Política Estado Español

DIADA 2021

11S: tomemos las calles contra la restauración autonómica ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

La Diada de este año está marcada por el avance de la normalización autonómica, la mesa de diálogo y dos gobiernos, el catalán y el “progresista”, que trabajan por una salida en favor del IBEX35. La CUP tiene que romper con el procesismo y retirar todo apoyo al Govern. Hay que impulsar una izquierda con independencia de clase de cara a los futuros embates para hacer efectivo el derecho a la autodeterminación y hacer frente a la crisis social y económica con un programa anticapitalista.

CRT Estado Español

Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras | @CRTorg

Miércoles 8 de septiembre | 15:26

Imagen de la movilización de la Diada realizada en 2018.

Estamos viviendo el fin de un ciclo de la lucha de clases del movimiento democrático del pueblo catalán por el derecho a su autodeterminación. La represión judicial y policial, la prisión y el exilio, junto con una dirección de los partidos del procesismo incapaz y sin voluntad de enfrentar al Régimen del 78, han derrotado el primer embate de este profundo movimiento. Hoy estamos ante un desvío, sobre el aplastamiento y la derrota de este.

Previsiblemente las movilizaciones de este 11 de septiembre nada tendrán que ver con la masividad de esta jornada en años previos a la pandemia. La desmovilización impuesta por las direcciones independentistas se abona, además, de manera especial este año con el avance de la restauración autonómica en Catalunya entre el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos y el Govern de la Generalitat.

La mesa de diálogo, sin ninguna referencia efectiva al derecho a la autodeterminación y la amnistía, o el acuerdo para la ampliación del aeropuerto de El Prat son las dos principales patas de una nueva hoja de ruta del gobierno “progresista” y el de la Generalitat en clave de gestión autonómica y a favor de las grandes empresas.

Las ayudas de los fondos europeos Next Generation son el telón de fondo que permite este intento de normalización autonómica. El Govern de la Generalitat espera llevarse la porción más grande de este pastel. Estas aproximaciones entre Moncloa y Generalitat para construir puentes de negocios en Catalunya a cambio de estabilidad parlamentaria en el Congreso se hacen en medio de una fuerte crisis social y económica.

La gestión de la crisis sanitaria, económica y social del Govern de la Generalitat en plena pandemia, no ha sido muy diferente a la practicada, por ejemplo, en Madrid por parte de Ayuso.

Según Idescat, el nivel de pobreza en Catalunya creció en 2020 un 2,7%. Tendremos que ver este indicador en 2021 y 2022, cuando desaparezcan las mínimas medidas de protección puestas en marcha por el gobierno “progresista”.

Ante esta situación, desde el Govern de ERC y Junts se reproducen las mismas políticas liberales que ya vivimos con los gobiernos de CiU. El nombramiento de un ex directivo de La Caixa al frente de la conselleria de Economía es todo un indicador de esto.

El pacto por la ampliación de El Prat es el más reciente ejemplo, pero podemos hablar también de la negativa por parte de la conselleria de Salut sobre la internalización del servicio 061, actualmente con jornadas de huelga en la Catalunya central por sus condiciones o del servicio de emergencias médicas, en un contexto de crisis sanitaria, nada más y nada menos.

Desde el Govern se quiere continuar en esta deriva sin ningún tipo de oposición política, y mucho menos, en las calles. Por eso quieren volver a convertir la Diada en una nueva muestra de adhesión a las direcciones procesistas.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, hacía un llamamiento a que “la fuerza de esta jornada sea canalizada hacia la mesa de diálogo”. Algo que recuerda, y mucho, a las primeras grandes movilizaciones bajo la dirección de CiU y Artur Mas en las que las demostraciones de fuerza en la calle pretendían ser utilizadas para conseguir una mejor financiación para Catalunya, siempre dentro del marco autonómico del 78.

Sin duda, la mesa de diálogo que se tiene que reunir la semana que viene, no es otra cosa que una teatralización en la que el Govern de Pere Aragonès, y especialmente ERC, pero también Junts, pretenden encubrir su verdadera hoja de ruta con un velo embellecido con los discursos de la amnistía y el derecho a la autodeterminación.

La restauración autonómica de Catalunya tiene su precio, que no es el mismo para los dos “bandos”. Por un lado el poder agotar la legislatura le supone al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos solo mantener un trato preferencial con los partidos procesistas y dejarlos participar de la fiesta de los fondos europeos; por la otra, el Govern de Pere Aragonès vende las aspiraciones democráticas por el derecho a decidir por una pista de aterrizaje y la destrucción de un espacio ambiental como La Ricarda, entre otros negocios para la burguesía catalana.

Sacar lecciones del primer embate, prepararse para los siguientes en combate contra el régimen y el procesismo

Frente a esta derrota y desvío del primer embate, la izquierda independentista y la CUP expone críticas formales a esta hoja de ruta, pero mantiene vigente el acuerdo de investidura y su papel de apoyo parlamentario al Govern Aragonès.

No apoya a la mesa de negociación pero mantiene la tregua de dos años… Se opone a la ampliación de El Prat pero se mantiene dispuesta a sentarse para negociar los presupuestos del Govern de la Generalitat… Una impostura que, de hecho, la deja comprometida como pata izquierda de esta deriva, como lo fue durante la década pasada del proyecto fallado del procesismo.

El “nuevo ciclo” de la CUP, su propuesta para las elecciones del 14F, no conduce a ningún sitio que no sea ser parte de este proceso de restauración, aunque sea con declaraciones y gestos “críticos”, o incluso participando de movilizaciones. La CUP tendría que revisar urgentemente esta política, empezando por romper el acuerdo de investidura y retirado cualquier apoyo parlamentario a los mismos que pretenden enterrar el movimiento democrático por el derecho a decidir a cambio de una jugosa inyección de dinero para los grandes empresarios de Catalunya. Algo que se traduce también en recortes y la merma de derechos laborales y sociales para la clase trabajadora y los sectores populares.

Para lograr el derecho a decidir no se puede ir de la mano de los partidos de la burguesía independentista, como quedó demostrado en 2017. Mucho menos, se puede confiar en que estos impulsarán una salida a la grave crisis social y económica que sufren miles de familias desde que empezó la pandemia que no sea otra que la del rescate a los grandes empresarios y fortunas.

Ante ello, el siguiente embate para torcerle el brazo al Estado español y sus instituciones represivas, pasa por poner de pie una izquierda fuerte, con un programa anticapitalista y bajo una perspectiva de independencia de clase e impulsar movilizaciones en las calles que no estén controladas por los mismos partidos procesistas.

Solo de esta forma el pueblo catalán podrá tener una verdadera alternativa de clase a las direcciones existentes y establecer las bases para una lucha en común con la clase trabajadora y los sectores populares del resto del Estado contra el Régimen del 78. La autodeterminación de Catalunya y su república, ya sea independiente o federada en otras repúblicas que nazcan de las ruinas del régimen, será obra de la clase trabajadora o no será.






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