Sociedad

EDUCACIÓN

Un nuevo pacto educativo hecho a medida de la concertada

La plataforma por la Escuela Pública afirma que saldrá a la calle si se sigue ignorando a alumnos, docentes y padres de la comunidad educativa en la redacción del pacto.

Aníbal Maza

Zaragoza

Viernes 9 de febrero | 21:20

Las organizaciones de padres, alumnos y docentes vertebradas en la PEEP (Plataforma Estatal por la Escuela Pública) afirmaron en una rueda de prensa el día 1 que la Marea Verde volverá a la calle si el gobierno y los partidos políticos siguen ignorándolos en la redacción del pacto educativo.

La plataforma recalcó que, de seguir esta situación, se enfrentarán a ellos, recurriendo a todos los medios sin descartar la huelga general.

Organizaciones de padres como CEAPA (Confederación Española de Padres y Madres de alumnos) están solicitando que se abra un foro para la negociación del pacto, de características similares al que los parlamentarios tienen en el Congreso, afirmando que quieren que se introduzca en los puntos del pacto la participación de las familias.

CEAPA plantea que se movilizará para forzar al Congreso a que admita la redacción de un decimosexto punto sobre la familia redactado por ellos conjuntamente con CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos), una organización fundada en 1929, fuertemente vinculada a los intereses empresariales de la educación concertada en España.

El sindicato CGT ha hecho declaraciones en esa línea en sus posiciones ante el pacto educativo: “Entendemos como un engaño, para la opinión pública y la comunidad educativa, plantear un supuesto pacto educativo como la solución a todos los males que aquejan a la enseñanza en este país impuesto desde los partidos políticos sin una participación real de padres, madres, alumnos y alumnas y profesores y profesoras.”

Además de pedir la derogación de la LOMCE, CGT plantea una serie de demandas que cuestionan el sistema educativo vigente como la desaparición de los conciertos, la implantación de pedagogías libertarias en la escuela o la gratuidad de la enseñanza y materiales a todos los niveles del sistema educativo.

Sindicatos como CCOO, UGT y STES han incidido en que no van a aceptar un pacto educativo en el que se ignore a los “agentes sociales”. Estos sindicatos han planteado dos puntos mínimos en su aceptación del pacto educativo si se los deja colaborar: que se imponga un compromiso de elevar el gasto público en educación al 5% del PIB desde el 3,9% actual (uno de los más bajos de la OCDE). Con ello esperan revertir los recortes que se vienen aplicando desde 2009, mejorar ratios, plantillas, becas, refuerzos, ayudas a la diversidad y modernizar el sistema.

La segunda exigencia es que la nueva ley educativa debe derogar por completo la LOMCE, la actual norma solo aprobada por el PP. Francisco García, responsable de Educación de CCOO ha declarado: “Queremos hacer tabla rasa de la LOMCE, no aceptaremos otra cosa”.

El debate político entre los principales partidos está centrado en el quorum necesario para aprobar la reforma, pero lo más probable es que cuando trasciendan las discusiones en el Congreso nos encontremos con posiciones similares a las presentadas en el pacto educativo de Aragón de 2016.

En este pacto se equipararon la red pública y la privada, con lo que se afirmaba que el criterio que debía premiar era la escuela-empresa y no satisfacer el derecho a una educación gratuita y de calidad al servicio de los trabajadores.

Esta equiparación que se mantendrá en el actual pacto educativo lleva a la alimentación constante de la escuela concertada con dinero público para beneficio de sus propietarios y gestores, generalmente sectores ultracatólicos. A consecuencia de este pacto el gobierno se dedicó a cerrar aulas en la enseñanza pública para darlas a la concertada, como sucedió en el polémico caso del colegio Ánfora.

Las posiciones de los partidos fueron similares a las que tenemos ahora, un PP, Ciudadanos o PNV (y una larga lista de partidos regionalistas-nacionalistas conservadores) a favor de la privatización de la escuela, de la inclusión de la religión y de un largo etcétera de medidas que degradan la enseñanza para los hijos de los trabajadores.

En cuando a PSOE y Podemos, con la participación eventual de IU, nos encontramos con una supuesta defensa del sector público y la laicidad de la educación que siempre termina en agua de borrajas o, como mucho, en pedir la abolición de la LOMCE, para volver a una ley como la LOE contra la que ya lucharon profesores y alumnos en su momento.

En muchos casos estas organizaciones acabaron claudicando ante pactos educativos que ratificaban la financiación de la concertada, el avance del ideario neoliberal en las aulas o el veto de la educación superior (universitaria o profesional) a las clases trabajadores.

Lo cierto es que desde 1984 se han impuesto seis leyes orgánicas educativas que no han mejorado la calidad de la educación, ni han respondido a las necesidades de alumnos, familias y trabajadores de la educación. Por supuesto, no han superado el conductismo imperante en la escuela-fábrica, en muchos casos tampoco han ayudado a los alumnos a conseguir mejorar sus condiciones de vida ni han conseguido satisfacer mínimamente las necesidades de autorrealización de los hijos de los trabajadores. Esta larga lista de reformas ni siquiera ha abordado mínimos como la gratuidad absoluta del sistema educativo a todos los niveles.

Lo que sí han logrado ha sido la privatización cada vez mayor del sistema educativo, y que el clasismo, las escuelas-gueto y la expulsión de los trabajadores de la educación superior avancen a pasos agigantados. Este siniestro panorama es fruto del ideario neoliberal que vertebra el “programa oculto” de las reformas educativas.






Temas relacionados

Escuela concertada   /   Educación en crisis   /   Educación pública   /   Educación privada   /   Educación gratuita   /   Sociedad

Comentarios

DEJAR COMENTARIO