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Andalucía, la derecha hace una vuelta disimulada pero firme a la fiebre del ladrillo

Este lunes la Junta de Andalucía ha anunciado un decreto ley consensuado con el sector privado que busca modificar el modelo productivo andaluz.

Miércoles 11 de marzo | 18:49

Torremolinos | Costas y Puertos 2019

Este lunes fue un día extraño en todo el país. Centrados en la crisis del coronavirus, pocos ojos estaban atentos a la presentación inesperada de un decreto ley por parte del gobierno de la Junta de Andalucía (PP+ Ciudadanos) quienes aprovecharon el lunes para comenzar la semana de manera fuerte.

Se trata de una modificación de 21 leyes y seis decretos que comprenderían la adopción de hasta 100 medidas como la reducción de tasas, liberalización de horarios comerciales, la reducción del aparato legal de la Junta, la eliminación de permisos que en muchos casos implicaban protección en materia medioambiental o la reforma en materia urbanística para fomentar la construcción de viviendas. Bajo la bandera de “ganar competividad” y “atraer inversiones”, la Junta de Andalucía destroza así la legislación que protege al medioambiente, favorece a las grandes empresas, ataca tanto a trabajadores como a pequeños propietarios y, en general, devuelve la Comunidad Autónoma a la cultura del pelotazo y del ladrillo, de la que apenas había salido tras la crisis inmobiliaria y que ya había destrozado el patrimonio natural de las costas andaluzas en gran medida. La derecha andaluza ha decidido dar un golpe en la mesa aprovechando las circunstancias y ha roto la continuidad que mantenía en muchos aspectos con el anterior ejecutivo que se encontraba en manos del PSOE.

Como señala una nota de Eldiario.es, la piedra angular del decreto ley estaría en el departamento de Medio Ambiente, con la reforma parcial de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), medidas que habían tratado de paliar los efectos de la fiebre del ladrillo y la especulación urbanística, así como ejercer de legislación en defensa del medio ambiente. Esto no es algo casual, se trataría de una reivindicación largamente defendida por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) siempre favorables al modelo de pelotazo.

Además de ello, la Junta de Andalucía ha eliminado una cantidad importante de medidas y permisos aludidos como maraña burocrática que impediría la iniciativa empresarial, inspirándose en el modelo de la Comunidad de Madrid, clásico feudo del Partido Popular que lleva años aplicando un agresivo modelo neoliberal (aunque la Junta de Andalucía con gobiernos del PSOE tampoco es que se desviara excesivamente de los más rigurosos principios neoliberales, no quisiéramos plantear que las semillas de esto no estaban ya plantadas de antemano).

La flexibilización de los horarios comerciales es una de las medidas que estaría “inspirada” en el modelo madrileño. Con ella las grandes superficies comerciales podrán abrir en más días festivos; si anteriormente estaban limitados a diez festivos al año, ahora serán 12 festivos este 2020, 14 en 2021 y 16 días festivos en 2022. Todo ello según la Junta porque así podrán competir con Google o Amazon, por alguna razón mágica; no se trataría para nada de una medida que favorece a la gran empresa frente al pequeño propietario incapaz de competir y, sobre todo, al trabajador asalariado, que se va a ver más explotado ya sea por la gran empresa o por la pyme que trate de sobrevivir a la competencia. El currante jodido en ambos escenarios.

También se modifica la legislación que regula las zonas de gran afluencia turística, donde los comercios pueden permanecer abiertos cualquier día del año. Ahora los ayuntamientos podrán demandar la calificación de zona de gran afluencia turística al conjunto del municipio y no a una parte de este. Asimismo, esta autorización no solo será concedida de forma más ágil, sino que será definitiva y no renovable como hasta ahora. Otro golpe al pequeño comercio y otra forma de explotar aún más a los trabajadores de dichas zonas. Estas medidas harán aumentar en un 2,5% el PIB per cápita de Andalucía en un plazo de 5 a 10 años según la Junta.

Quizás por el marketing político de nuestros tiempos o porque son así de cabrones tradicionalmente los señoritos andaluces, la consejera titular del ramo de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo (PP), ha dado a entender que todo este recorte en materia de protección de Medio Ambiente no sólo no es un problema ecológico, sino que forma parte de una “revolución verde”, y que la legislación que existía hasta ahora se trataba de una “sobreprotección”. A su vez Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo entre otras competencias, explicaba la desgracia de que últimamente no se hacían campos de golf en Andalucía, lo que debía suponer una catástrofe para su modelo económico o para sus ratos libres, en cualquier caso, que ahora sí se van a poder hacer gracias a la eliminación de la legislación medioambiental. Otras medidas técnicas han sido presentadas en la rueda de prensa de ayer que acompañaban a las mencionadas dentro del decreto ley, pero como ya hemos dicho, van en la línea de favorecer a las grandes empresas y sus intereses y en detrimento de las clases populares y del medio ambiente andaluz castigado ya enormemente durante años por la fiebre del ladrillo que ha arrasado las costas andaluzas.

¿Y Adelante Andalucía?

¿Qué hace la izquierda institucional andaluza cuando se proponen medidas tan lesivas para las clases populares andaluzas? Por un lado, señala correctamente que el decreto ley beneficia a las grandes empresas. Pero por otro lado… ¡se queja de que no se hagan dichas medidas por el trámite parlamentario, lo que impide que puedan hacer enmiendas y “colaborar entre todos” en su elaboración!, como explicaba el coportavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García en redes sociales. Triste reacción.

El consejero de Economía, Rogelio Velasco, tenía razón en una cosa en la rueda de prensa. Todo este paquete de medidas es un trabajo muy técnico y que puede resultar difícil transmitir lo que realmente implican a la ciudadanía. Algo que evidentemente es una ventaja para el gobierno del PP y Ciudadanos. Pero cualquier organización que se reivindique de izquierda tiene el deber de hacer comprensible para la mayoría de los trabajadores y las clases populares que implican estas medidas, denunciarlas y plantear una perspectiva para enfrentarlas. El riesgo ecológico debería ser suficiente para impulsar una respuesta contundente.

El problema de la cuestión no es si el gobierno de la derecha cumple caminos más o menos “democráticos” dentro del sistema actual. En cualquier caso, aún cumpliendo a rajatabla la legalidad vigente el gobierno andaluz solo necesita el apoyo de Vox -su socio más o menos fiel- para sacar adelante el paquete de medidas, y salvo que el coronavirus haya tenido inesperados efectos en las filas reaccionarias, no van a tener problema alguno en apoyar este decreto ley.

La clave de la situación es que es un ataque directo a la vida de los trabajadores y los sectores populares y al patrimonio natural andaluz. No es algo que se tenga que dejar en manos de la aritmética parlamentaria, niveles es algo que hay que denunciar a viva voz y combatir mediante la lucha de clases.

Si Anticapitalistas, que es parte integrante de Adelante Andalucía, quisiera realmente tener una política alternativa al neorreformismo de Podemos e Izquierda Unida debería plantear decididamente un plan para enfrentar esta aberración, tanto dentro como especialmente fuera del fuera del Parlamento Andaluz.

En una situación donde la combatividad social es relativamente alta en Andalucía tras los éxitos en las huelgas del sector educativo, que han hecho retroceder otras medidas del gobierno andaluz y de su socio externo, hay semillas que permiten la construcción de nuevas movilizaciones contra el gobierno de la derecha y la extrema derecha, en la perspectiva de construir una alternativa política a la bancarrota del neorreformismo.






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