SANIDAD INMIGRACIÓN

4 años de apartheid sanitario contra los inmigrantes

Esta semana se cumplen cuatro años del ''decretazo de exclusión sanitaria'' el cual ha dejado sin acceso a la Sanidad Pública a más de 870.000 personas, en su mayoría inmigrantes.

Àngels Vilaseca

Barcelona / Trabajadora de Servicios Sociales

Sábado 23 de abril de 2016

E.G.S. es una mujer cubana de 76 años que llegó al Estado Español por medio de un proceso de reagrupación familiar. Tiene diabetes, pero por culpa de la actual legislación no tiene acceso al tratamiento, seguimiento y medicamentos que se requieren para una enfermedad crónica como ésta, a pesar de los enormes riesgos que ello supone, sobre todo para una persona de su edad. Hasta hace poco su hija le podía pagar un seguro médico privado, al quedarse en paro ya no puede asumir más este gasto.

Ella es una de las tantas víctimas por los efectos devastadores de una legislación que excluye a miles de personas de un derecho fundamental, como es la Sanidad. Su testimonio se recoge en el último informe de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER)

El Real Decreto 16/2012 fue aprobado el 20 de abril del año 2012 por el Gobierno del PP como parte de una Reforma Sanitaria que incluía enormes recortes. Esta normativa afecta principalmente a personas inmigrantes sin permiso de residencia, pero también a españoles que emigraron fuera del Estado, o a algunos inmigrantes con una situación regular. Se trata principalmente de personas mayores que llegan por un proceso de reagrupación familiar a las que se les exige numerosos trámites y el contrato de un seguro privado inasumible para muchos.

Muchas Comunidades Autónomas que se opusieron al Decreto efectuaron algunas ’’medidas paliativas’’ para no aplicarlo en su totalidad, sin embargo, siguen existiendo muchas barreras y restricciones. Por otra parte, en marzo del año pasado el ministro Alfonso Alonso afirmó que se permitiría el acceso de las personas inmigrantes en situación irregular al médico de cabecera y a atención primaria. Pero, claro, eso no incluye ni la devolución de las tarjetas sanitarias ni la posibilidad de acceder a los servicios especializados.

Por si no fuera poco, los últimos informes de REDER evidencian que en muchas ocasiones se deniega, incluso, el acceso a la Sanidad en los casos excepcionales que el propio Decreto contempla: a mujeres embarazadas, menores de edad o en situaciones de urgencia.

Personas con cáncer que no pueden acceder a la quimioterapia, personas con diabetes que no pueden obtener insulina, personas con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades degenerativas, y un sin fin de otras dolencias que requieren de atención especializada y de tratamientos que les son denegados por el simple hecho de ser inmigrantes y no tener ’’papeles’’ o recursos económicos, a pesar que eso pueda llevar a su muerte.

Recordemos a Alpha Pam, un joven senegalés que falleció en Mallorca en el año 2013 tras denegarle la asistencia sanitaria para la tuberculosis que padecía. Una muerte, seguramente entre tantas, que quedó impune y en el olvido.

La exclusión sanitaria como consecuencia de los recortes y de las políticas xenófobas

La exclusión sanitaria es parte de una Reforma Sanitaria que, a su vez, también redujo sustancialmente la cartera de servicios asistenciales básicos que antes eran financiados públicamente, y que después se financiarían con el sistema de copagos. Esta reforma fue impuesta por el Gobierno del PP pero daba continuidad a una política de recortes que ya había comenzado con el Gobierno del PSOE.

Desde el inicio de la Crisis hasta la actualidad se ha desarrollado un grave desmantelamiento de los servicios públicos, los cuales se están deteriorando cada vez más en beneficio de los sectores privados, como está pasando con la Sanidad.

Toda una serie de recortes que afectan principalmente a la clase trabajadora, y de forma aún más contundente a aquellos sectores más oprimidos como es la población inmigrante. En este caso los que no tengan ’’papeles’’ no tienen ni acceso a la Sanidad Pública, aunque ésta sea precaria. Una medida que no es aislada, sino que es parte de una serie de políticas racistas y leyes discriminatorias que golpean cada vez más fuerte contra los inmigrantes.

El escenario político actual es incierto y no sabemos de qué manera se va a conformar el Gobierno. Veremos también si se dará o no continuidad al Real Decreto 16/2012, ya que la mayoría de partidos políticos, a excepción del PP y Ciudadanos, se han manifestado en contra del mismo.

En el caso del PSOE esto parece algo hipócrita ya que sus políticas fueron precedente de una medida como esta. Otras fuerzas como Podemos, que también se posicionó en contra, no lamentablemente no cuestionan de raíz las razones más profundas por las cuales una medida tan reaccionaria como está haya podido llevarse a cabo. Prueba de ello es que en su intento de pactar con el PSOE llegaron a ceder y aceptar el copago farmacéutico.

El Decreto de exclusión sanitaria es una expresión más de las políticas europeas, cada vez más atroces, contra inmigrantes y refugiados. Es consecuencia de un sistema capitalista que después de la Crisis económica ha mostrado su rostro más feroz, vulnerando y destruyendo derechos tan básicos como es el acceso a una sanidad pública, gratuita y universal.






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