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ELECCIONES 28A

Tres candidaturas de la “izquierda” en Galiza, pero ¿alguna alternativa para la clase trabajadora?

Las tensiones internas dentro de En Marea estallaron. Izquierda Unida y Podemos fundan En Común-Unidas Podemos, mientras que Anova decide no presentarse ante la falta “unidad popular”. En Marea mantiene su candidatura para las generales. El BNG por su parte, se presenta en solitario.

Jacobo A. García

Vigo | @Jacobscarface

Miércoles 17 de abril | 17:53

Antecedentes

La coalición En Marea se formó en noviembre del 2015 para presentarse a las elecciones generales del 20 de diciembre, formada por Anova, Podemos, Esquerda Unida, Equo Galicia y Espazo Ecosocialista Galego, junto con diferentes alianzas y agrupaciones ciudadanas de “gobiernos del cambio” en las principales ciudades gallegas; Marea Atlántica, Compostela Aberta y Ferrol en Común. Se presentó a las elecciones autonómicas en 2016, donde consiguió catorce escaños y ser líder de la oposición.

Desde su formación han sido recurrentes las luchas internas por el dominio de este espacio. El juez Luis Villares, ha conservado el liderazgo del partido hasta ahora con un último proceso de primarias, estuvo plagado de irregularidades. La primera votación del 1 de diciembre del 2018 se anuló por el sector oficial, alegando una incursión en el censo por parte de los críticos. La votación definitiva se celebró el 24 de diciembre, siendo ganador Luis Villares con un 60 %.

Sin embargo, los críticos, que habían propuesto a David Bruzos, realizaron varias demandas judiciales y la apertura de una investigación sobre las votaciones a través de una auditoría externa, acusando a la dirección de fraude. Bruzos había acudido a las urnas con el respaldo de los grupos mayoritarios de la confluencia: Podemos, Esquerda Unida, Anova y los alcaldes de las mareas ciudadanas. Los sectores alineados en torno a Bruzos afirmaron que no hubo interventores que supervisasen el recuento y que el sistema informático tenía errores que permitían la manipulación.

Por otra parte, el “éxito electoral” de En Marea es relativo si lo analizamos con justicia. En las primeras elecciones generales de 2015, logró 408.370 votos, un 25,04 % del voto gallego. En las de 2016, 344.143 votos, un 22,18 %. En las elecciones autonómicas de septiembre del 2016, 271.029 votos, un 19,06 %. Una pérdida de casi 140 mil votos, una tercera parte del resultado inicial, en menos de un año.

Las encuestas actuales, después de la ruptura, le dan alrededor de un 5% de los votos y la posibilidad de quedarse fuera del Congreso. Habiendo conseguido en las anteriores elecciones generales 5 escaños de los 23 que se eligen para Galicia. Años de falsas promesas, incumplimiento del programa electoral en las ciudades donde gobiernan, electoralismo y muy escasa implicación en la lucha social y de clases, le han pasado factura a esta nueva izquierda de hegemonía muy débil.

Una ruptura sin profundas diferencias políticas

La crisis de En Marea siguió profundizándose después de las primarias. Uno de los puntos decisivos fue la aprobación de los presupuestos generales del Estado, propuestos por el PSOE. En Marea llegó a prometer que no los aprobaría si no suponían un aumento del gasto para Galicia, cosa que no ocurrió, dándose en su lugar una reducción del 20%, de los 900 millones de euros de 2018 a los 750 de 2019.

Sólo una diputada, Alexandra Fernández, secundó el mandato de la dirección de la formación de rechazar las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Yolanda Díaz, Antón Gómez-Reino, Ángela Rodríguez y Miguel Anxo Fernán Vello apoyaron la directriz del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea y votaron a favor.

En marzo la ruptura ya era una realidad. Podemos Galicia y Esquerda Unida impulsaron la marca En Común-Unidas Podemos, en la que se negó a participar Anova, que no se presentará a las elecciones en esta ocasión por la falta de “unidad popular”. Sin embargo, Anova Ourense desobedece a su dirección y sí que apoyará a En Marea en las elecciones generales, en un contexto de acusaciones mutuas de manipulación y falta de democracia interna. Antón Gómez-Reino, Yolanda Díaz y Ángela Rodríguez ’Pam’, ocupan los puestos de salida en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Esta candidatura se sitúa con el 11 % en las encuestas.

Del “bando” de Villares sólo están tres diputados en el parlamento gallego, Pancho Casal, Paula Vázquez Verao y David Rodríguez, y una en Madrid: Alexandra Fernández. No está claro el apoyo de los alcaldes de los “gobiernos del cambio” en un contexto confuso, en el que la ruptura puede continuar en las elecciones municipales. Lo que es evidente es que habrá una considerable sangría de votos, beneficiando por derecha al PSOE, que supera al PP en algunas encuestas, y por “izquierda” al BNG, que se vende como la alternativa que defiende los intereses de Galicia, no dependiente de los “sucursalismos de Madrid”.

¿Pero qué diferencias políticas crearon esta ruptura? Un factor clave ha resultado ser la posición en relación a los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, ambos sectores están insertos en una lógica general de apoyo a un gobierno del PSOE, la pata izquierda del Régimen del 78.

La lógica del “mal menor” contra la derecha y la extrema derecha. La misma lógica que deja sin resolver el problema de la vivienda, el paro, la precariedad laboral, la desigualdad salarial de género, la pobreza energética, así como las demandas democráticas como el derecho de autodeterminación o la libertad de expresión. Una lógica que ambas candidaturas comparten con el antiguo BNG, pero que reeditaron de una forma senil, despreciando y subestimando la fuerza de la movilización social, en un electoralismo y oportunismo desbocado.

Pero, ¿es el BNG una alternativa?

El BNG, que venía de una profunda crisis desde el 2012, con la ruptura del sector de Xosé Manuel Beiras que fundó Anova, puede verse reforzado en esta elección, conservando o incluso aumentando ligeramente su porcentaje de voto en torno al 5 %. La base de su programa se centra en el desarrollo de los sectores productivos gallegos (ganadero, pesquero, industrial…), mediante la negociación con el gobierno central.

En los últimos años esto se ha traducido en la propuesta del traspaso de las autopistas a la competencia autonómica (con el apoyo hasta del PP) o la exigencia de una tarifa eléctrica reducida en Galicia, que, entre otras cosas, le regale la electricidad a empresas electrointensivas como Alcoa u otras, muy presentes en Galicia.

Pero sin embargo, el BNG sigue teniendo una importante relación orgánica con la clase obrera gallega, mediante el mayor sindicato exclusivamente gallego, la CIG, con alrededor de 80.000 afiliados, el 10% de la población trabajadora de Galicia, manteniendo una imagen de mayor combatividad que sindicatos abiertamente vendidos a la patronal como CCOO y UGT.

Pero las acciones de la CIG suelen ser aisladas y corporativistas, y su mayor órdago ha sido la convocatoria de una falsa “huelga general”, desconvocada en el último momento. Además, el BNG sí que realizó una experiencia de gobierno en la comunidad en el bipartito del 2005 al 2009.

Una época de la que sólo podemos recordar nimias reformas cosméticas, acusaciones de corrupción en relación a las concesiones de los parques eólicos, y en definitiva, mediocridad política. Las condiciones económicas de los trabajadores y del conjunto de los sectores oprimidos por aquel entonces no se vieron mejoradas, teniendo en cuenta incluso que la crisis económica no había estallado en su máxima gravedad.

Por todo esto consideramos que en Galicia no existe una verdadera alternativa de los trabajadores y trabajadoras para estas elecciones generales. Que plantee un programa anticapitalista, a favor de las grandes mayorías, basado en la movilización social y política y la lucha de clases, que pueda satisfacer todas las demandas.

Es necesaria una alternativa de izquierda revolucionaria y anticapitalista, que entre las medidas de su programa plantee nacionalización de los sectores estratégicos (banca, transporte, energía, industria pesada) bajo control obrero, para mantener todos los puestos de trabajo, la reducción de la jornada laboral a 6 horas, para que trabajemos todos, el aumento del salario mínimo a 1500 euros, la expropiación de los pisos vacíos a la banca para solucionar el problema de la vivienda, etc.

Así como demandas democráticas esenciales como el fin de la Monarquía, reclamo que más de 8000 estudiantes gallegos manifestaron en los referendos de las universidades, la abolición de la Ley Mordaza, de las reaccionarias leyes de extranjería, o la defensa sin restricciones del derecho de autodeterminación de las naciones del Estado español.

Es por ello que luchamos por la apertura de procesos constituyentes libres y soberanos, y por la imposición, mediante la movilización social, del programa necesario para rescatar al pueblo trabajador de la crisis. Porque debemos ser consecuentes de nuestra capacidad para organizarnos, luchar y vencer.

Podemos superar esta democracia para ricos donde sólo se vota cada cuatro años y conquistar una en la que podamos decidir sobre todas las cuestiones que nos afectan. Por eso creemos en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores en una federación de repúblicas socialistas ibéricas.






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