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AGROMODELO

Los niños fumigados de Santa Fe: el caso testigo de Ludmila Terreno

Con solo 28 meses vive expuesta a los agroquímicos de un depósito lindero a su casa. Pérdida de peso, deshidratación, un cuadro de vómitos severos. “Contaminada por glifosato”, dijeron los médicos.

Sábado 11 de mayo | 16:42

En el mes de noviembre de 2017, debido a la pérdida de peso y la deshidratación que manifestó asociada a un cuadro de vómitos severos, Ludmila Abigail Terreno (28 meses de vida) debió ser asistida por médicos de la zona cercana a su pueblo natal, Bernardo de Irigoyen, a unos 100 kilómetros de la capital santafesina. El periplo por los centros sanitarios comenzó en el SAMCO de Barrancas, donde quedó consignada por escrito la exposición a los agrotóxicos que padece la niña.

Terminó en el Hospital de Niños de Santa Fe, Dr. Alassia. En este nosocomio, tras varios estudios que evidenciaban una afectación importante en la salud, los médicos que la atendieron le dijeron a su familia que estaba “contaminada por glifosato”, según contó la abuela, Mariela Marioni. Ludmila en esa ocasión quedó internada por varias semanas.

El hogar de la familia Terreno linda con un galpón que funciona como depósito y lavadero de máquinas fumigadoras y que pertenece a la firma José Pagliaricci. Allí los vecinos observan frecuentes movimientos de envases de agrotóxicos y denuncian que se almacena “tanto glifosato como Round Up”, algo prohibido en las zonas urbanas santafesinas por normativas que nadie se esfuerza en hacer cumplir.

La pequeña Ludmila pelea por recuperarse, y sus familiares por alejar los venenos de la vivienda. Pero nada cambió a pesar de los numerosos reclamos realizados ante el Gobierno comunal (a cargo de Rubén Ramírez) y de que hace catorce meses se tramita una causa penal en la oficina del fiscal del MPA con asiento en la ciudad de Coronda, Jorge Nessier. Hasta el mes de abril de 2019 los “mosquitos” fumigadores siguieron entrando y saliendo del galpón vecino a la casa de la niña afectada con absoluta impunidad. Además, los bidones de químicos biocidas continuaron a la vista de todos, poniendo en serio riesgo la salud incluso de los demás habitantes de la zona.

Fue entonces que el 18 de abril pasado la niña tuvo que ser nuevamente asistida por médicos debido a que experimentó una recaída en su debilitado estado de salud tras sucesivos episodios de exposición a productos agroquímicos en su propia vivienda, por lo que otra vez fue derivada al Hospital de Niños. Luego de una breve internación recibió el alta y regresó a su hogar.

La secuencia de recaídas continuó el jueves 25 del pasado mes. Entonces, la volvieron a traer al mismo centro de salud infantil con dolores abdominales, de cabeza y vómitos. Tras un breve chequeo los médicos se negaron a realizarle análisis de sangre tal como lo requirieron sus tutores. Los profesionales tampoco accedieron a dejarla internada en observación. Esa lluviosa noche Ludmila, junto a su padre Waldo, la abuela y la tía, viajaron de regreso a la absoluta vulnerabilidad que les genera la cercanía con las maquinarias y los productos para fumigaciones agrícolas en el pueblo natal.

Ante la posibilidad cierta de que los daños ocasionados sean cada vez más graves hasta el punto de ser irreversibles, la agrupación Vecinos Fumigados de la provincia de Santa Fe, junto a familiares de la pequeña afectada, decidieron organizar una conferencia de prensa en la puerta del Hospital Allassia el viernes 26 de abril para visualizar una situación que se constituye como una gravísima lesión a los derechos más elementales: a la vida, a la salud, al desarrollo y a disfrutar de un ambiente sano, derechos consagrados en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños –UNICEF- y la Constitución Nacional. La misma mañana, luego de la convocatoria que atrajo la atención de numerosos medios de comunicación de la región, el acompañamiento de los “Vecinos Fumigados” incluyó presentaciones administrativas en el nosocomio mencionado y la intermediación ante la Defensoría General de la Provincia.

Hasta el momento la familia Terreno no pudo lograr que el sistema de salud provincial les extienda por escrito un diagnóstico certero del estado de la niña, tampoco que se expida de forma detallada acerca de cuáles son los factores que le producen el delicado cuadro, y menos aún que se les informe sobre qué incidencia tienen en las recaídas los venenos que provienen del galpón cercano a su casa. Se espera que el Hospital de Niños proporcione esa información en el transcurso de esta semana, tras haberse cumplimentado los pasos administrativos correspondientes.

En los primeros días del mes de mayo tomó contacto con la causa el Defensor General No. 5, de turno, Dr. Jorge Ursini. Por estas horas la familia Terreno está viajando en forma reiterada hacia los Tribunales santafesinos a aportar las pruebas necesarias para que se soliciten medidas efectivas de resguardo.

El caso de Ludmila no es único ni aislado sino que, como testigo, la situación se repite con más o menos gravedad en cientos y hasta miles de niños en toda la provincia. Es de conocimiento público el caso de Zoe Giraudo, la niña de dos años que padece cáncer en la ciudad de Sastre y que a pesar de haber realizado fuertes acciones judiciales, los vecinos de la zona no lograron que se implementaran medidas efectivas de amparo.

Menos difundido es lo que le sucede a Ilka en Arroyo Leyes, que con sus seis años de vida está expuesta a fumigaciones casi cotidianas frente a un campo de frutillas, padeciendo constantes afecciones respiratorias y de la piel. Solo para citar otro caso dramático, podemos hacer alusión a lo que pasó con Abigail Córdoba, de nueve años de edad, en la localidad de Piamonte, donde un juez le otorgó una medida cautelar que la resguarda 800 metros de las fumigaciones, pero en el transcurso del juicio llevado a cabo, se comprobó que tiene daño genético, una situación irreversible que compromete incluso la salud de su descendencia. Parece que las escasas circunstancias en que llega la “Justicia”, lo hace cuando el daño ya está consumado mientras que la legislación vigente sí contempla el aspecto preventivo.

Sabemos que los niños son “población más vulnerable” frente a los agrotóxicos. Solo en nuestra provincia existen más de 700 escuelas en situación de exposición directa a las fumigaciones, mientras que la misma realidad se manifiesta con numerosos menores expuestos a los químicos agrícolas en sus casas y en la vía pública. No hay excusas para abandonar el uso de biocidas sintéticos. Sabemos también que otra forma de producir alimentos es necesaria y posible. La agroecología permite diseñar sistemas productivos respetuosos del ambiente, culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables. Expresar la demanda social ante el poder político es imprescindible y tarea de todos. Llegó la hora de detener el ecocidio, antes de que sea demasiado tarde.






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