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OPINIÓN

Perú entre la crisis política y la emergencia de conflictos obreros

Como consecuencia de las luchas de las y los trabajadores, en los últimos días han caído importantes leyes neoliberales como la ley de promoción agraria y hace poco la ley del régimen CAS (contrato precario). Esto pone en evidencia el nuevo escenario político que se vive en el país, donde la clase obrera empieza a jugar un papel importante.

José Rojas

Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú

Lunes 14 de diciembre de 2020 | 16:03

La derogatoria de la Ley de promoción agraria que representaba los intereses del gran empresariado agroexportador y la aprobación de la ley que faculta el desmontaje del régimen CAS (contratos precarios) el cual reproducía la lógica neoliberal de la reducción del gasto público y la precarización del trabajo en las instituciones del estado, nos muestran que algo se empieza a mover en las estructuras de la sociedad peruana.

¿Qué está pasando realmente en el país? ¿Qué nos dejan estas luchas obreras y que perspectivas abren en la presente coyuntura? ¿Cómo encarar estos cambios desde la perspectiva de las y los trabajadores? Estos y otras interrogantes trataremos de responder en la presente nota.

La caída de Manuel Merino y el nuevo escenario político y social

La caída del ilegítimo Gobierno de Manuel Merino a raíz de las masivas movilizaciones, fundamentalmente juveniles, fue el punto de inflexión que marcó el tránsito de un periodo de estabilidad social a un nuevo escenario, donde la movilización callejera, la acción directa de las masas y, ahora, la aparición en la escena de la clase obrera, se convierten en los factores recurrentes que están contribuyendo a golpear los pilares del viejo régimen neoliberal amparado en la constitución de 1993.

Estas movilizaciones reflejaron también el profundo desprestigio del Congreso de la República y del mismo poder ejecutivo. Esta deslegitimación de los principales poderes del estado no es nueva, data desde fines del 2016 cuando se hicieron públicas las relaciones entre los grandes empresarios y varios ex presidentes, ex alcaldes como Susana Villarán y sus funcionarios, congresistas, miembros del poder judicial y altos magistrados. Sin embargo, en esa oportunidad el descontento social fue desviado institucionalmente a partir de la asunción de Martin Vizcarra quien, valiéndose del desprestigio del fujimorismo y de reformas cosméticas como el referéndum para la reforma política del 2018, sacó del contexto la lucha contra el régimen del 93 y creó expectativas en la idea que los cambios podían venir desde las altas esferas del ejecutivo. Vizcarra contó para ello con el apoyo tácito de la burocracia sindical y los partidos de la izquierda reformista como el Frente Amplio y el Nuevo Perú.

Es por esa razón que, cuando en el continente estallaban grandes convulsiones sociales como las ocurridas en Ecuador y Chile, así como la lucha contra el golpismo en Bolivia; en el Perú reinaba un escenario de “paz social” y la popularidad de Martin Vizcarra superaba el 70%. Esa estrategia de desvío le permitió a Vizcarra implementar una serie de medidas proempresariales como la Ley de Competitividad y Productividad que precarizaba el trabajo y promovía los despidos masivos y más adelante la suspensión perfecta de labores, además de los salvatajes millonarios a los empresarios y banqueros.

La mala gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Vizcarra que llevó a que el Perú se convierta en uno de los países con el mayor número de contagiados y fallecidos del continente y del mundo, la grave crisis económica y la continuidad de la pugna entre el nuevo parlamento y el ejecutivo, avivó una vez más, el descontento social y el descrédito en las instituciones del estado, lo cual desembocaría en las jornadas de noviembre que, como ya se dijo, obligaron a renunciar a Merino y llevaron a la presidencia al derechista Francisco Sagasti del partido Morado, dejando en el camino a dos estudiantes asesinados por la brutal represión policial, lo cual también llevaría a acrecentar el cuestionamiento a esta institución represiva.

El nuevo gobierno, por tanto, si bien es el resultado formal de un acuerdo entre las diversas facciones que hacen parte del parlamento y tiene como principal objetivo oxigenar el régimen del 93 realizando para ello un recambio ordenado en las elecciones del 2021, al ser un Gobierno continuista en el terreno económico debido a su estrecha vinculación al gran empresariado (CONFIEP), y al carecer de una fuerza partidaria sólida en el parlamento, se convierte en un Gobierno débil, el cual es golpeado por dos flancos: por un lado, por la movilización y lucha de los sectores sociales más afectados por la crisis económica como es la clase obrera y otros sectores populares; y por otro lado, por la arremetida del grupo mayoritario de congresistas que responden a los intereses de una burguesía emergente que en su momento apoyó a Merino, y que ahora ven una oportunidad para hacer pasar sus iniciativas y posicionarse de mejor manera para las elecciones del próximo año. Esta fragilidad del ejecutivo se demostró con el cambio de tres ministros del interior en menos de 15 días.

La crisis económica como fundamento del descontento social

Una de las razones materiales más importantes que motiva el descontento social y las diversas luchas obreras que empiezan a desarrollarse en distintas regiones del país, tiene que ver con el impacto de la crisis económica, la cual ha sido potenciada notablemente por la crisis sanitaria. Esta crisis económica refleja, a su vez, la enorme crisis capitalista que hoy se vive en el mundo entero, la cual, según las estimaciones del FMI, estaría llevando a que la economía mundial se contraiga en un 4,4 % en promedio. La OCDE también coincide con estas estimaciones, al afirmar que el PBI mundial para el presente año caería en un 4,2 %.

Esto estaría llevando a que la pobreza, el desempleo y la precarización laboral crezcan, como bien lo manifestó un informe del Banco Mundial donde se evidencia que este año se sumarán entre 88 y 115 millones de nuevos pobres. Así mismo, el Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 de la OIT señala que, en el primer semestre de este año, los salarios cayeron en dos tercios de los países, afectando sobre todo los salarios de las mujeres y los trabajadores de menores ingresos. En el tercio restante, no es que el salario haya subido, sino que se perdieron gran parte de los puestos de trabajo peor pagos.

El Perú, al ser parte del engranaje capitalista mundial en su condición de país dependiente y primario exportador (fundamentalmente proveedor de minerales al mercado mundial), ha sentido el golpe. Por esa razón, el diario Gestión informa que “La economía (peruana) se contraería este año un 12,5 %, en su peor desempeño en un siglo según proyecciones oficiales”. Sin embargo, lo contradictorio de todo esto es que, en lo que va de la pandemia y a pesar de las grandes restricciones económicas para el conjunto del pueblo trabajador, desde el ejecutivo se implementaron una serie de salvatajes financieros orientados a las empresas y a los bancos equivalentes a casi un 20 % del PBI, lo cual no tiene precedentes en la historia económica del país, esto habría llevado a un déficit fiscal importante, que desde el gobierno pretenden capear con más endeudamiento externo proveniente del Banco Mundial, a pagar en 100 años, lo cual deja nuestra economía hipotecada por todo ese tiempo a los grandes banqueros y a los intereses leoninos que vienen aparejados a este tipo de deudas.

Por otro lado, los índices de desempleo también han dado un salto exponencial. Así, según lo establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, el desempleo a nivel nacional creció en lo que va de la pandemia al 9,6 % - entre julio y septiembre últimos - lo que significa que más de un millón de personas terminó buscando empleo en las zonas urbanas. La tasa de desempleo nacional estuvo cerca de triplicarse en el tercer trimestre del año, al pasar de 3,5 % en ese mismo periodo del 2019 al 9,6 % del 2020, según la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el área urbana, el desempleo creció a 12,3 %, entre julio y septiembre pasados, por ello 1.464.800 personas estuvieron en búsqueda activa de trabajo. Las regiones del país más afectadas son la costa, donde se concentran las ciudades más grandes del país, allí la población ocupada cayó en 23 %, seguida por la sierra que sufrió una disminución de 11,8 % y la selva con una disminución de 5,5 %.

Los salarios también cayeron considerablemente en el segundo trimestre del 2020, como lo expresa el INEI, al señalar que “la masa salarial proveniente del trabajo tuvo una variación negativa de 56,3%, al compararla con similar periodo del año pasado”. Todos estos elementos han tenido su correlato en el incremento de la pobreza, como bien lo expresa la UNICEF, cuando afirma que “En el caso de la población en general, el incremento proyectado de la pobreza es de 10 puntos porcentuales, de 20.2% a 30.3% mientras que en el caso de la población menor de 18 años el incremento sería de 13 puntos porcentuales”. Esto, al decir de esta institución, podría llevarnos a “retroceder una década en la superación de la pobreza”. Cabe mencionar que el INEI presentó hace poco un informe denominado: “Perú: Estimación de la Vulnerabilidad Económica a la Pobreza Monetaria”, donde una de las conclusiones es que: “El 34% de los peruanos, es decir, uno de cada tres, está en riesgo de caer en la pobreza”.

Luchas obreras y populares

Estas serían las razones de fondo que estarían llevando a que miles de trabajadores de diferentes áreas empiecen a protestar como hace poco lo hicieron los trabajadores rurales, quienes, con una potente huelga general que se inició en Ica y luego se expandió al norte peruano, termino obligando a que el Congreso apruebe la derogatoria de la reaccionaria ley de promoción agraria promulgada en las postrimerías del Gobierno de Fujimori y que luego fuera ampliada hasta el 2031 por el gobierno patronal de Martin Vizcarra.

Estos son los elementos condicionantes que llevaron a que miles de trabajadores CAS a nivel nacional incrementen sus protestas y, fortalecidos por la victoria de los obreros del campo, logren imponer una victoria importante al desprestigiado parlamento, el cual termino votando a favor de la derogatoria progresiva del nefasto régimen CAS que precarizaba el trabajo en el sector público.

Estas son también las bases materiales que han llevado a los obreros mineros de diversos sindicatos de todo el país a implementar, desde el pasado miércoles 9 de diciembre y junto a la Federación de Trabajadores Mineros, una serie de protestas contra los empresarios de este rubro y contra el estado cómplice de los capitalistas. Por eso, ellos piden la eliminación de la tercerización laboral, mejoras en el reparto de las utilidades, acabar con los ceses colectivos y la suspensión perfecta de labores, además, rechazan las duras jornadas de trabajo que atentan contra su vida y su salud. Cabe mencionar que, según un informe del Ministerio de Energía y Minas, el 67,9 % de los trabajadores mineros de todo el país trabajan para empresas contratistas y bajo un régimen de tercerización y con contratos temporales, realizando jornadas muy extensas (denominadas atípicas) y sin tener acceso a beneficios laborales.

Pero no son los únicos que se encuentran en pie de lucha. Los trabajadores del sector público bajo el régimen de terceros o locadores de servicios también empiezan a levantarse y a ellos se suman los médicos y demás trabajadores y profesionales de la salud quienes ya anunciaron una próxima huelga médica para el 13 de enero exigiendo incremento del presupuesto al sector salud el cual fue uno de los más golpeados a raíz de la pandemia.

Los campesinos y los pobladores de las Bambas, en Apurímac, también han anunciado medidas de fuerza ante el incumplimiento del ejecutivo de los acuerdos para remediar su problemática relacionada a la contaminación que sufren a consecuencia del establecimiento del consorcio minero de capitales chinos MMG-Las Bambas, recordemos que el 88% de la población de este sector se encuentra en condición de pobreza. Según informa la defensoría del pueblo, los pobladores de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto en la región Puno, también habrían anunciado la realización de un paro indefinido exigiendo la solución a la contaminación del rio Coata por las actividades mineras.

Como vemos, la profundización de la crisis económica que no da visos de solución a corto plazo, asociada a la vigencia de una serie de políticas de corte neoliberal y la deslegitimación del régimen de 1993, estarían convirtiéndose en los principales condicionantes de la nueva situación política y social, donde la dinámica de la lucha de clases se potencia y la clase obrera y los sectores populares empiezan a jugar un papel relevante.

Vamos por más: acabemos con el régimen del 93 e impongamos una Asamblea Constituyente Libre y Soberana

Las ultimas luchas obreras y populares están demostrando entonces que sí existe la fuerza y la voluntad para luchar y que a raíz de estas luchas se pueden lograr cambios importantes. Sin embargo, la fragmentación de la clase obrera y la política conciliadora de la burocracia sindical vinculada a los viejos partidos estalinistas que hoy hacen parte del frente electoral Juntos por el Perú y que controlan la dirección de las grandes centrales de trabajadores del país, impiden que esta dinámica obrera y popular pueda centralizarse y unificarse adecuadamente y, a partir de ello, se pueda fortalecer un proceso constituyente emanado de la lucha y la auto organización del pueblo trabajador que nos permita imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos lleve a acabar realmente con la herencia reaccionaria y neoliberal expresada en la constitución fujimorista de 1993, que es la herramienta jurídica más importante de la cual se valen los empresarios para hacer que las consecuencias de esta crisis económica la terminemos pagando los trabajadores.

Aplaudimos y saludamos las victorias de los trabajadores agrarios y de los trabajadores del régimen CAS, pero advertimos también que estas grandes victorias no dejaran de ser parciales y hasta podrían revertirse si no unimos antes al conjunto de las y los trabajadores de los diferentes sectores productivos y de servicios, del sector público y privado, del sector formal e informal, además de los precarizados en sus diversas modalidades.

Es importante golpear como un solo puño y apelando a los métodos de lucha de la clase obrera para acabar con este régimen económico y político que solo favorece a los empresarios. Para avanzar en ese sentido, urge que la CGTP y las demás centrales de trabajadores del país, además de los frentes de defensa, y las demás organizaciones populares representativas convoquen cuanto antes a un encuentro o asamblea nacional obrera y popular para aprobar allí un plan de lucha a escala nacional que contemple la preparación del paro nacional y la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana la cual deberá sostenerse en la autoorganización del pueblo trabajador.

En esta Asamblea Constituyente Libre y Soberana pelearemos porque se apruebe un plan de emergencia para reactivar la economía desde la perspectiva de los trabajadores y los sectores populares. Allí lucharemos por derogar todas las leyes antiobreras que precarizan el trabajo y propondremos que se nacionalicen los recursos naturales y sectores estratégicos como la minería y que las empresas mineras pasen a estar bajo el control de sus trabajadores, de esta manera tendremos los recursos necesarios para crear fuentes de trabajo industrializando el país y fortaleciendo presupuestalmente a sectores públicos de primer orden como la salud, la educación o la vivienda. Allí también lucharemos por el no pago de la fraudulenta deuda externa que hipoteca al país a los grandes banqueros por 100 años y descapitaliza el presupuesto público, además propondremos un impuesto progresivo a las grandes fortunas que nos permita superar el denominado déficit fiscal.

En una Asamblea Constituyente Libre y Soberana como esta, sus representantes ganarán como un profesor o un obrero calificado y podrán ser revocados si incumplen sus promesas. Aquí también pelearemos para que los jueces y fiscales sean elegidos por votación universal y porque ganen como un trabajador calificado más. Ante el cierre de muchas empresas que dejan a miles en las calles, propondremos que las empresas que quiebren pasen a estar bajo el control de sus trabajadores y para combatir el desempleo y subempleo masivos que están llevando a la pobreza a millones, propondremos aquí que la jornada laboral se reduzca a 6 horas diarias, 5 días a la semana y el sueldo mínimo sea equivalente al costo de la canasta básica familiar, de esa manera se crearan más puestos de trabajo generando más tiempo libre para que los trabajadores lo disfruten junto a sus familias o realizando las actividades recreativas que consideren necesarias sin que esto afecte su salario.

Una Asamblea Constituyente de estas características, solo será posible con la lucha y la autoorganización de la clase trabajadora y los sectores populares. La lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana como la que señalamos, abona también el camino para un Gobierno de las y los trabajadores de ruptura con el capitalismo y el imperialismo.






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