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Se prevé un recorte de 578 líneas de autobuses en Galicia

Debido a una sentencia judicial en Marzo del 2016, muchos contratos de transporte caducaron. El gobierno gallego ahora propone un modelo adecuado a los intereses empresariales. Trabajadores y usuarios sufren las consecuencias.

Jacobo A. García

@Jacobscarface

Miércoles 10 de mayo de 2017 | 16:51

En cuestión de meses desde la sentencia, en agosto del 2016, se cayeron 77 contratos de los 143 existentes, pero la Consellería de Infraestructuras obligó a las empresas concesionarias a mantener el servicio hasta este verano para garantizar las alternativas. En total 578 líneas de autobús desaparecen, siendo Lugo y Ourense donde caen más, reduciéndose un 63 % en el primer caso y un 81% en el segundo. Esto afectará claramente a la plantilla, que probablemente se verá reducida en trabajadores, o se reducirá el salario por trabajador.

En el sector de transporte por carretera de usuarios trabajan aproximadamente unos 2.500 trabajadores en Galicia, con jornadas laborales extenuantes que alcanzan las 15 horas. En A Coruña, y solo después de una lucha sindical, consiguieron que esa jornada fuera de 12 horas con un descanso obligatorio de 3 horas para comer.

Por ello, si hacemos una estimación sobre los aproximadamente 2.500 trabajadores en Galicia con un número total de líneas de 812, con el actual recorte de 578 líneas de transporte quedarían operativas tan sólo 234 y el número de trabajadores se reduciría a 720.

Frente a esto, la conselleira de Ethel Vázquez informó de que a finales de este mes se someterá a información pública el mapa de las nuevas líneas que sustituirán a las 578 que interrumpen su servicio, en muchos casos tras décadas de actividad. Las ofertas serán muy diferentes a las actuales, ya que las rutas se van a agrupar por zonas equiparables a las comarcas, adecuándose a los intereses de las empresas, con la excusa de la “eficacia” y “sostenibilidad”. Además, el gobierno fue difuso en sus declaraciones ya que no fijó un plazo determinado para las adjudicaciones pero afirmó que los “primeros servicios” estarán listos para agosto. Lo cual no garantiza en absoluto que se dé el mismo servicio a los usuarios.

El presidente de la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias), Alfredo García, dijo literalmente que la implantación de la nueva gestión del transporte es un “laboratorio” en Galicia. Además se mostró elogioso con el trabajo desplegado por la Xunta para alcanzar un alto grado de consenso con empresas y municipios para tratar de responder a las demandas vecinales. Desgraciadamente Galicia también fue un “laboratorio” de la gestión sanitaria, un “laboratorio” de la minería agresiva a cielo abierto, etc. Mientras los grandes grupos de capitalistas hacen “pruebas” para explorar formas de aumentar sus beneficios, nosotros sufrimos las consecuencias.

Y todo esto bajo la complicidad del gobierno, que es sobornado, como en el caso de las botellas de vino de lujo de Vega Sicilia para Feijóo, donadas por el dueño de Monbus en la época en la que se hizo con las principales concesiones. Unas concesiones que ahora no le son “rentables” y para lo cual tiene a su gobierno afín que le hará un plan de transporte a medida. A Monbus y a otras empresas de transporte por carretera.

Un nuevo plan donde se propone adecuarse a las necesidades de las empresas, lanzando contratos donde se incluyan microbuses y taxis. Y utilizar como parche las rutas de transporte escolar para el transporte regular de no escolares. Además, Feijoo promete hacer un modelo de transporte bajo demanda, donde quiere hacer más “eficiente” el servicio de transporte. Tiene pensado aprobar este proyecto para 2019.

En esta propuesta se pretende que los usuarios avisen a las concesionarias sobre los horarios que van a utilizar previamente, para que estas no tengan “pérdidas” por llevar buses “vacíos”. Sin embargo, aún no se han decidido los canales de comunicación, lo cual nos hace pensar que es otro eufemismo del gobierno popular para justificar el recorte brutal en el servicio, que afecta sobre todo a zonas rurales y envejecidas.

Si realmente el gobierno quisiera resolver el problema de los “autobuses vacíos”, y la deficiente red de transporte en Galicia, lo que haría sería fomentar el abaratamiento de los costes. Pero esto es incompatible con la corrupción y las concesiones a dedo y con el favoritismo con determinadas empresas. La única solución viable es la expropiación bajo control de los trabajadores y participación de los usuarios de todas las empresas de transporte, desde los autobuses, a los trenes y otros.

Un control obrero que es necesario para realizar las tareas que la gestión actual capitalista se ve incapaz de acometer. Como la modernización de la flota de vehículos, con un menor impacto ambiental en las emisiones de gases contaminantes, el abaratamiento del precio que permita un mayor uso del transporte público, reduciendo el uso del transporte privado, la atención a todas las poblaciones rurales, etc. La construcción de una red de transporte que permita la cohesión social y el desarrollo de zonas actualmente deprimidas, así como un servicio de calidad, es algo que está fuera del alcance de los actuales gestores, corruptos y cegados por la codicia.

Es así que expresamos nuestro total rechazo a la sentencia judicial engañosa y al plan del gobierno. La injerencia clara de las empresas de transporte está condenando a muchas poblaciones de Galicia al aislamiento y el abandono, mientras el servicio en las zonas que ellos consideran rentables, es deficiente y caro, siendo el transporte un coste elevado para los trabajadores y trabajadoras en una zona con salarios a la baja y altas tasa de emigración.

Es por ello que exigimos un plan de lucha a los sindicatos, y en especial a la CIG, la principal sindical gallega un plan de lucha que haga frente a este problema grave para la clase trabajadora gallega. Porque si luchamos juntos podemos tumbar esta propuesta perniciosa del gobierno y plantear un modelo al servicio del pueblo trabajador como alternativa.






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