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SANIDAD MADRID

Menos rastreadores y más curas, la receta de Ayuso para “bendecir” los rebrotes

La Comunidad de Madrid enfrenta los rebrotes escatimando en rastreadores e invirtiendo en curas: la “eficiente” gestión neoliberal y cristiana de la sanidad madrileña.

Jose Lavín

Madrid

Viernes 24 de julio | 14:11

La Comunidad de Madrid renueva el convenio por el cual gasta 937.187,76 euros anuales en atención religiosa católica en los hospitales públicos, 14.967,29 euros por cada capellán a tiempo completo. Dicho convenio permite la participación de los sacerdotes en los Comités de Ética y en los Equipos de Cuidados Paliativos de la sanidad pública. Mientras tanto, el número de rastreadores y de personal sanitario se mantiene por debajo del mínimo científicamente recomendado.

Ayuso renueva el convenio con la Santa Sede, aprobado en 1985 por Felipe González, por el cual se asigna un capellán por cada 100 camas de hospital, según datos del BOCM. Mientras tanto, el número de rastreadores se mantiene en uno por cada 37.000 habitantes. Aguado afirma que esto se debe a que se “ajusta” el personal sanitario a las necesidades que van surgiendo. Madrid tiene, de este modo, menos de un rastreador por cada 30.000 habitantes, una proporción que es entre seis y siete veces menor que lo que se estima necesario (Alemania tiene 1 por cada 4.000 habitantes). En conclusión: no sólo el número de rastreadores resulta insuficiente, sino que el personal sanitario continúa siendo contratado “just-in-time”, temporalmente y sin estabilidad laboral. En esto se resume la denominada “eficiencia” de la gestión neoliberal de los servicios públicos.

El presupuesto destinado a la contratación de los sacerdotes católicos y “los gastos de adquisición, mantenimiento y renovación del equipamiento necesario del servicio”, asciende a 937.187,76, un presupuesto que, en contraste con los recortes en servicios esenciales, no ha variado en los últimos años. Los gastos los asume la Consejería de Sanidad pese a que los capellanes no forman parte del personal del Servicio Madrileño de Salud. El número de capellanes se establece en función del número de camas, a los hospitales con menos de 100 les corresponde un capellán a tiempo completo, a los que tienen hasta 250, uno completo y otro parcial; y así en ascenso progresivo. Hoy se mantiene a 53 religiosos a tiempo completo y otros 20 con jornada parcial en centros sanitarios de la región. En el pico de la pandemia ascendieron a 120 sotanas.

Sin embargo, muy lejos está el PP de ser el único responsable de la situación. La cantidad de religiosos se establece en base a los criterios establecidos durante el primer Gobierno del PSOE de Felipe González, en un acuerdo entre los ministros de Justicia y Sanidad y la Conferencia Episcopal Española en 1985. Tras la transferencia de competencias fueron las autonomías las que pasaron a asumir los costes de esta asistencia y la voluntad de renovar o no el convenio. El gobierno de Ayuso, sin embargo, ha redactado un nuevo acuerdo, muy similar, que ha sido firmado en estos últimos días, y que ha reafirmado la alianza de los neoliberales con las medievales instituciones vaticanas. El trabajo de los sacerdotes, siempre católicos, consiste en “visitas a los enfermos” la “celebración de los actos de culto y la administración de sacramentos”, el “asesoramiento en cuestiones religiosas y morales” y “cuidar la dimensión espiritual” de los pacientes.

Ante las numerosas críticas la Iglesia afirma que "el derecho a la asistencia religiosa está reconocido en nuestro estado aconfesional". La polémica aconfesionalidad del Estado español se manifiesta en los hechos en privilegios exclusivos de la Iglesia católica, siendo, en el caso de la sanidad pública, la única cuyos sacerdotes realizan una asistencia religiosa mantenida con el dinero público de los contribuyentes, trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid. Los asuntos del espíritu y el alma tienen aquí una buena contraparte material cuya suma asciende, en el caso abordado, a casi un millón de euros de gasto anual: 14.967,29 euros anuales por cada religioso a tiempo completo y de 7.574,81 euros por cada uno a jornada parcial. Un beneficio económico del que no disfrutan otras confesiones, las cuales asisten a los enfermos que así lo solicitan de forma voluntaria y gratuita.

De gestionar la asistencia espiritual y sus ingresos se encargará el Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC), que quedará vinculado a la dirección o gerencia del hospital, y dispondrá de “independencia sobre el contenido y la forma de prestar su asistencia, que serán determinados exclusivamente por la autoridad eclesiástica competente y conformes con las orientaciones sobre pastoral sanitaria de las respectivas diócesis”, sostiene el texto. Esto es, la Provincia Eclesiástica de Madrid, que en los últimos meses se ha visto salpicada por escándalos como los de las denominadas “terapias para curar la homosexualidad”. El nuevo convenio de Ayuso mantiene que los religiosos pueden formar parte del Comité de Ética y Cuidados Paliativos de los centros, es decir, engrosar el grupo que aconseja a los médicos y los pacientes en decisiones que pueden generar dudas éticas, "sin suponer injerencia en las actuaciones del equipo sanitario”.

Este convenio sale a la luz en un momento crítico para la sanidad pública madrileña, caracterizada por la falta de rastreadores suficientes y la afirmación del ejecutivo de mantener estas condiciones a pesar de los nuevos rebrotes. Según informó este miércoles Ignacio Aguado, la comunidad sólo cuenta con 182 rastreadores, menos de uno por cada 30.000 habitantes, una proporción entre seis y siete veces menor que lo recomendado por los científicos. Los números hablan por sí solos, la Comunidad de Madrid cuenta con 182 profesionales encargados de trazar los contagios, esto es, un capellán por cada dos rastreadores. “El problema no es que la Comunidad de Madrid no tenga ‘rastreadores’, es que adaptamos el equipo de rastreadores a las necesidades que vamos encontrándonos en el día a día”, ha señalado Aguado. Estos eufemismos de los populares esconden tras palabras de la gestión “eficiente” la precariedad de la sanidad pública y las escasas garantías laborales de nuestros profesionales de la salud y limpieza en los hospitales de la Comunidad. La gestión liberal de los servicios va de la mano del mantenimiento de los feudos de la iglesia católica en nuestros hospitales.






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