Política Estado Español

CORRUPCIÓN

Nuevo caso de corrupción del PP en la Junta de Castilla y León

La investigación por el sobrecoste de un edificio de la Junta saca a luz pagos en negro y adjudicaciones fraudulentas de obra pública. Rafael Delgado, Consejero de la Junta, es responsable de tales adjudicaciones.

Ivan Tamajón

Barcelona | @Ivan_Borvba

Miércoles 11 de mayo de 2016 | 20:23

Foto: Twitter

¿Recuerdan la clásica escena de circo, en la cual el payaso empieza a extraer un pañuelo de uno de sus bolsillos y lo estira sin fin? Pues así es la corrupción en el Estado español, tan solo es cuestión de “tirar”, es inagotable.

El último “trozo de este pañuelo” ha salido de Castilla y León, concretamente de su Consejería de Economía y de su responsable hasta 2007, Rafael Delgado. La Fiscalía de Valladolid, en el marco de la investigación del caso ADE Perla Negra, ha podido verificar que la contratación de las obras destinadas a preparar el mobiliario y la división interna del edificio de la Junta, fue otorgada “a dedo”, es decir sin concurso público de por medio.

La Perla Negra, nombre con el cual se conoce la sede de las empresas públicas de la Junta de Castilla y León está situado en la localidad de Arroyo de Encomienda. Las obras sobre este inmueble se encuentran bajo sospecha desde que hace años se sumaran importantes sobrecostes a las arcas públicas de la comunidad autónoma.

Finalmente la Fiscalía esclarece que las obras, por valor de 4,4 millones, fueron adjudicadas a la empresa Unifica Servicios Integrales, sin mediar concurso público, estudios técnicos, ni ningún otro tipo de documento requerido para obras de adjudicación pública. Algo que parecía ser habitual para la empresa en cuestión, puesto que Unifica Servicios Integrales es la misma empresa que se encargó de la remodelación interna de la sede del PP en la calle Génova (Madrid) y que presuntamente se pagó con el famoso dinero de la “caja B de Bárcenas”.

Su responsable, Gonzalo de Urquijo Fernández de Córdoba, está acusado de falsear documentos y fraude fiscal por haber aceptado los pagos en negro de dicha reforma en la sede madrileña del Partido Popular. La reforma de la sede central del partido de Mariano Rajoy duró de 2005 a 2011, mientras que la obra en la Perla Negra se extendió entre 2007 y 2010. Es decir, Gonzalo de Urquijo llegó a realizar trabajos simultáneos para el Partido Popular madrileño, como partido político, y para el Partido Popular de Castilla y León, como Administración Pública.

La Fiscalía de Valladolid, encargada de la investigación, ha podido comprobar en las facturas presentadas que el responsable político de este fraude es Rafael Delgado Nuñez. El ex Consejero se encuentra también investigado judicialmente por la Fiscalía Anticorrupción debido a la trama eólica, donde se investiga si altos cargos de la Junta y empresarios afines recibieron 110 millones de euros de las eléctricas tras asociarse con ellas.

En el informe de la investigación presentado por la Fiscalía de Valladolid salen a la luz otros datos que reflejan bien la naturaleza de esta usurpación y fraude. La Junta ha remitido a la Fiscalía otros tres informes, uno de ellos de Acuerda Management and Design. El propietario de dicho estudio es Ángel de Urquijo Fernández de Córdoba, es decir, nada más y nada menos que el hermano de Gonzalo, quién recibió finalmente la obra. Es decir, incluso con un “concurso público”, existía un 50% de posibilidades de que la obra, y el montante de 4,4 millones, recayera en la familia Fernández de Córdoba.

El caso de la Perla Negra es tan solo el penúltimo caso de corrupción que ha salido a la luz pública. No importa las circunstancias, si son ayuntamientos, comunidades autónomas, si se hace a través de los partidos políticos o de las Administraciones, la corrupción es la sangre del sistema capitalista en Estado español y de cualquier Estado burgués.

Una prueba más de cómo no sólo la maquinaria estatal está al servicio de las clases dominantes y de sus representantes, con todo su andamiaje legal y jurídico, sino que estas clases son las primeras que se proponen romper sus propias reglas para aumentar su margen de beneficio, con escasas o nulas consecuencias legales.




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