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TRANSICIÓN

Represión en la Transición, una historia de impunidad

Vuelven las peticiones de extradición para juzgar por crímenes de lesa humanidad a miembros de las fuerzas represivas en la Transición, obstaculizadas por la Ley de Amnistía. Esa represión y el silencio que la acompaña son patas del actual Régimen del 78.

Martes 26 de abril de 2016

Al hablar de la represión en la Transición hay que tener en cuenta que se intensifica con el auge del movimiento obrero, se intensifica cuando confluyen varios sectores en lucha, y se intensifica con según qué partes de la izquierda, en tanto que sus direcciones no parezcan dispuestas a colaborar con la hoja de ruta del régimen.

Esta hoja de ruta era una transición pactada por arriba que llevara al Estado Español a ser una democracia con monarquía y parlamento integrada en la CEE y la OTAN, tal como querían Estados Unidos y las potencias europeas, que temían el estallido y la extensión de la lucha de clases en un Estado Español en plena Guerra Fría.

Este recorrido es similar al de Grecia y Portugal, que en esos años también están saliendo de dictaduras en procesos que tienen muchos puntos en común, tres procesos que llamarán la atención de las potencias atlánticas el mismo año que se renovaban los contratos de las bases americanas en suelo español, desde donde se controla el Estrecho y el Norte de África.

Por otra parte es una represión que, al estar ligada a la lucha de clases, excede en el tiempo los límites de lo que se considera la Transición para la historiografía académica, al haber una importante proliferación de las luchas tanto desde los años 60 hasta casi finales de los 80, que sufren una dura represión.

Además, frente a la imagen de una transición pacífica regalada por un régimen que “dio libertades” por arte de magia de los “aperturistas”, hubo una realidad muy distinta, la de unos años de agudos procesos de lucha, con miles de casos de tortura, casi 600 asesinatos políticos y unas cárceles que a fecha de la muerte de Franco tenían más de 5.000 presos políticos y 25.000 procesados políticos en libertad provisional.

Según el régimen se descomponía, se aceleraba la represión con detenciones en masa con procesos sumarísimos de condena a muerte o de cárcel, ejecuciones, como la del joven Salvador Puig Antich en 1974 a garrote vil, o los cinco fusilamientos de septiembre del 75, o la aplicación de la Ley Antiterrorista, aprobada tres meses antes de la muerte de Franco, hecha para “preparar el terreno” de cara a una “transición” que debía hacerse con una oposición desaparecida, ya sea en la cárcel, en el cementerio o negociando.

Esta legislación organizará una represión ligada al auge obrero y social que se incrementará tras la muerte de Franco, pues el número de luchadores entre rejas seguía creciendo bajo la Monarquía, cuando desde finales de 1975 y durante 1976, comienza el mayor ascenso huelguístico de la historia en el Estado español.

Uno de los momentos clave de esta agudización de la lucha de clases ocurrió al tiempo de los Sucesos de Vitoria, donde en la tercera jornada de huelga general que vivía la ciudad desde enero, el 3 de marzo de 1976 la Policía Armada gaseó una asamblea de cientos de trabajadores en una iglesia en Vitoria, disparando en la puerta y dejando 5 muertos y 150 heridos de bala.

La represión desencadenó la radicalización de los procesos de lucha que ya existían, con convocatorias masivas de huelgas generales de solidaridad en el País Vasco y Navarra durante días, violentos choques en las calles, numerosos detenidos y heridos, manifestaciones de estudiantes y casi 15.000 despedidos por represión sindical.

Este ascenso también debe enmarcarse en una crisis económica internacional desde 1973, frente a la cual se inició un ciclo de lucha obrera que sufrió un gran carpetazo con la firma de los Pactos de la Moncloa, en los que partidos nacionalistas, PCE, PSOE, CCOO y UGT y otros, firmaron una bajada del salario real respecto a una elevada inflación y el aumento de tasa de ganancia de la patronal, en nombre de la “conciliación nacional” con los antiguos franquistas.

En el Estado Español el desempleo, que era del 2,6% en 1973, alcanzó el 22% en 1985. Este panorama es importante para comprender las dinámicas de la lucha, pero también de la represión a la misma, ya que se centrará en las organizaciones que no acepten estos pactos.

Por otro lado, las libertades que se consiguieron, se lograron gracias a enormes movilizaciones y se intentaron conceder de manera que beneficiara al propio régimen, como es el caso de la Ley de Amnistía de octubre de 1977.

Mientras que “amnistía y libertad” era el grito de la calle en la Transición, por la liberación de los presos políticos, esta ley se utilizó para amnistiar los crímenes franquistas hasta el 15 de diciembre de 1976, y sigue impidiendo investigar y juzgar las 130.000 muertes del franquismo.

Mientras, aún hoy en día, organismos internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional piden su derogación para extraditar y juzgar a los culpables en Argentina.

La movilización por la amnistía sufrirá una dura respuesta, como durante uno de los momentos de mayor conflictividad de la Transición: la Semana Pro-Amnistía del 8 al 15 de mayo de 1977, una semana de huelga general en el País Vasco y Navarra con grandes movilizaciones y una represión policial que dejará siete muertos y decenas de heridos de bala.

También durante los Sanfermines de 1978 Pamplona vivirá una situación de enorme conflictividad y represión desencadenada por una protesta por la amnistía en la que la policía dispara fuego real y gases lacrimógenos en una plaza de toros con 20.000 personas y por la ciudad, dejando muertos y heridos de bala.

Mención aparte recibe la represión a las personas LGBT que no sólo eran reprimidas por salir a luchar en las primeras manifestaciones de este tipo en el Estado Español, sino por el hecho de serlo, ya que la Ley de Peligrosidad Social contemplaba la condena a los “actos homosexuales” hasta 1988, encarcelando por tal motivo a casi 5.000 personas durante su vigencia.

Así, la pelea por la amnistía proseguirá, ya que la represión continuará hacia las personas LGBT y se especializará en la extrema izquierda.

Uno de estos ejemplos es el conocido como Caso Scala, una operación policial, judicial y mediática que inculpaba a la CNT del incendio de una sala de fiestas en Barcelona. La repercusión mediática de los hechos convirtió a la CNT tanto en blanco de los ataques policiales y de la ultraderecha parapolicial, como en blanco de la desconfianza de miles de trabajadores que se desafiliaron, reduciendo en unos meses su peso político de forma drástica.

Las políticas represivas en la transición tendrán como artífices no sólo a las fuerzas represivas del estado identificadas como tal, sino también a los conocidos como grupos “incontrolados”, es decir, grupos parapoliciales de ultraderecha que colaboraban con la policía, como los Guerrilleros de Cristo Rey o el Batallón Vasco Español.

Un ejemplo de ataque de estos grupos incontrolados sucedió el 24 de enero de 1977, cuando un grupo de pistoleros de extrema derecha asesinaron a Tres abogados laboralistas, un estudiante y un representante sindical de CCOO en un despacho de la calle Atocha.

Otro ejemplo de la actuación de estos grupos es el asesinato de la militante trotskista y activista estudiantil de 19 años, Yolanda González en Madrid en 1980 por un comando parapolicial dirigido por el ex-CESED Emilio Hellín, que desde 2006 trabaja para el ministerio de Interior.

A través del CESED, creado por Carrero Blanco y operativo entre 1972 y 1977, el encargado de coordinar estos grupos y garantizar su impunidad será José Antonio Sáenz de Santamaría, máximo cargo de la Guardia Civil de forma intermitente entre 1971 y 1986. Del CESED, al que sucederá el actual CESID, provienen miembros confesos del GAL y asesores contra el terrorismo del Ministerio de Interior del PSOE.

Este es un ejemplo de que, ni en el ejército, ni en la justicia, ni en el aparato policial existió algún tipo de expulsión significativa de los anteriores cargos con crímenes a sus espaldas. Los cambios más significativos en el sistema judicial consistieron en la refundación del franquista Tribunal de Orden Público como Audiencia Nacional en 1977 y la derivación de miembros de varias instancias de la judicatura franquista al Tribunal Constitucional.

Según Mariano Sánchez, autor de La Transición Sangrienta, “los encargados de investigar los terrorismos era la misma gente que estaba en la Brigada Político Social (BPS) de Franco”. Esta Brigada Política Social fue la principal fuerza policial destinada a combatir al antifranquismo, con un largo historial de torturas y asesinatos durante la Dictadura y la Transición.

Con la disolución de la BPS en 1981, buena parte de los altos cargos integraron la Brigada de Información de la Policía Nacional, y del resto se desviaron especialmente hacia los cuerpos policiales locales y autonómicos.

Por ejemplo, Jesús Martínez Torres, ex-BPS torturador fue nombrado Jefe de la Brigada de Información en 1985 por el Ministro del Interior del PSOE José Barrionuevo, imputado por desviar fondos públicos al GAL.

En la Brigada de Información también estuvieron Roberto Conesa y Antonio González Pacheco, alias Billy el niño, ambos reconocidos torturadores, director de la BPS y número dos del mismo en los 70 respectivamente, con petición de extradición para juicio.

Durante los primeros años del gobierno del PSOE , el dictamen económico y político que requería la entrada del Estado Español en la OTAN y la CEE encontró una fuerte oposición obrera y juvenil que sería respondida con una represión que no se distanciaba mucho ni en método ni en verdugos de la que se utilizó en la Transición.

Así, la conocida como “reconversión industrial”, que implicaba la destrucción de miles de puestos de trabajo y el cierre de casi toda la actividad económica en algunas zonas, fue acompañada de una dura represión policial, tal como muestran las imágenes de policías disparando con fuego real a los huelguistas de los Astilleros Euskalduna en Bilbao en 1984 o los tanques de la Guardia Civil entrando a Reinosa en 1987 durante el conflicto de Cenemesa, ambas operaciones con muertos.

De esta manera se muestra que la impunidad no es sólo “hacer la vista gorda”, sino que forma parte de un modus operandi que excede los límites de la Transición y que está en el ADN del Régimen del 78.

Un ejemplo ilustrativo es el de Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior del Gobierno Arias, apodado la “porra” en la Transición, posteriormente diputado del PP y consejero de Endesa, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2013 y acusado de crímenes de lesa humanidad, también con petición de extradición para juicio.

Esta situación no sólo muestra la histórica tarea del juicio y castigo a los criminales del franquismo y la “democracia”, sino también de pelear por muchas demandas por las que ya se peleó hace 40 años, cuestiones que sólo puede resolver la ruptura con este régimen, para que se sepa además sobre qué bases, sobre qué muertos, se construyó y se sigue sosteniendo.






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