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La Izquierda Diario

Domingo 26 de Mayo de 2019

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ALTSASU
“Esto no es justicia” Movilización el 24 por los jóvenes de Altsasu
Roberto Jara

El 24 de marzo a las 12h en la Avenida Pamplona de Altsasu las plataformas de familiares y activistas convocan la manifestación ‘Esto no es justicia. Altsukoak aske’ frente a la confirmación de las penas de 2 a 13 años por la Audiencia Nacional.

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Mientras los jóvenes de Altsasu llevan 846 días privados de libertad en uno de los montajes policiales más escandalosos de los últimos años, las familias, organizadas en la plataforma Altsasu Gurasoak, continúan con un activo recorrido de movilizaciones y difusión, que ya ha tenido un coste de más de 140.000€ y casi medio millón de kilómetros, así como una prolongada batalla jurídica.

Ésta tiene su episodio más reciente en la confirmación de las penas por la Audiencia Nacional, tras retirar el enjuiciamiento por terrorismo, pero manteniendo las mismas penas, a través de un nuevo subterfugio legal, el “agravante de discriminación ideológica”. Se trata de una institucionalización de las prácticas habituales de la justicia para ricos del Régimen, la penalización a modo de venganza por criterios políticos.

Las propias familias denuncian que "en el mismo año que se produjeron los hechos, hubo 9.571 casos de atentados a la autoridad" y "ninguno se instruyó ni se enjuició con la calificación de terrorismo, no fue enjuiciado por la Audiencia Nacional, ni llegó a castigos tan alarmantes incluso en el caso de utilización de armas o atropello con vehículos", remarcando que “Incluso si el relato en que se sustenta la sentencia fuera verdad las penas de tantos años de cárcel son una barbaridad”, alcanzando un total de 72 años de cárcel en las condenas actuales.

Según declara Altsasu Gurasoak, la Audiencia Nacional “demuestra su afán de venganza y de servidumbre a la Guardia Civil, de avanzar por la senda de recortes de libertades y derechos hacia un modelo punitivo y de impunidad para las fuerzas de seguridad”, afirmando que la misma “no es un órgano de justicia”. La Audiencia Nacional cuenta con un histórico de represión judicial desde su fundación, acto seguido de la disolución del franquista Tribuna de Orden Público, con dos terceras partes de los miembros del mismo.

La acusación del delito de “terrorismo” por una pelea de bar fue lo que permitió en primer lugar que el caso fuera llevado a la Audiencia Nacional y la “prisión preventiva” a tres de los jóvenes condenados, una medida completamente violatoria de las libertades individuales, habiendo cumplido años de cárcel mientras la sentencia era recurrida. Por ello los familiares denuncian que todo el proceso ha sido un verdadero “montaje judicial”, instrumentalizando la figura penal de “terrorismo” para dar una condena ejemplarizante contra jóvenes vascos.

 
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