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A partir de ahora protestar contra un desahucio tendrá penas más duras

Según denuncian los colectivos por el derecho a la vivienda, la reforma penal, pactada entre el gobierno y ERC, que elimina el delito de sedición y lo sustituye por el nuevo delito de “desórdenes públicos agravados”, puede aumentar gravemente las multas y penas por las acciones de protesta realizadas por estos colectivos.

Jorge Calderón

Miércoles 16 de noviembre de 2022
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Diversos activistas de los colectivos antidesahucios denuncian lo que parece una reforma legal que haya sido pensada específicamente para criminalizar y endurecer las penas a su forma de activismo, basada en la protesta pacífica.

El texto pactado para cambiar el delito de sedición por el nuevo de desórdenes públicos incluye un nuevo término: “intimidación”. La introducción de este término, según explica Daniel Amelang abogado penalista de la Red Jurídica “deja abierta a la interpretación de un juez cuándo y cómo se produce. Con la figura de la intimidación podría considerarse que un grupo de personas con silbatos y pancartas que irrumpe en una oficina de un fondo buitre está intimidando”, explica este letrado.

Como consecuencia esto puede facilitar condenas penales de hasta seis meses de cárcel o multas elevadísimas por protestas totalmente pacíficas. Incluso si durante la misma se produce algún tipo de altercado que el juez considere violencia la pena máxima puede ser de 3 a 5 años. Arbitrariedad y endurecimiento de las penas, en resumen.

Esto llevaría a que las acciones de protesta típicas de estos colectivos, como protestar en una oficina bancaria o en la sede de un fondo de inversión, acciones que los activistas por la vivienda realizan prácticamente a diario desde hace años en buena parte del país producto de la cantidad de sentencias de desahucios que hay, ya se consideraría un delito penado con cárcel o multa.

Jaime Palomera, investigador y activista por el derecho a la vivienda y ex portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya considera que esta reforma “pone en bandeja de plata” la criminalización de sus acciones. De la misma manera opina Diego Sanz, activista por la vivienda y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, en Madrid, comentando al respecto que “protestar así es la única herramienta de presión que tenemos ante situaciones de emergencia, y no sirve solo para forzar negociaciones, también sirve para señalar y denunciar a quien especula con un derecho. Que quede redactado de esta forma, sin mediar violencia ni intimidación, parece que haya sido pensado específicamente para nuestra forma de activismo”.

Como denunciábamos en este mismo diario en un artículo reciente: “lo que podemos llegar a ver en los próximos meses y años es un endurecimiento de las penas contra la protesta social. Algo que, unido al mantenimiento de la Ley Mordaza y el resto de la legislación liberticida por parte del llamado gobierno “progresista”, dibuja un futuro inmediato cada vez más autoritario”.

Esta es la verdadera “cara” del autoproclamado gobierno más progresista de la historia. Mientras que la prometida Ley de Vivienda, que apenas resuelve el problema del acceso a la vivienda y los desahucios, y que es una ley que sigue favoreciendo principalmente a los grandes propietarios sigue atascada en el Congreso, el gobierno criminaliza la protesta por el derecho a la vivienda.


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Jorge Calderón

Historiador y Profesor de Secundaria, Zaragoza

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