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2022: Otro año más que el Gobierno sigue aplicando la Ley Mordaza que prometió derogar

Lejos de derogarla, bajo la administración del “gobierno más progresista de la historia” se sigue aplicando la Ley Mordaza, a la par que profundiza un giro securitario a través de la reforma del Código Penal, la criminalización de la migración y la aprobación de los Presupuestos Generales 2023, los más militaristas en los últimos 40 años.

Irene Olano

Miércoles 14 de diciembre de 2022
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Foto: EFE/Biel Aliño

A pocos días de las Navidades, el Gobierno acelera la agenda legislativa pendiente, tratando de aprobar leyes como la Ley Trans (tras unas intensas y continuas movilizaciones del movimiento LGTB+) y la criticada reforma del Código Penal que aumenta la persecución de la protesta, a la par que aparca compromisos que adquirieron Unidas Podemos y el PSOE en campaña electoral y con el pacto de coalición como la aprobación de una ley de vivienda y la derogación de la Ley Mordaza.

En el caso de Unidas Podemos, hace días que se conoció la noticia de que pretendía introducir algunas enmiendas en la reforma del Código Penal, especialmente desde el sector del Comuns en Catalunya, con el objetivo de blindar el derecho a la protesta, pero sin decir nada en torno al resto de mecanismos represivos que introduce la reforma y sin plantear la derogación de la Ley Mordaza que los garantiza.

Y es que, aunque UP esté cuestionando la reforma del Gobierno del que forma parte, no cuestiona el resto de leyes represivas que permiten la persecución de la protesta. Leyes como la Ley Mordaza, que ha sido recientemente aplicada a 28 activistas antimilitaristas por una protesta en la sede de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, el pasado 28 de junio, en plena Cumbre de la OTAN. En la protesta, convocada por Desarma Madrid, fue secundada por militantes de diversas organizaciones sociales y políticas y consistió en el despliegue de una pancarta y la pintada de consignas a favor de la paz.

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Una paz que se contrapone a los proyectos del Gobierno, que son de rearme militarista en un contexto de guerra en Ucrania. Y es que, ante el auge de la inflación y el coste de la vida profundizada desde que estalló la guerra, al gobierno le viene muy bien contar con mecanismos represivos en caso de que aumenten las protestas sociales y por los salarios. El Gobierno no solo no deroga las leyes represivas, sino que avanza en articular un cuerpo legal cada vez más represivo.

Tal y como señalamos en un artículo anterior, hace algunas semanas Amnistía Internacional publicó un informe que resumía algunos de los aspectos más represivos de la ley en el Estado español. Para la ONG, la Ley Mordaza es el centro de ese entramado represivo, porque supuso un aumento sin precedentes de la persecución y las detenciones hacia quienes luchaban contra el Régimen.

Pese a ser una ley impulsada por el PP, durante el periodo de gobierno de este ejecutivo los casos de represión han seguido aumentando. El informe señala que en 2021 se aplicaron más de 26 000 faltas de respeto a la autoridad, un 27% más que la media de los cinco años precedentes. El informe agrega que se produce arbitrariedad policial a la hora de sancionar a manifestantes y periodistas, algo que ha hecho que, por ejemplo, una periodista del periódico El Salto fuera detenida por cubrir una protesta contra la crisis climática en el Museo del Prado en noviembre.

Otro de los problemas que ha profundizado esta legislación es la cuestión de la violencia policial, a través de la utilización de pelotas de goma o balas de “foam” como las que utilizó el Gobierno para reprimir las protestas del metal en Cádiz hace un año o las que utilizó en las protestas por la libertad de Pablo Hásel que acabaron privando de visión de un ojo a una joven manifestante. Lejos de poner fin a este problema, el ministerio de Marlaska le hizo un “regalo de Navidad” a la policía en diciembre de 2021 en forma de nuevas porras extensibles por un valor de 2 millones de euros.

Como ha sucedido con otras leyes como la Reforma Laboral de Yolanda Díaz, los tímidos intentos del Gobierno por reformar la Ley Mordaza fueron formas de avalar algunos de sus aspectos más represivos. Es por ese motivo que a finales de 2021 la reforma que se proponía, y ante la cual el cuerpo policial y la extrema derecha pusieron el grito en el cielo, mantenía los peores aspectos de la legislación vigente, como el principio de veracidad de policías y funcionarios de prisiones o la posible sanción a quien difunda y tomara imágenes de la policía en pleno acto de represión.

El Gobierno utilizó esta legislación represiva durante la pandemia para recortar en derechos democráticos esenciales, sobre todo a los jóvenes, las mujeres y la población de los barrios populares. Se produjeron miles de multas a los colectivos más desfavorecidos, se privó del derecho a la manifestación de diversos colectivos (incluida la manifestación feminista del 8M de 2021) y se trató de frenar el descontento social, mientras se autorizaban manifestaciones convocadas por la extrema derecha. En un contexto en el que lo que era necesario era impulsar la movilización y la autoorganización contra el auge de la derecha, el Gobierno se concentró en limitarlas, abriéndole así la puerta a los movimientos más reaccionarios.

Con la excusa de la COVID-19, el Gobierno comenzó a aplicar una política de “patada en la puerta” para entrar en viviendas sin permiso judicial por la existencia de “fiestas ilegales”, algo que sigue ocurriendo a día de hoy en discotecas y locales de todo el Estado. Una criminalización hacia la juventud y a su derecho a divertirse, que se suma a la prohibición de beber en la calle y a la falta de iniciativas de ocio para la juventud. Todo ello para después preguntarse con perplejidad por qué aumentan los suicidios y problemas psicológicos en este sector de la población.

El problema con la Ley Mordaza y el resto de legislaciones represivas del Régimen no se puede resolver con pequeñas enmiendas. Las estructuras de los estados capitalistas cuentan con un fuerte andamiaje represivo que comienza por los cuerpos policiales. En particular, en el Estado español estos cuerpos, así como el poder judicial, son herederos directos del régimen franquista que mantuvo al país sumido en una dictadura militar casi cuarenta años.

Este andamiaje no se puede revertir con pequeñas reformas; es preciso mostrar un rechazo total a todas las leyes represivas de conjunto. La única solución que podrían empezar a poner fin a la escalada represiva contra la protesta social y la disidencia política es la amnistía para los miles de encausados y encarcelados, junto a la derogación de la totalidad de la Ley Mordaza y el resto de legislación liberticida. Pero como señalamos, nada de esto está en la agenda ni de PSOE, ni de Unidas Podemos, ni de ninguno de sus socios, que están profundamente integrados en el Régimen del 78.


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Irene Olano

Madrid

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