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TORTURA PAÍS VASCO
Unai Romano, el testimonio de torturas que Marlaska no quiere que escuches
Irene Ruiz | Burgos

Se viraliza un hilo de twitter que reproduce en primera persona el relato de los hechos. El caso está pendiente de Estrasburgo. Seis de las nueve condenas de este tribunal por no investigar torturas tuvieron a Marlaska como juez instructor.

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El pasado viernes Igor Goikoalea publicó en Twitter un hilo que recoge el testimonio en primer persona de Unai Romano, quien en 2001 denunció un brutal caso de torturas en su detención y puesta a disposición judicial en la Audiencia Nacional.

Según los hechos relatados, recogidos en el informe “Tortura en el País Vasco” del Grupo Contra la Tortura (Torturaren Aurkako Taldea), habrían estado supuestamente implicados directamente o en la ocultación de lo sucedido miembros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, forenses, funcionarios de prisiones y jueces.

La imagen que abre el hilo de tuits habla por si sola. En ella se muestra el aspecto de Unai antes y después de permanecer varios días detenido. Igor Goikoalea denuncia además en el mismo hilo como el juez Guillermo Ruiz Polanco no dio veracidad a la comparecencia que hizo ante él Unai Romano.

Tampoco lo hizo el actual Ministro de Interior y ex-juez Fernando Grande-Marlaska que en ese momento era Juez en la Audiencia Nacional. El Ministro de Interior, tanto del gobierno de la moción de censura como del actual gobierno “progresista”, se habría negado a dar veracidad a este testimonio y no admitió las pruebas fotográficas que evidenciaban las brutales torturas físicas a las que fue sometido.

Recuerda también que hay nueve sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 2004 contra el Estado español por diversos casos de no investigar torturas. En seis de ellas Marlaska era el juez instructor. El caso de Unai Romano fue denunciado ante el tribunal de Estrasburgo y sigue pendiente de sentencia.

Colocar a un perfil de este tipo al frente de Interior demostró que Sánchez no pensaba aflojar en la política de mano dura, como se vió con el operativo de otoño contra el movimiento independentista catalán. Que lo haya mantenido en el cargo, con la aceptación de Podemos e IU, habla también de como la politica de interior que piensa desplegar el actual gobierno "progresista" no será en absoluto diferente.

La tortura y el País Vasco, una vieja historia

El caso de Unai se enmarca en una larga lista de denuncias de tortura. En el año 2017 otro estudio, realizado por el Gobierno Vasco y el Instituto Vasco de Criminología, certificaba la existencia de más de 4.100 denuncias de torturas en Euskadi entre 1960 y 2014. Unos datos que convertirían al País Vasco en una especie de “laboratorio” de la tortura.

Más del 70% de los casos certificados en la investigación se habrían producido ya en democracia. La Policía Nacional estaría implicada en 1.792, la Guardia Civil en 1.985 casos y la Ertzaintza en otros 336. De las de las personas denunciantes el 43% obtuvieron la libertad, el 35,6% sin cargo y el 6,4% en libertad provisional. La mayoría habían pasado una media de 5 días incomunicados. El mayor número de detenciones se produjo en los años ochenta (35%) y a partir del año 2000 (31%).

Según esta investigación, los métodos de tortura fueron evolucionando a partir de comienzos de los años 90, y abarcarían desde el daño físico con técnicas como la “bañera”, la aplicación de electricidad o palizas, hasta otro tipo de malos tratos "más difíciles de detectar en exámenes forenses" como "maniobras de asfixia como la bolsa, posturas forzadas o ejercicios extenuantes, amenazas y humillaciones, desnudo forzados y vejaciones sexuales".

En ese mismo informe solo constataba en ese momento 20 resoluciones firmes del Tribunal Supremo, con 9 sentencias condenatorias contra 49 funcionarios (nueve de Policía Nacional y 11 de Guardia Civil).

Aún así daba veracidad a las denuncias en base a pruebas testificales, documentales y periciales con más de 26.113 documentos analizados. En el estudio se recogieron 500 testimonios directos de víctimas de tortura y malos tratos, a los que se suma el material documental de testimonios recogidos anteriormente y recopilados por esta investigación en audio y en vídeo, un total de más de 1.027 testimonios.

Unas escalofriantes cifras que dan una aproximación a la dimensión de los hechos y que convertirían la tortura en una práctica generalizad, tal y como se afirma textualmente en sus conclusiones.

Romper el cerco mediático y luchar contra la impunidad

El documento no contó en su momento con el apoyo del PSE-EE, socio actual del PNV en el Gobierno vasco, ni el “principal” sindicato de la Ertzaintza, ErNE, que criticó con dureza el documento argumentando que estaba basado exclusivamente en las denuncias de los afectados "y no en condenas judiciales, y que no reflejaba la realidad de los hechos". Mientras tanto, miles de personas denunciaron en una masiva movilización en Bilbao que la tortura había sido "sistemática" y pedían medidas como el acercamiento de los presos vascos contra las políticas de dispersión.

El caso de Unai Romano, como otros muchos de los recogidos en el informe de 2017, no saldrá en los grandes medios de comunicación, ni si quiera en los “progres”, para no molestar a su gobierno y su ministro del Interior. Desde Izquierda Diario nos queremos suma difundir estos hechos.

Como han denunciado diferentes organizaciones de derechos humanos y lucha contra la tortura, en la mayoría de las ocasiones estas prácticas terminan en la más absoluta impunidad. Muchos de sus responsables siguen ocupando puestos de poder en las estructuras represivas del Estado español. Una realidad que se ha mantenido bajo los diferentes ministerios del Interior, fueran del PP o del PSOE, y que no parece vaya a cambiar ahora con sus nuevos socios de gobierno.

Pelear contra la impunidad, por el fin de estas prácticas y por el juicio y castigo a los responsables, es una tarea que toca hacerla desde la movilización social, de manera independiente de los partidos del régimen y de quienes se quieren sumar ahora a lavarle la cara a un régimen que siempre ha aplicado la mano dura contra la protesta social o quienes luchan, en Euskadi o ahora en Catalunya, por el derecho de autodeterminación.

 
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