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CORONAVIRUS Y POLICIA

No lo normalicemos: policías y militares en las calles no van a protegernos de la epidemia

La crisis sanitaria provocada por la expansión mundial del COVID-19 está favoreciendo las salidas de fuerza y las respuestas autoritarias a la misma.

Viernes 20 de marzo | 19:05

Argentina ha sido la última incorporación a la creciente lista de países que han decretado la cuarentena obligatoria para toda la población, después de China, Italia, el Estado español, Alemania y otros. Una respuesta a la pandemia, como plantean algunos especialistas, más propia del medievo que de una sociedad científica y medicamente desarrollada, y que trae consigo la centralización del poder, la restricción de libertades y la militarización.

La epidemia ha mostrado la escasa resiliencia de las democracias capitalistas, atravesadas por múltiples crisis en los últimos años. Y algunos reivindican el ejemplo brutal de la dictadura China, aun cuando empezó silenciando las advertencias de los médicos, abandonó a toda una ciudad a su suerte y acumula decenas de miles de infectados y miles de muertos sin que la epidemia haya desaparecido todavía.
Pareciera que la inversión en soluciones médicas genuinas ha pasado a un segundo plano. Hay escasez de material elemental como mascarilla y no se realizan los suficientes test para llegar a una noción real del número de infectados y aplicar un aislamiento racional, faltan respiradores, la lucha de las farmacéuticas por las patentes retrasa el desarrollo de la vacuna y los sistemas sanitarios –devastados por el desmantelamiento neoliberal– están colapsando. Sin embargo, la respuesta prioritaria de los gobiernos está siendo reforzar el papel del Estado, llenar las calles de policía y ejército ¿se pretende combatir un virus microscópico con porras y pistolas?

Ha pasado una semana desde que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma y se pusiera en confinamiento al conjunto de la población. El anuncio estuvo precedido de una campaña del terror ante lo que hasta unos días antes se suponía “solo era una gripe” y de culpabilizar a la población, por las personas que había abandonado Madrid, muchas veces para regresar a su localidad natal, como era el caso de los estudiantes universitarios cuyas residencias cerraron de un día para otro. De esta manera se propagó la idea de que era necesaria la intervención policial y del Estado para que nos “protejan”.

¿Pero, de qué nos están protegiendo? Veo coches policiales patrullando calles vacías que bien podrían ser utilizados para recoger enfermos y aliviar la carga de las ambulancias. Veo policías vigilando que caminemos por la calle lo suficientemente separados, sin embargo, no hay ningún problema en estar encerrado con personas contagiadas que no reciben atención médica por días, en nuestras propias casas o lugares de trabajo.

La policía, con sus porras y sus pistolas, no va a resolver el problema de la “distancia de seguridad” en un transporte público sobresaturado y en decadencia por años de recortes que padecen los sectores más precarizados de la clase trabajadora, aquellos para los que el “quédate en tu casa” se termina cuando empieza su jornada laboral, la cual tienen que desarrollar en infinidad de casos con una total falta de medidas higiénicas elementales.

Difícilmente sentirse protegido por una institución con un largo historial de represión, abusos y torturas. Difícilmente sentirse protegido por una policía plagada de ultraderechistas que deben estar viviendo un sueño húmedo de poder y control social. Ya se están produciendo razzias policiales, detenciones arbitrarias de inmigrantes, multas astronómicas, hostigamiento en los barrios más deprimidos… como ya están denunciando colectivos antirracistas como SOS Racismo.

Y es que no es posible sentirse protegido cuando al mando se encuentra alguien como Fernando Grande-Marlaska, un hombre que como juez encubrió torturas policiales, que estuvo a la cabeza de la represión en Catalunya, que ha respondido a los migrantes que huyen de crisis todavía más terribles que esta con vallas más altas, y porras y pistolas.

A pesar de que de la noche a la mañana se ha logrado confinar a más de 46 millones de personas en sus casas, cuando la inmensa mayoría está respetando la medida, la presencia policial y hasta militar en las calles no deja de reforzarse. Ya son 2.640 efectivos militares desplegados en 55 ciudades de todo el Estado y el jefe del operativo policial declaró el miércoles que se ha acabado “hacer pedagogía” y que es el momento de “hacer cumplir el estado de alerta”; lo que anticipa un incremento de las multas y detenciones que, de hecho, ya se ha producido desde entonces.

Prácticamente desde el comienzo de la cuarentena se hacen públicos cada día los datos de los detenidos y sancionados. Es más fácil saber cuántos han incumplido la cuarentena que el alcance real de la epidemia que la justifica, porque se está dejando de hacer test incluso a personas que manifiestan síntomas notorios de la enfermedad. Se sobredimensiona la importancia de estas cifras que son totalmente marginales y siempre a juicio de una policía que opera con plenos poderes. Todo ello para seguir alimentando la idea de que necesitamos que nos protejan hasta de nosotros mismos y naturalizar la idea de una cada vez mayor presencia de policías y militares controlando la vida.

Y esto, por supuesto, a costa del presupuesto público que deja de destinarse para el sistema sanitario, donde más se lo necesita, y pasa a pagar los gastos de la intervención de estas fuerzas policiales.

«La doctrina del shock es la estrategia política de utilizar crisis a gran escala para impulsar políticas que profundicen sistemáticamente la desigualdad, enriquezcan a las élites y debiliten a todos los demás. En momentos de crisis, las personas tienden a centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir a esa crisis, sea lo que sea, y tienden a confiar demasiado en quienes están en el poder. Quitamos nuestros ojos de la pelota un poco en momentos de crisis», analizaba la periodista y escritora canadiense Naomi Klein, sobre cómo el tratamiento político y económico de esta epidemia se corresponde con las hipótesis planteadas hace más de una década en su libro The Shock Doctrine.

El objetivo real de estas acciones que engendran temor y facilitan el control social, apoyándose en el estado de alarma, no es otro que el de preparar el terreno para medidas más duras y represivas contra la población trabajadora cuando esta comience a rebelarse de forma más generalizada contra las consecuencias de la crisis que los capitalistas ya están generando. Cuando esta, por ejemplo, se niegue a trabajar, como ya ha sucedido en diferentes fábricas y centros de trabajo, en las condiciones a las que se le está obligando los empresarios sin escrúpulos que priorizan sus beneficios a nuestra salud. O cuando empiecen a surgir las primeras protestas populares contra las consecuencias sociales y económicas que va a dejar esta pandemia.

Cuando el shock inicial empiece a diluirse, cuando el pueblo trabajador comience a pedir responsabilidades por el resultado de esta crisis, cuando se exija rendir cuentas a la monarquía por intentar limpiar sus corruptelas en plena catástrofe, cuando se empiece a apuntar al dinero del rescate bancario para obtener los recursos que se necesitan hoy, ya sabemos qué intereses defenderá la policía. Los mismos que en la crisis económica del 2008, los mismos que a lo largo de toda su historia, los intereses de los magnates empresariales, de los banqueros, de las grandes fortunas.

¿Y qué pasaría si la plantilla de una fábrica decide no aceptar los despidos, ocuparla y ponerse a producir al servicio de las necesidades sociales, como por ejemplo fabricar respiradores o mascarillas? No hace falta decir de qué lado estará la policía, siempre defendiendo la propiedad privada de los capitalistas.

Los capitalistas y sus gobiernos ya están anticipándose a escenarios de conflictividad social y refuerzan el aparato punitivo de los Estados para defender sus intereses. De hecho, ese es el único plan que tienen realmente ante esta pandemia, proteger su posición mientras confinan indiscriminadamente a las poblaciones, despiden masivamente, gestionan el colapso de los sistemas sanitarios decadentes, dejan morir a miles sin atención adecuada, etc.

El Estado policiaco no resolverá ninguno de estos problemas. Frente a este modelo de militarización del espacio público, que pretende atomizar y reducir a la pasividad a la clase trabajadora, más que nunca hace falta desplegar la autoorganización obrera y popular, las iniciativas de solidaridad de clase, la protesta contra las condiciones laborales y la propuesta de reorganizar los sectores fundamentales de la economía bajo control obrero en función de las necesidades del conjunto de la sociedad para enfrentar esta pandemia y la crisis económica que está por llegar.






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