos que recogieron 68.000 firmas en contra del proyecto ya en el mes de noviembre del pasado año.

La negociación con el magnate se reabrió “in extremis” tras la espantada dada por el grupo chino en diciembre del año pasado. Se ha llevado adelante mediante contactos secretos a partir del mes de febrero. Culminando con el envío de una carta, el pasado 6 de abril, de la propia alcaldesa Manuela Carmena, con una propuesta irrechazable para el empresario multimillonario chino. La respuesta afirmativa a la carta llegó el pasado 20 de abril por la tarde. En consecuencia habrá un nuevo hotel exclusivo, apartamentos de lujo y toda la parafernalia prevista en el proyecto de Wanda, en beneficio claro del desarrollo urbanístico especulativo y de las élites económicas.

Además, el proyecto urbanístico vendrá acompañado de una serie de obras en las calles adyacentes y en el conjunto de toda la zona para remozarla en consonancia con este proyecto exclusivo y de lujo. Una reforma en clave gentrificadora que financiará en gran parte el grupo empresarial. Pero estos “favores” del capital nunca salen gratis.

Este emblemático edificio protegido en enero de 2015 ya tuvo una recalificación. Sucedió, curiosamente, tras su compra por parte del actual propietario, durante los gobiernos del PP de Ignacio González en la Comunidad Autónoma y Ana Botella en el Ayuntamiento. Ambas instituciones se pusieron de acuerdo para, por arte de magia, pasar la calificación del edificio de “nivel 2 grado estructural” a “nivel 3 grado parcial”. Lo que entonces permitió poder derribarlo con la excepción de la fachada central. Ahora, sin embargo, tras una nueva vuelta de tuerca, la fachada podrá ser objeto de manipulación para garantizar las inversiones previstas.

El Ayuntamiento, además, se ha comprometido a acelerar los procesos, asegurando que la aprobación definitiva por parte del pleno se produciría en el mes de junio. Con todo ello se pude asegurar el inicio de las obras de demolición para el 15 de julio. Además se irán concediendo las autorizaciones a las diferentes fases casi automáticamente, sin que se “paralice o se retrase” la obra. La licencia definitiva se obtendría en diciembre.

La forma de justificar la “flexibilidad“ legislativa ha sido un auténtico monumento al eufemismo lingüístico. En la carta de Carmena se señalaba que “cuando, en el transcurso de la obra, se compruebe que pueda verse afectado de manera puntual algún elemento de la fachada protegida, podrá aplicarse con carácter excepcional (...) pudiendo solicitarse en este caso su desmontaje y posterior reconstrucción”. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, lo ha aclarado “No cabe en ningún modo la demolición de la fachada, pero es perfectamente admisible que cuando haya un elemento en mal estado se pueda sustituir. Lo que no cabe es la demolición completa del edificio, que es lo que se planteó inicialmente”.

Lo que se planteó desde el inicio como diferencia clara entre las partes y que llevó al enfado monumental del magnate chino era que, según el Ayuntamiento y basándose en la legislación aplicable a este edificio singular, no se podía desmontar ningún elemento de la fachada principal. Esa y no otra es la realidad.

La alcaldesa Manuela Carmena ha movido cielo y tierra para buscar una solución a las exigencias del grupo Wanda, llegando a hacer en sentido estricto una interpretación profundamente “flexible”, siendo benignos, de la legislación urbanística vigente. Desde el principio se significó como una auténtica animadora e impulsora del proyecto declarando, allá por el mes de noviembre, que para una ciudad como Madrid las inversiones “son tan importantes como el patrimonio”. Destacando, además, que las administraciones tienen la responsabilidad de “cuidar las inversiones” que pudieran recibir. Incluso llegó que tenía “ilusión” en la reforma del edificio y que por ello se había reunido con el presidente de Wanda Group y otros responsables a los que encontró “muy satisfechos y contentos”.

Una operación resuelta por Carmena con trato de privilegio hacia Wang Jianlin, dirigida de forma directa y secreta por la máxima representante de todos los madrileños. Y con el posible agravante de la conculcación de la propia legislación urbanística.

Mientras, por otro lado, resulta absolutamente incapaz de resolver casos extremos de necesidad social, como ocurre, por ejemplo, con los cientos de afectados por posibles desahucios por la venta de vivienda municipal a fondos buitre. Éstos serán próximamente desalojados de sus viviendas sin contemplaciones y sin que el Ayuntamiento encuentre alguna solución práctica a esta situación para la totalidad de los afectados, tal y como ha anunciado, dada la legislación vigente. Incluso están señalando la imposibilidad de ofrecerles, dado su número, una vivienda alternativa.

Esta misma situación se repite con el abandono de muchas de las promesas de Ahora Madrid con la excusa de que deben ceñirse, en este caso sí, al respeto escrupuloso de la legalidad. Ocurre para negarse a anular grandes contratos concesionarios de servicios y llevar adelante su municipalización, con la no paralización de las diferentes operaciones urbanísticas especulativas que siguen adelante desde la época del PP, con la negociación con la SAREB para disponer de viviendas públicas de las que el Ayuntamiento carece o con el pago escrupuloso de la deuda municipal, que atenta en la línea de flotación de cualquier posibilidad de ponen en marcha políticas sociales en favor de los sectores populares prometidas durante la campaña electoral.






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