El técnico de Segunda EP (Ejército Peruano), Jorge Ortiz Mantas, integrante del destacamento Colina -organismo paramilitar creado por los Servicios de Inteligencia del Ejército (SIE) y comandado por el mayor del EP, Santiago Martín Rivas- confesó su participación en la Matanza de Pativilca e implicó a Alberto Fujimori por ser la verdadera cabeza al mando del operativo. Por lo cual, el Tercer Juzgado Penal Nacional de Chile elevó el requerimiento de la ampliación de la extradición de Fujimori por su responsabilidad como ex jefe del Estado.

En el verano de 1992, los efectivos del grupo Colina ingresaron a la localidad de Pativilca (en el norte de la región de Lima) con el objetivo de secuestrar y asesinar a seis personas: John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29), quienes vivían en los anexos Caraqueño y San José.

Los jóvenes de Pativilca fueron arrancados de sus casas mientras dormían y luego torturados -sus cuerpos aparecieron con marcas de soplete y disparos de balas-, masacrados y arrojados a un cañaveral. Según consta en el expediente judicial, habrían sido falsamente acusados de pertenecer al grupo Sendero Luminoso.

Anteriormente, habían sucedido los asesinatos de Barrios Altos (3 de noviembre de 1991) y antes del secuestro y desaparición de los 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta (18 de julio de 1992), por los que fue acusado Fujimori y condenado a 25 años de prisión en Chile. Ortiz Mantas es uno de los pocos ex agentes que ha señalado que Colina dependía, además del comandante Hermoza Ríos, de Alberto Fujimori y del ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, declaración efectuada en febrero del 2008, en una sesión judicial.

Otro caso más de una masacre en manos de un jefe de Estado burgués. En suma, no hace más de unas semanas que la hija del ex mandatario había exigido a la justicia peruana un habeas corpus a favor de su padre. El gobierno de Fujimori coincide con el período en el que el Estado peruano contrató más veces al Grupo Odebrecht (delitos económicos cometidos entre 1990-2001), su historial oscila entre la larga lista de corrupción por los funcionarios de su gobierno hasta la ejecución de personas por cuestiones económicas, ideológicas o políticas, con métodos de tortura propios de regímenes dictatoriales.

Te puede interesar: Keiko pide libertad para Alberto Fujimori