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Tragedia del Tarajal: cinco años de impunidad

Han pasado cinco años del asesinato de quince inmigrantes que trataban de llegar a territorio español en la playa del Tarajal y el caso sigue archivado. Los inmigrantes que trataban de llegar a nado murieron ahogados a causa de los disparos que la guardia civil les dirigió cuando estaban en el agua.

Clara Mallo

Madrid | @ClaraMallo

Viernes 1ro de febrero | 18:44

La madrugada del 6 de febrero de 2014 unos 200 inmigrantes se disponían a cruzar la frontera entre Marruecos y España saltando la valla que separa a los dos países a la altura de Ceuta en la Playa del Tarajal. Un grupo trata de pasar la frontera a nado, bordeando un espigón que separa ambos territorios. No son más de 30 metros hasta la playa ceutí del Tarajal. En ese momento comienza la tragedia. Varios agentes de la Guardia Civil les disparan pelotas de goma y gases lacrimógenos cuando aún están en el agua, lo que termina provocando que 15 hombres mueran ahogados según las cifras oficiales. Además 23 fueron expulsados mediante lo que se conoce como “devoluciones en caliente”.

Durante estos cinco años, a pesar de la presión y reclamo por parte de distintas ONG, asociaciones de inmigrantes y otros colectivos por esclarecer lo ocurrido todavía no se ha dirimido la responsabilidad de las muertes de estos inmigrantes. En el momento de lo sucedido costó mucho trabajo lograr que el Gobierno reconociera que la Guardia Civil había disparado pelotas de goma. Primero, el Cuerpo difundió un vídeo editado para enmascarar su responsabilidad. Pero pronto se descubrió la verdad. A los pocos días un vídeo verdadero salió a la luz. Arrancó una investigación, pero el Partido Popular, en ese momento en el gobierno, vetó la comisión encargada de esclarecer los hechos y censuró la información sobre lo ocurrido en Ceuta.

A pesar de que un año después 16 Guardia Civiles fueron imputados por homicidio imprudente y citados a declarar en octubre de 2015, se terminó archivando la causa por primera vez de manera provisional argumentando que no había pruebas suficientes y que no lograron contactar con testimonios.

Las ONG que se han dedicado a seguir el caso como Caminando Fronteras, la Coordinadora de Barrios o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) −estas dos últimas personadas como acusación particular en el caso− no han encontrado más que obstáculos durante estos años por parte del Estado. El último, este mismo agosto cuando se reabrió la causa pero terminó archivándose por segunda vez en un proceso en el que ni tan siquiera se tomó declaración a dos de los supervivientes. La ONG Caminando Fronteras había recogido previamente los testimonios de los supervivientes del Tarajal en un informe pero este fue desestimado por la Justicia.

La denuncia de todos estos colectivos es clara: no se trata únicamente de un caso de negligencia policial, sino que responde a una lógica de Estado de control migratorio, de ahí el veto claro a la investigación. Hablar del Tarajal es hablar de la política del Estado hacia los inmigrantes, una política que excede al gobierno de aquel entonces y que es criminal con aquellos que tratan de llegar a Europa.

En 2017 vio la luz el documental Desmontando la impunidad de la frontera sur, un documental de los mismos directores de Ciutat morta (2013) que desglosa el caso tomando testimonios de supervivientes y activistas de asociaciones que buscaron desmontar la versión del gobierno y la Guardia civil apoyada por los medios de comunicación. En el documental también aparecen cargos del Estado y representantes de las fuerza de seguridad que dejan ver el discurso y políticas xenófobas del Estado y sus garantes.

El PSOE, en aquel momento en la oposición, no pasó de las críticas a la “gestión” del PP sobre el caso. Sin embargo, este verano cuando se reabrió la causa el PSOE recién llegado al gobierno no hizo ni una mención sobre el mismo. Algo que nadie esperaba ya que los gobiernos del PSOE han implementado gran parte de las medidas xenófobas del Estado español contra los inmigrantes, empezando por la creación de los CIEs -que ahora continúa con la creación del CIE de Algeciras- la utilización de concertinas en las vallas y las restrictivas leyes de extranjería, políticas que Pedro Sánchez no estába dispuesto a cambiar.

Este domingo en Madrid el Sindicato de Manteros junto a otros colectivos convocan un acto político para denunciar el asesinato de estos imigrantes en 2014.






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