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Mahou-Calderón, otro pelotazo urbanístico permitido por Carmena

El “pelotazo urbanístico” denominado Operación ‘Mahou-Calderón’ continuará adelante gracias a un acuerdo entre el club Atlético de Madrid y el gobierno municipal de Manuela Carmena.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Jueves 3 de marzo de 2016 | 16:38

FOTO: EFE

En esta operación urbanística a tres bandas entre la cervecera Mahou, el Club Atlético de Madrid y el Ayuntamiento de Carmena, se pretenden construir dos rascacielos de 36 plantas y ocho torres de hasta 20 pisos cada una de ellas. Serían un total previsto de 2.000 viviendas de lujo -3000 euros el metro cuadrado- a edificar en un espacio de más de 200.000 metros cuadrados. Un incumplimiento de la legislación urbanística para nuevas edificaciones vigente desde 2007 que limita a 3 alturas y un ático. Se vuelve a “adaptar” la legislación para hacer posible otro gran pelotazo urbanístico.

Además, según los datos trascendidos sobre el reparto de los beneficios, todo sería un negocio redondo para los inversores privados: 45% para el club, otro 45% para Mahou y un 10% para el Ayuntamiento. Nada se sabe sobre lo que FCC, la empresa constructora, se llevaría.

Sí que se ha conocido el compromiso inicial de FCC a pagar parte de los gastos de soterramiento de la M-30 y la ampliación de Madrid Río, que supondrían un total presupuestado de 170 millones de los cuales FCC asumiría el 57%. El Ayuntamiento iba a pagar el resto. Aunque ahora parece ser que el Ayuntamiento renunciaría a recibir compensación para cubrir los gastos de soterramiento y ampliación de Madrid Río.

La operación ‘Mahou-Calderón’ se encuentra bloqueada actualmente tras una demanda interpuesta por Ecologistas en Acción que provocó la suspensión cautelar de las obras por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Esta suspensión cautelar fue recurrida por los promotores inmobiliarios, Atlético de Madrid y Mahou, e incluso por el mismo Ayuntamiento del “cambio”, a principios de octubre del año pasado, interponiendo un recurso de súplica. El Ayuntamiento acabó retirando el recurso ante el escándalo político que para Ahora Madrid suponía su posicionamiento en favor de los intereses inmobiliarios privados y la defensa directa en los tribunales de la misma posición que los promotores del negocio. El Tribunal mantiene las medidas cautelares por lo que las obras siguen paralizadas.

Sin embargo, el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, pretende aprobar una legislación urbanística más permisiva en 2016, contando con la complicidad del Ayuntamiento de Carmena que en ningún momento se ha mostrado contrario a la misma. La nueva normativa haría factible esta operación y otras previstas del mismo tenor.

El Atlético de Madrid y su presidente, Enrique Cereza, han cogido las riendas de la operación urbanística haciéndose, de nuevo, con los derechos del suelo que había cedido a la constructora FCC por un acuerdo firmado en 2010, y llegando a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid que previsiblemente desbloquearía la situación.

En estas negociaciones intervino el magnate mexicano Carlos Slim. Un banco del que es propietario Slim concedió un crédito de 160 millones al Atlético de Madrid que debería devolver en julio de 2017. De ahí las prisas para que pronto se puedan obtener recursos para pagar ese préstamo y de ahí la “ayudita” del Ayuntamiento al club haciendo lo posible para que el pelotazo tire hacia delante.

Juan Carlos Lasheras, director general de Planteamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, señaló hace días en la Comisión de Desarrollo Urbanístico Sostenible que el Ayuntamiento se planteaba reducir la edificabilidad al proyecto por debajo de las 2.000 viviendas previstas. Una reforma menor para intentar conseguir una resolución favorable de los tribunales que permita retomar las obras.

Este Ayuntamiento “del cambio” vuelve a mostrar una gran flexibilidad legal para este tipo de actuaciones especulativas y en favor de los “ricos”, así como a llevar adelante negociaciones a la carta y opacas para la ciudadanía.

Sin embargo, para procesos como la remunicipalización, la prohibición de los desahucios o el no pago de la deuda municipal, el Ayuntamiento de Manuela Carmena siempre plantea la imposibilidad de tomar medidas contundentes debido al respeto a la legalidad. Unas leyes que en estos casos le sirven para atrincherarse en posiciones inmovilistas que hacen que no se resuelva ninguna de estas cuestiones esenciales en favor de los más humildes.

Una vez más las políticas reformistas de Ahora Madrid se desvanecen como espejismos en el desierto, consecuencia de su negativa a la confrontación con los “ricos” y las élites económicas para siquiera desarrollar su propio programa electoral en aquellos aspectos que eran más importantes para las clases populares y que levantaron sus ilusiones.






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