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CATALUNYA REPRESIÓN

Operación Judas: lo que Ferreras y Griso no quieren que sepas

Los grandes medios de comunicación españoles bloquean los testimonios de familiares y abogados de los detenidos el 23S. Desde izquierda Diario queremos que su voz también se escuche en el todo el Estado.

Arsen Sabaté

Barcelona | @ArsenSabate

Jueves 3 de octubre | 20:45

La semana pasada 9 miembros de los Comités de Defensa de la República eran detenidos por la Guardia Civil. Excepto dos de ellos, todos los demás fueron enviados el jueves a prisión provisional, acusados de delitos de terrorismo y tenencia ilícita de explosivos, tal y como pedía la Fiscalía. Hablamos, claro está, de la “Operación Judas”, la última ofensiva represiva del régimen, que busca con estas detenciones criminalizar y barrer al movimiento independentista.

Desde el minuto cero todo el mainstream mediático estatal se ha puesto al servicio de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional. Los grandes medios de comunicación españoles han actuado como altavoces de una feroz campaña de criminalización hacia la izquierda independentista catalana y los CDR, que tiene a los siete detenidos del 23S como los principales cabezas de turco.

Periódicos de la derecha mediática como El Mundo, La Razón o ABC vienen poniéndose a la vanguardia de esta criminalización. Pero no son los únicos, los medios de comunicación “progres” no se quedan a la zaga. Programas como Al Rojo Vivo se han sumado entusiastas a esta ola de criminalización, utilizando en muchos casos filtraciones provenientes de las tan conocidas cloacas del Estado por parte del mismo Antonio García Ferreras. También La Vanguardia, o incluso medios como Público, no han dudado en hacerse eco. Y todo pese a que la operación sigue estando bajo secreto de sumario.

Sin embargo, en los equipos de Ferreras y Sussana Griso (del sensacionalista Espejo Público), o desde las páginas de los diarios más “progres” guardan un silencio hermético sobre como se llevaron a cabo las declaraciones de los detenidos ante la Guardia Civil. Tampoco hablan de que irregularidades o vulneraciones de derechos se han llevado a cabo en los procedimientos de la Benemérita y que han denunciado sus abogados y familiares.

El pasado sábado, en el programa Preguntes Freqüents (FAQS) de TV3, dieron voz a personas del entorno de los detenidos, así como a los abogados del colectivo Alerta Solidària que llevan su defensa. Unas voces que, sin duda, son necesarias para desmontar todo un entramado criminalizador, pero que tienen difícil llegar “más allá del Ebro” o la Franja. Desde Izquierda Diario hemos querido hacer una sinópsis de aquella entrevista para contar la parte de la Operación Judas que ni Ferreras, ni Griso, ni tampoco Mamen Mendizábal o Ana Pastor contarán nunca.

Los obstáculos para conseguir un abogado libremente designado

Durante los aproximadamente 40 minutos que dura la entrevista se abordaron multitud de irregularidades producidas desde el mismo inicio del operativo policial. David Ros, familiar de uno de los detenidos, explicó como “hasta 72 horas después de las detenciones no conseguimos que el abogado fuera a visitarlo. Todos los intentos que hacíamos eran improductivos porque había otro abogado de oficio que en ningún momento se puso en contacto con nosotros. Durante todas estas horas no tiene contacto con nadie y entonces para tener un abogado le hacen firmar un documento. Sin saber que la familia había contactado con Alerta Solidària. Este es un hecho que nos ha tenido muy alarmados”.

"No nos sorprende que esta operación esté ordenada desde la Audiencia Nacional. No estamos hablando de unos parámetros jurídicos. Estamos hablando de una operación política. La vulneración de derechos es habitual."

Sobre esta cuestión, el abogado de Alerta Solidària, Eduardo Cáliz, apuntó en el mismo sentido al confirmar que “al llegar a la comisaría de Tres Cantos de Madrid se nos informa que uno de los detenidos ya ha designado un abogado de oficio. Esto no nos sorprende viniendo de una operación de la Guardia Civil y no nos sorprende tampoco que sea así en una operación que está ordenada desde la Audiencia Nacional. No estamos hablando de unos parámetros jurídicos. Estamos hablando de una operación política. La vulneración de derechos es habitual. No hemos tenido acceso a las declaraciones de las personas que tienen abogado de oficio”. Durante todas estas horas Jordi, el detenido en cuestión, no tuvo contacto con nadie.

Cáliz continua su denuncia explicando que “cuando se produce una detención se está obligado a comunicarla al Colegio de Abogados para que se pueda practicar la designación de un abogado de oficio en caso de que no se disponga de uno propio. Esta comunicación al Colegio de Abogados de Sabadell no se produjo por parte de la Guardia Civil. Existe una certificación del Colegio de Sabadell conforme la Guardia Civil no comunicó ninguna detención”. ¿Quien eligió entonces el abogado de oficio? ¿La Guardia Civil? ¿la Fiscalía? Es decir, parte de la acusación, como si se tratase de un Consejo de Guerra.

Las filtraciones y la ocultación de información necesaria para el ejercicio del derecho de defensa

También se abordó en profundidad la vulneración del derecho de defensa que suponen las filtraciones que han llenado páginas y minutos de los medios de comunicación como parte de esta campaña mediática de criminalización.

"Las filtraciones tienen un objetivo muy claro, que es manipular a la opinión pública y criminalizar a estas personas antes de que se pueda tomar una decisión"

El abogado de Alerta Solidària explicó que la investigación del caso está bajo secreto de sumario, sin embargo, aclaraba que “por una parte, que la Audiencia Nacional aplique esta medida es para recortar información hacia los abogados, vulnerando flagrantemente así el derecho de defensa. Tuvimos que hacer una rueda de prensa sin saber los hechos concretos por los que se les acusaba a cada uno. Pero, por otro lado, el ministerio fiscal sí que tiene acceso al sumario. Con lo cual, el principio de igualdad de armas queda declinado hacia la Fiscalía. El secreto de sumario no puede limitar el derecho de defensa de los abogados y esto lo dice una sentencia reciente del Tribunal Constitucional”. En este sentido, cabe destacar, que el fiscal del caso es Miguel Ángel Carballo, ni más ni menos que el mismo que estuvo al cargo de las detenciones de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart o de las acusaciones contra Tamara Carrasco y Adrià Carrasco.

Cáliz agregaba también que “se ha ido filtrando información a los medios de comunicación de una forma muy descarada. Hasta el punto de que ha salido publicado un escrito entero del ministerio fiscal. Esto tiene un objetivo muy claro, que es manipular a la opinión pública y criminalizar a estas personas antes de que se pueda tomar una decisión” y añadía que “esto es un delito que está tipificado en el Código Penal, en el artículo 466, que va dirigido directamente a los jueces, a la Fiscalía y a los funcionarios de la administración de justicia que revelen parte de una causa cuando sea secreta”.

Sobre una de estas filtraciones, la más repetida, que habla de la tenencia de explosivos señala que “aunque la acusación hable de tenencia de explosivos, en realidad estamos hablando de precursores de explosivos. Esto puede ser lejía, pueden ser muchas cosas que todo el mundo tiene en sus casas. Lo demás son elucubraciones que suponemos que se hace en el atestado porque se ha filtrado, pero en ningún momento se habla de explosivos”.

Denuncias de violencia y escenas de terror durante las detenciones

"¿vivimos en una democracia? Si le puede pasar a ellos nos puede pasar a todos. Nos sentimos indefensos. Se habla de la profesionalidad de la Guardia Civil, pero alguien que encañe una pistola a un chico dice muy poco de profesionalidad"

En cuanto a la forma de proceder de la Guardia Civil durante las detenciones, David Ros explicó que “aun desconozco lo que pasó con Jordi. Pero a su hermano le pusieron la pistola en la cabeza y lo esposaron en el rellano de la escalera durante tres o cuatro horas. Después de hacer el registro de casa de Jordi y el de su hermano, que están en el mismo bloque, siguieron con el registro de la casa paterna. El padre de 75 años y con problemas cardíacos, la madre de 73 años. Gritos, destrozos, sustracciones y fusiles con puntero laser. Eso son las primeras horas. Luego se llevan a Jordi”.

El mismo David Ros relató las palabras del hermano del detenido: “Jordi, tienes que colaborar porque nos han dicho que nos pegarán a nosotros y detendrán a toda la familia”. En el mismo sentido, otro de los familiares aseguró que “en el traslado a Madrid hubo intentos de interrogatorio por parte de la Guardia Civil”. Algo que para el abogado de Alerta Solidària sería irregular porque “no puede haber ningún tipo de contacto si no está el abogado presente”.

Xavier Roviró, amigo de otro de los detenidos manifestaba también la impotencia ante la situación y afirmaba que “es imposible que se preparara un atentado. Si algo han hecho es ir a manifestaciones y cortar carreteras como hemos hecho todos. Pero de aquí a terrorismo y explosiones... es alucinante. Estamos con una impotencia que nos hace preguntar si ¿vivimos en una democracia? Si le puede pasar a ellos nos puede pasar a todos. Nos sentimos indefensos. Se habla de la profesionalidad de la Guardia Civil, pero alguien que encañe una pistola a un chico dice muy poco de profesionalidad”.

Sobre esta intención de criminalizar a los CDR y el movimiento independentista, David Ros añadía, ”¿Qué es un CDR? Cuantos de nosotros hemos ido a alguna manifestación. No dan carnet los CDR. En sentido amplio muchos somo CDR”.

La Audiencia Nacional y sus orígenes franquistas

Posteriormente, en el turno de palabras, un contertuliano preguntó directamente al abogado de Alerta Solidària sobre cómo se puede poner en cuestión el poder judicial en un Estado de derecho y democrático como es España. Y la respuesta de Eduardo Cáliz fue totalmente reveladora al manifestar que “la Audiencia Nacional es un órgano judicial que se creó al día siguiente de haberse suprimido el Tribunal de Orden Público franquista. Es un Tribunal que ha sido castigado severamente por resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En pocos años ha habido 9 o 10 resoluciones en las que se acusa a la Audiencia Nacional de vulnerar derechos humanos. Es un tribunal altamente politizado. Hay ejemplos de jueces que han pasado por la AN y después han hecho carrera política. Actualmente hay un ministro así, de hecho”.

Del “todo es ETA” al “todo es terrorismo”

"A todo el que tenga relación con los CDR se le podrá aplicar la doctrina Garzón del que “ETA no acaba en los comandos”, como se hacía con el entorno abertzale del País Vasco"

Para finalizar, y en cuanto al proceso inculpatorio que afrontan los detenidos, Quico Sallés, colaborador de FAQS, señalaba que la interlocutoria del juez, que mantiene a los detenidos en prisión provisional, va en el mismo sentido de criminalizar a todo el movimiento independentista catalán al “hacer muchas vinculaciones con los CDR. A todo el que tenga relación con los CDR se le podrá aplicar la doctrina Garzón del que “ETA no acaba en los comandos”, como se hacía con el entorno abertzale del País Vasco”.

La entrevista concluyó con una intervención de Jonathan Martínez, colaborador también y periodista de Naiz, en la que enumera algunos de los casos de terrorismo que en los últimos años han ido en la misma dirección de criminalizar a sectores que se oponen al orden establecido del Régimen español como son el caso de “la Operación Pandora, la Operación Piñata o la Operación Naiz contra activistas veganos que tenían bicarbonato. Lo mismo pasó con la Operación Araña o contra tuiteros y la operación contra los titiriteros, el despropósito de Altsasu, o los mismos casos de Tamara Carrasco y Adrià Carrasco de los CDR y los casos de Valtonyc y Hassel”.

Toda esta reactivación de la maquinaria represiva en Catalunya y puesta en marcha desde hace días por parte del Estado español responde, como decíamos, al objetivo de eliminar de raíz el movimiento independentista catalán, a la vez que prepara una sentencia ejemplarizante para los líderes soberanistas y que, seguro, será la antesala para muchos otros casos de persecución y criminalización.






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