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ANUNCIO DEL GOBIERNO

¿Reforma constitucional ‘exprés’ o asamblea constituyente libre y soberana?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que propondrá una reforma ‘exprés’ de la Constitución para acabar con los aforamientos a diputados y senadores. Si hay acuerdo en las Cortes, la misma podría entrar en vigor en 60 días. Un golpe de efecto que no responde a las aspiraciones democráticas y sociales de la mayoría popular. Hay que imponer asambleas constituyentes libres y soberanas en las que el pueblo pueda decidirlo todo.

Diego Lotito

Madrid | @diegolotito

Lunes 17 de septiembre | 10:54

“El reto es que los ciudadanos vuelvan a creer en la política”, sentenció el jefe del Ejecutivo en el Acto realizado en la Casa de América rodeado de empresarios del Ibex 35, popes de la cultura, la ciencia y los medios. Pero lo Sánchez no es más que una maniobra con el objetivo de ganar la “guerra de los másteres” mostrar alguna iniciativa después de una semanita en la que quedó a la defensiva por la renuncia de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y las suspicacias sobre su tesis doctoral.

Para ello presenta una medida contra uno de los privilegios más cuestionados de la "casta" política, el aforamiento, que ha permitido que decenas de políticos corruptos sean juzgados por el Tribunal Supremo, la crème de la crème de la casta judicial. Esta por verse que el pase de estas causas a juzgados ordinarios cambie mucho la cosa, más cuando estamos viendo que la Judicatura en cuestiones de Estado no saca los pies del plato.

Eso sí, el "aforamiento plus" que ni Sánchez ni el PSOE se proponen cambiar en esta reforma "exprés" es del que goza el Jefe del Estado, el Rey. La inimputabilidad que hace imposible que Juan Carlos I pueda sentarse en el banquillo o que es tomada como excusa por los letrados del Congreso para que no se pueda abrir una comisión de investigación, está fuera de agenda. Tampoco nadie, ni siquiera Podemos, se la está pidiendo.

La reforma que propone Sánchez es una “pequeña política”, diría el comunista italiano Antonio Gramsci. La “política del día, política parlamentaria, de corredores, de intriga”, aquella que “comprende las cuestiones parciales y cotidianas que se plantean en el interior de una estructura ya establecida, debido a las luchas de preeminencia entre las diversas fracciones de una misma clase política”. En pocas palabras, batallas de camarillas para repartir y equilibrar el poder de la casta gobernante en el estado capitalista, a espaldas del pueblo trabajador.

Pero ante la crisis sin fin del Régimen del 78, y contra todos aquellos que se empeñan en parchearlo, lo que hace falta es una “gran política”, una que permita abarcar “las cuestiones vinculadas con la fundación de nuevos Estados, con la lucha por la destrucción, la defensa, la conservación de determinadas estructuras orgánicas económico-sociales”.

Si se abre el melón de la reforma constitucional que sea para que el pueblo pueda decidirlo todo. Que tenga plenos poderes para abordar todos los grandes problemas sociales y democráticos: la cuestión de la monarquía y la forma del estado, el derecho de autodeterminación, el pago de la deuda, cómo terminar con el paro, la precariedad, la falta de vivienda, la crisis de la sanidad y un largo etcétera de reivindicaciones populares insatisfechas.

Esto es posible si lo que se convoca son asambleas constituyentes libres y soberanas en las que se exprese la voluntad popular, en el Estado y en las nacionalidades históricas. Un proceso constituyente sin restricciones ni “moderadores”, sin los “cortafuegos” del Senado aristocrático nacido del pacto de la Transición con el franquismo, sin la casta judicial con su Audiencia Nacional y su Tribunal Constitucional escuderos del Régimen y, sobre todo, sin el poder de veto del monarca.

Un proceso constituyente conformado por un representante cada 20 o 30 mil habitantes, que sean revocables y tengan el salario de una docente o un trabajador cualificado, para que decida la mayoría del pueblo, no de la “casta” privilegiada de diputados, senadores y jueces, tutelados por una monarquía medieval y reaccionaria en decadencia.

Desde que llegó a la Moncloa hace poco más de tres meses, Sánchez ha hecho gala de un exceso de retórica de “cambio de época” y “reconstrucción del Estado del bienestar” desmantelado por el PP. Pero tanto Sánchez y el PSOE, como Ciudadanos y hasta el PP, que se llenan la boca hablando de democracia y reformas constitucionales, temen como a la peste un proceso constituyente de esas características. Le temen porque no podrían controlarlo y una constituyente verdaderamente democrática afectaría el corazón del régimen capitalista español. Los partidos del régimen sólo sienten confianza en los mecanismos de la democracia tutelada del 78, la cual cuenta con todo tipo de instituciones ideadas para separar al pueblo del gobierno real.

¿Y Unidos Podemos? ¡Ay! Podemos ha recibido “con alegría el anuncio” de Sánchez, como ha dicho en la mañana del lunes Noelia Vera, portavoz de su consejo de Organización. La formación morada dice que va a estudiar la propuesta de Sánchez y anticipa que su intención es que una potencial reforma constitucional no se limite a los aforamientos y que “no se cambie una sola línea” de la Constitución sin que los ciudadanos voten. Bellas palabras. Pero, ¿está Podemos a favor de luchar por una institución de la democracia representativa para que se exprese la voluntad popular, como serían asambleas o cortes constituyentes libres y soberanas, con representantes constituyentes elegidos cada 20 mil habitantes, que sean revocables en todo momento por sus electores y cobren el salario de una docente?

Hacer esto, obviamente, va en contra de sostener al gobierno de Sánchez y apostar por la “gobernabilidad democrática”, como lo vienen haciendo. Pero es la única política de democrática digna de llamarse por ese nombre.






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