La reforma de Código Penal español acordada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC es una arma de doble filo según Amnistía Internacional. Para esta organización, si bien elimina el delito de sedición, endurece las penas por desórdenes públicos. En este sentido, al valora positivamente la supresión de este delito sin dejar de señalar los peligros en las modificaciones introducidas.

Para esta organización, la reformulación que se hace de los desórdenes públicos puede poner en peligro el derecho a la protesta social. El hecho de que los “desordenes públicos agravados” castiguen la mera posibilidad de generar situaciones donde el orden público se vea alterado es una de las críticas realizadas por la entidad. Los supuestos que no implican violencia real, como por ejemplo la interrupción del tráfico, son otro de los aspectos cuestionados por Amnistía Internacional.

A su vez, el delito de invasión y ocupación de sedes de personas jurídicas que se introdujo en la reforma del Código Penal en el año 2015 no solo continúa, sino que incluso ahora se sanciona aun cuando sean realizados sin violencia ni intimidación. Así, la penalización de actos no violentos es un punto más que se mantiene, aplicado a toda situación donde se produzca “una perturbación relevante de la actividad normal” de la entidad, lo cual es una formulación totalmente ambigua, como señalan desde el Amnistía.