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CRISIS CORONAVIRUS

¿Por qué el Gobierno no aprueba una renta de emergencia para quienes se quedaron sin ingresos por la crisis?

Las medidas adoptadas este martes tras el Consejo de Ministros extraordinarios continúan sin dar una respuesta eficaz a la situación de emergencia social tras el Covid-19. Ya se han tramitado 53.000 ERTEs que afectan a 400.000 trabajadoras y trabajadores. Además, hay decenas de miles de despidos en los sectores más precarizados, mientras amplios sectores de trabajadores precarios, “falsos autónomos” e informales se han quedado sin ningún ingreso. Y, sin embargo, sigue sin aprobarse por el Gobierno una renta de emergencia. Ni siquiera se ha aprobado todavía una suspensión del pago de los alquileres. Es vital atender las necesidades de emergencia desencadenas por el parón de la actividad económica para los y las trabajadoras más necesitados.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 24 de marzo | 17:23

Lo primero que hizo el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, encabezado por Pedro Sánchez, nada más adoptar el Estado de Alarma, fue aprobar un bazooka de 100.000 millones destinados a las empresas, con la intención de que se duplicara a 200.000 millones con la parte que pondrían las entidades financieras. Todo para irrigar de liquidez el tejido empresarial y evitar el riesgo de necrosis y la muerte de miles de empresas por asfixia económica. Para la intervención social apenas aprobó 18.000 millones de los que no se ha vuelto a decir nada.

Este martes, tal y como ha manifestado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha comenzado a concretar la letra pequeña de las medidas de financiación de los 100.000 millones para las empresas. Se comenzará aplicando un primer tramo de 20.000 millones en condiciones realmente óptimas para la mayoría de las empresas, al menos sobre el papel.

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Porque el mango de la sartén de la concesión de los préstamos lo van a tener las entidades financieras. Por lo que podría ser que ese maná de recursos financieros no les llegue a las microempresas ni a los autónomos con la misma alegría, al tener más riesgos con sus préstamos, que para las grandes y medianas empresas. Son los perjuicios derivados de no tener una banca pública que pueda ofrecer directamente el préstamo, sin intermediarios que cobran comisiones, o que deciden en función de los comités de riesgo, si aprueban o no la financiación solicitada. Es cierto que tenemos a Bankia, que en rigor es un “banco público” en estos momentos, puesto que su supervivencia nos ha costado miles de millones de euros a todos y el Estado es el accionista mayoritario. Sin embargo, este banco por voluntad del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, actúa increíblemente, incluso en estos momentos de máxima necesidad financiera, como banca privada. Hasta el punto que la decisión adoptada por Bankia, publicada ayer, de conceder moratorias por créditos a corto plazo a empresas afectadas por la crisis, fue atribuido por el Gobierno a una decisión independiente y puramente empresarial de la dirección de Bankia. No a la voluntad política del Gobierno, increíble pero cierto.

Pues bien, ya se han conocido las condiciones de los préstamos a ejecutar con estos avales del Estado. El Gobierno ha garantizado con sus avales el 80% para cualquier préstamo para las pymes, con lo que los bancos arriesgan un 20% de sus recursos. Y cubrirán el 70% para las grandes empresas si es nueva financiación, y el 60% si es una renovación de financiación existente. [1]

Además de estas medidas, y como únicas medidas de calado social, María Jesús Montero ha comunicado la aprobación de 300 millones para las Comunidades Autónomas para atender a las familias más vulnerables y otro importe de 25 millones para ayudas a la alimentación a los menores que venían disfrutando de las becas-comedor, que han quedado paralizadas tras los cierres de los colegios.

Respecto a los autónomos y ante la pregunta telemática de un periodista durante la rueda de prensa, ha indicado que “se les está atendiendo en sus necesidades”, puesto que tienen aplazados el pago de todos los impuestos durante 6 meses, 3 sin intereses. Además, para aquellos en que su actividad se haya detenido totalmente o haya bajado un 75%, se pueden acoger al cese de actividad y recibir las ayudas públicas correspondientes. Tampoco pagarán las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores aquellos autónomos que efectúen un ERTE.

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En el Estado español hay 3,28 millones de autónomos. De entre ellos, sin embargo, hay un porcentaje significativo de “falsos autónomos” que a finales del año 2017 se cifraban en 210.000 trabajadores. Son los trabajadores más precarizados y ultra explotados por las patronales, sin derechos laborales de ningún tipo. Es fácil concluir que esa cifra se habrá visto incrementada desde entonces, teniendo en cuenta que las actividades más precarizadas derivadas de la aplicación de las nuevas tecnologías por parte de patronales sin escrúpulos se han incrementado. Ahí están las luchas de los “riders”, entre otros sectores, para lograr ser reconocidos como trabajadores por cuenta ajena. Pero también abundan en el sector del transporte (conductores de camiones, taxis, ubers y derivados, personal de cuidados domésticos, etc.)

Pues bien, estos trabajadores han quedado totalmente ajenos a las posibilidades aprobadas por el Gobierno que se limitan a los trabajadores a los que se les aplique un ERTE. Algo imposible en su caso por no ser trabajadores por cuenta ajena. Por lo tanto, los que acaben despedidos ni tendrán paro, por no cotizar como trabajadores, ni beneficios como autónomos al ser falsos autónomos y no poder acogerse a las ayudas aprobadas por el Gobierno de Sánchez.

El Gobierno “progresista” deja tirada a la clase trabajadora

La realidad es que las medidas del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos dejan tirada a la clase trabajadora, puesto que tan solo han quedado algo cubiertos, con el 70% del pago de la base de cotización a la Seguridad Social, para aquellos que se hayan ido a casa con un ERTE en el bolsillo. Y, además, tardarán en empezar a cobrar esa miseria que van a recibir. Dado que mientras se tramita toda la documentación no tendrán ingresos, a no ser que las empresas, algo que de hacerlo solo lo harán las grandes, se hagan cargo del pago de la nómina del mes de marzo.

Habrá empresas además que complementen el porcentaje del 70%, pero serán las menos y solo las más grandes. Por supuesto que los despedidos de manera individual, algo que será muy masivo en un país que entre las micro y las pequeñas empresas suponen el 98% del tejido productivo, no recibirán nada, salvo que hayan cotizado previamente lo suficiente para poder cobrar el seguro del desempleo.

Las únicas ayudas de las que se beneficiarán solo los trabajadores más vulnerables, por el momento, y está por ver cómo se articulan serán las del pago de las hipotecas, la luz, el agua, el gas y los servicios de telefonía. Asimismo, las ayudas aprobadas para alimentación a menores de familias vulnerables y las ayudas para la atención de personas mayores y personas con discapacidad de familias también vulnerables.

Pero todas las ayudas son muy restrictivas y para los sectores extremadamente deprimidos y desprotegidos socialmente que, además, en las condiciones actuales de cierre casi total de la gestión administrativa del Estado, tendrán grandes problemas para poder tramitarlas.

¡Renta de emergencia YA!

Antes la crisis descomunal que estamos viviendo, un Gobierno que verdaderamente se preocupara de la gente, de la clase trabajadora y las clases populares, debería aprobar una Renta de Emergencia o de Cuarentena para todas las personas que se hayan quedado sin ningún ingreso por la paralización económica generada por el Covid-19. Una renta de un mínimo de 1.500 euros netos para poder sobrevivir durante este tiempo de crisis.

Muchos dirán que esto es imposible y que las arcas del Estado no pueden afrontarlo. Veremos que esto sí que es posible, siempre y cuando se está dispuesto a afectar los intereses de los capitalistas y salvar al pueblo, en vez de salvar las ganancias de las empresas.

Para calcular el coste que supondría esta medida hay que partir de un total de ocupados, según la EPA del último trimestre de 2019, que asciende a 16,23 millones de trabajadores asalariados. A esta cifra de trabajadores habría que restarle el total de los trabajadores al servicio de las administraciones públicas que vienen a ser unos 2,5 millones, y aquellos que todavía mantienen las actividades productivas, que podrían ser un 20%, aproximadamente. Por lo tanto, nos quedarían, aproximadamente, 11 millones de trabajadores. A estos habría que añadirles los autónomos que se han quedado sin trabajo o sin actividad. y aunque no hay datos fidedignos, siendo conservadores podemos estimar que existen alrededor de 2 millones de trabajadores informales en todo el Estado (en 2014 un estudio lo situaba entre 2 y 3 millones). A estos habría que añadir el aproximadamente 60% del total de parados existente, según la última EPA 3,26 millones, que no reciben prestaciones y vendrían a ser, por lo tanto, 1,31 millones más. Al final podría sería una cifra cercana a los 16 millones, más o menos. Pues con estas cifras el coste de soportar esta medida mensualmente sería de: 24.000 millones de euros. Es decir, algo más de la mitad de los 40.000 millones que la banca no ha devuelto desde el rescate bancario de los 65.000 millones de euros. Si durase dos meses supondría 48.000 millones de euros, cifras perfectamente asumibles en la situación de emergencia social en la que nos encontramos. Siempre y cuando esos fondos se busquen en las arcas de los capitalistas y banqueros que se han enriquecido en todo este tiempo a golpe de reformas laborales, precariedad y salvatajes. Hay que imponer a los bancos devuelvan inmediatamente todo lo que se robaron para poner en marcha esta medida en forma urgente.

Junto con ello, es vital, para limitar la carga de estrés y sobre explotación de aquellos trabajadores que siguen en sus puestos haciendo turnos maratonianos de trabajo, además de exigir equipos de protección individualizada suficientes (EPI) y realización de pruebas masivas del Covid-19 para evitar los contagios, que se impusiera el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial, a cargo de esas empresas que están incrementado su facturación y sus beneficios enormemente.

Estas medidas se suman a otras que ya hemos planteado desde la CRT, como las fuertes inversiones y gastos en la sanidad pública; el no pago de la deuda, el incremento de la fiscalidad a las grandes fortunas para financiar todos los gastos; la nacionalización de los sectores productivos estratégicos y del sector financiero, bajo el control de trabajadores y usuarios. Así como la puesta de toda la producción de todos los sectores industriales sin actividad, incluidas las startups y todas las empresas de ingeniería y desarrollo tecnológico, para la producción de todos los materiales necesarios para el tratamiento del Covid-19: respiradores, tubos endotraqueales y dotación en genera de UCI -no solo según ofrecimiento de las patronales- mascarillas, guantes, geles desinfectantes, etc. Medidas esenciales para ganar la guerra contra el coronavirus sin, como dice el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, “dejar a nadie por el camino”.



[1Esto significa, por lo tanto, que el Gobierno se ha plegado bastante a los intereses financieros de la banca que, si bien pedía porcentajes superiores de riesgo a cargo de la Administración, las garantías aprobadas no son nada escasas y ha permitido de facto que la financiación preexistente se pueda refinanciar con estas nuevas condiciones sobre la base de su renovación. Algo que supone un importante balón de oxígeno para las grandes entidades financieras que ya se veían con un montón de activos tóxicos en sus balances. Como hubiera sucedido si esos préstamos aprobados hace meses o años a las empresas, por las dificultades para el pago ahora, hubieran pasado a ser activos calificados como impagados.





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