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25 mil hectáreas quemadas y más de 500 muertos: es el cambio climático, pero no solo

La segunda ola de calor deja 510 muertos que se suman a los 700 de la de junio. En estos días ha ardido una superficie equivalente a la ciudad de Alicante. Es el cambio climático, pero no solo. Las políticas de los gobiernos central y autonómico son responsables de estos crímenes sociales y ambientales.

Sergio Linares

Martes 19 de julio
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Los efectos del cambio climático ya están aquí y se hacen notar. El incremento de fenómenos extremos se extiende por todo el globo. La ola de calor que golpea Europa es parte de ello y está dejando cifras terribles en términos de vidas humanas y destrucción ambiental.

Este hecho, que es real, es utilizado por los diferentes gobiernos para culpar al clima de esta catástrofe, como si de un mal inevitable se tratase. Pero ¿Qué hacen para evitar que el calentamiento global siga avanzando? La UE acaba de dar su bendición a la vuelta a los combustibles fósiles más contaminantes para la fabricación de energía. Alemania ya ha anunciado el regreso a la quema de carbón. Como con los planes de rearme, es muy probable que el resto le sigan.

¿Y sobre las consecuencias inmediatas de estos fenómenos extremos? Las políticas de los gobiernos para prevenir o paliar sus efectos están marcadas por anteponer los intereses de las empresas y las políticas de ajuste del gasto público a la protección del entorno y las vidas de millones. Veamos el caso español.

Más de 1200 muertos en las dos olas de calor

La ola de calor que golpea la península ha dejado un saldo de 510 muertos en el Estado español entre el 10 y el 16 de julio. La anterior, la de junio - que fue además excepcionalmente temprana - dejó otros 700. Son cifras establecidas por el cálculo estadístico del ministerio de Sanidad, así que es posible que se queden cortas. Estas muertes son reales y tienen nombres y apellidos, así como razones sociales y responsables concretos.

La pobreza energética y las viviendas superpobladas y precarias, están detrás de muchas de las muertes de estos días. Temperaturas tórridas en el hogar, ausencia de equipos de refrigeración o ventilación o la incapacidad para asumir una factura eléctrica inflada, hacen que muchas personas, sobre todo mayores, fallezcan en sus domicilios o en la calle por golpes de calor.

La extrema derecha salió a ofrecer su solución mágica en la Asamblea de Madrid: que la gente se vaya a los centros comerciales o las iglesias. Una demagogia de cuñado que a nadie puede sorprender saliendo de la boca de Vox, aunque no por ello deja de ser menos indignante.

Pero sobre el problema de fondo, el gobierno “progresista” tampoco ofrece ninguna solución. Sigue fiel a las eléctricas sin tomar ninguna medida de calado para abaratar el precio de la luz a los hogares. Tampoco se ha puesto en marcha ningún plan de refugios climáticos serio, por ejemplo, interviniendo plazas hoteleras para que las personas mayores que habitan infraviviendas puedan pasar los peores días.

Como vimos durante la pandemia, ni siquiera en una situación de emergencia como esta y con beneficios extraordinarios sobre la mesa, se mete mano a la gran patronal del turismo o la energía. Sobre esta última, el tope al gas ha sido compensado con dinero público y no frena la escalada de precios, y el nuevo impuesto a los beneficios de las eléctricas no suma ni un 10% de los beneficios de las 5 mayores compañías en 2021.

Las “recomendaciones” del ministerio de Trabajo para no morir trabajando

Pero donde más claramente se ve que muchas de las muertes son evitables y tienen responsables es en el trabajo. Una larga lista de muertes en el tajo de la que solo trascienden algunos casos. El viernes en Móstoles, un trabajador de 50 años fallecía de un golpe de calor mientras trabajaba en una nave que marcaba 46 grados. Un día más tarde, un operario de la limpieza fallecía en Madrid. Tenía 60 años, un contrato de un mes y había cambiado su turno a un compañero.

Este último caso fue publicado por casi todos los medios. La indignación inundó las redes. La precariedad y la posibilidad de que trabajadores mayores se vean obligados a realizar trabajos insalubres son razones que están detrás de su fallecimiento. La no aplicación de los protocolos de seguridad e higiene para no trabajar a partir de unas determinadas temperaturas y el modelo de externalización en manos de grandes multinacionales de estos servicios, son también las razones de fondo de este crimen social.

Las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, escurriendo el bulto y alegando que desconocía las condiciones en que realizaban su trabajo los operarios de limpieza de la capital, mostraban el desprecio de la derecha por la vida de los trabajadores.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, salió a lamentar su muerte, aunque delegando la responsabilidad al cambio climático. Lo mismo hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Extremadura este domingo para referirse a los incendios. Otra forma de no asumir responsabilidades, equiparable a culpar a la fuerza de gravedad de la muerte de los trabajadores que caen del andamio.

La ola de críticas en redes por estas declaraciones hizo que Díaz corrigiera el discurso y saliera con otra serie de tweets donde hacía referencia a las “recomendaciones” de su ministerio para “proteger a las personas trabajadoras frente al calor”.

“Recomendaciones” sí, si quieren atenderlas los patrones bien, si no... ¿Qué se le va a hacer? son cosas del cambio climático... Doblar el número de inspecciones de trabajo, tal y como reclaman los propios inspectores, o de las sanciones contra las patronales asesinas que obligan a sus plantillas a trabajar en condiciones de insalubridad y riesgo para su salud y la vida, son medidas que ni están, ni se las esperan. Esta es la política de la ministra “progresista”. No es de extrañar su buena relación con Garamendi y la CEOE.

La burocracia sindical de CCOO y UGT parece seguir de vacaciones en este tema, y van ya unos cuantos años de “descanso”. Ni Sordo ni Álvarez han querido levantar demasiado la voz y, mucho menos, tomar alguna medida de lucha o defensa elemental, como llamar a que sus delegados de riesgos laborales denuncien y paralicen toda actividad realizada en condiciones de riesgo para la salud y la vida. De hacerlo, seguramente, viviríamos un paro de actividades que tocaría de lleno al beneficio empresarial.

Es urgente que los sindicatos mayoritarios rompan esta subordinación al gobierno y la patronal, y organicen desde los centros de trabajo acciones de autodefensa, como el paro de actividad, y una movilización contra las muertes en el tajo. La izquierda sindical por su parte, en aquellas empresas y sectores donde tiene peso, deberían hacer lo mismo y demostrar que es posible actuar de otra forma radicalmente distinta a lo que hacen las direcciones de CCOO y UGT.

Incendios favorecidos por el vaciamiento de recursos contra el fuego

En los últimos días 25 mil hectáreas han ardido en Extremadura, Castilla y León, Galicia, Catalunya, Andalucía y Asturias. Se trata de una superficie equivalente a toda la ciudad de Alicante. Una catástrofe ambiental a la que se suma otro crimen laboral, la muerte de un brigadista en Zamora, y la de un vecino en la misma provincia. En Catalunya, el fuego en el Bages se ha llevado por delante más de 50 viviendas.

Las altas temperaturas, la sequía y los vientos en algunas zonas han favorecido la devastación. Sin embargo, bomberos forestales y brigadistas vienen denunciando sistemáticamente que, a pesar de que el cambio climático hace que cada verano el riesgo aumente, los recursos destinados por las diferentes administraciones autonómicas siguen descendiendo y basándose en un modelo de temporalidad y precariedad laboral.

En Castilla y León, PP y Vox votaron conjuntamente en contra de ampliar los dispositivos de prevención más allá de la temporada estival estricta - julio, agosto y septiembre-. Esto hizo que el incendio de Zamora del mes de junio pillara a los equipos bajo mínimos y que ahora estén teniendo que enfrentar extenuados el que sigue activo y que ha obligado a cortar la circulación de trenes entre Madrid y Galicia.

Sin embargo, no es un caso aislado, en todas las comunidades, independientemente de que gobierno el PP, el PSOE o partidos regionales, el modelo es el de la subcontratación por unos meses de retenes con jornadas extenuantes, salarios de miseria y falta de equipamiento. Una situación que hace imposible poder atender en condiciones fuegos de grandes dimensiones o múltiples focos a la vez. Mucho menos poder llevar adelante un cuidado de los bosques durante el año que desbroce y retire la acumulación de material forestal que hace hoy la función de “gasolina” natural.

La denuncia viralizada por los bomberos forestales castellanoleoneses de que su ración para luchar contra el fuego se limita a un bocadillo con tres lonchas de chorizo, es la mejor metáfora de como la política de ajuste de gasto público y precariedad es el pasto seco que los distintos gobiernos aportan a la lucha contra el fuego.

Que las reivindicaciones de los trabajadores y bomberos forestales sean atendidas es una cuestión de vida o muerte para ellos, en primer lugar, y para los millones de hectáreas forestales, agrarias y rurales amenazadas. Como con las muertes en el trabajo por calor, las direcciones sindicales deberían dejar de mirar de lado a este asunto, y rodear de solidaridad las reivindicacione y movilizaciones de los forestales - que se vienen realizando desde hace años - y poner todos los recursos necesarios para que logren una contratación anual y en condiciones laborales y salariales equiparables al resto de cuerpos de bomberos.


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